Un alcalde coloca placas antifranquistas en monumentos de la dictadura

“Estas imágenes pertenecen a la propaganda de una dictadura que ocupó con sus símbolos los espacios públicos más emblemáticos. Permanecen aquí como denuncia histórica de aquel régimen opresor”. Este mensaje lucirá en fuentes o escuelas del municipio ourensano de Amoeiro (2.278 habitantes). Su alcalde, Rafael Rodríguez (PSdeG-PSOE), ha ordenado instalar placas con este texto en las construcciones públicas rotuladas con simbología fascista que permanecen en pie en su ayuntamiento. De momento ya ha anunciando que la placa colgará en 13 fuentes y una escuela porque “debe dar respuesta a las demandas de la ciudadanía apelando al espíritu fundacional de concordia de nuestra democracia y en el marco de la Constitución".

El Ayuntamiento presentó el pasado 23 de septiembre ante la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense (CTPHOU) una solicitud de autorización para instalar “placas explicativas de memoria histórica en lugares públicos rotulados con simbología fascista”. Y un mes después obtuvo el visto bueno de este órgano supervisor dependiente del Gobierno gallego que regula las intervenciones que afecten a los bienes incluidos en el inventario general del patrimonio cultural de Galicia. Hace algo más de dos semanas la CTPHOU informó favorablemente.

El alcalde explica que “uno de los símbolos de identidad de la dictadura fue la apropiación de los lugares públicos emblemáticos” mediante la instalación de sus signos de identificación (yugos, flechas, águila, etc.), “elementos que causan gran malestar y repulsa entre familiares de represaliados, asociaciones cívicas y, en definitiva, entre los demócratas”. Además recuerda que con la instalación de las placas “asume” la condena del franquismo contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París en marzo de 2006 y “respeta” la Proposición no de Ley aprobada en 2002 por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que explica que “nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de los ciudadanos”.

La colocación del mensaje antifascista tiene cuatro funciones: pedagógica al reflejar la “finalidad propagandística y opresora de la ocupación simbólica de lugares públicos”, de reparación del sentimiento de repulsa “al actuar como expresión de denuncia de los abusos acometidos”, de concienciación respecto a “las dramáticas consecuencias de la dictadura y de las ideologías que priman la imposición sobre el diálogo, y de contribución a crear concordia “al declarar la supremacía de la paz y a democracia sobre los totalitarismos y la violencia”.

No es la primera vez que el regidor de Amoeiro se alza contra la dictadura o los privilegios de la Iglesia Católica. En 2009 homenajeó a los maestros que ejercieron en esta zona limítrofe con la capital y que fueron represaliados tras la Guerra Civil con el destierro, la cárcel o la muerte. Además, Rodríguez fue el primer alcalde que intentó cobrar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de propiedades eclesiásticas no incluidas en el Concordato establecido con la Santa Sede en el año 1979. El 25 de febrero de 2013 interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia emitida anteriormente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Uno de Ourense que dio la razón a la diócesis ourensana después de reclamar administrativamente el IBI de 2010 y 2011 correspondiente a fincas rústicas y urbanas no utilizadas.