Cuando el Estado reconoce su culpa: cuatro casos en los que América Latina fue ejemplo de justicia

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Si hubiera que ponerle un rostro a la justicia y la reparación en América Latina, ese sería probablemente el de una madre aliviada después de años de espera y dolor. Podría ser el de una abuela de Plaza de Mayo al reencontrarse con su nieto robado durante la última dictadura militar argentina o el de la madre de algún desaparecido cuando reconoce sus restos. “Me siento orgullosa de que me hayan traído hasta este pueblo a sacar el cuerpo que me habían dicho que de pronto era el de la niña mía”, decía la colombiana Arnobia del Socorro Gutiérrez hace algunas semanas, tras identificar el cuerpo de su hija desaparecida casi dos décadas antes. La clave fue un escapulario que la adolescente siempre llevaba en el tobillo. Natalia Andrea Cartagena fue reclutada a la fuerza en Medellín en 2001, cuando tenía 16 años, por la guerrilla del ELN. Después de una larga angustia, su madre obtuvo al fin una respuesta que le permitiera empezar a transitar el camino del duelo. “Es un descanso para mí y un alivio. Son 20 años casi que esperé encontrarla y al haberla encontrado me siento orgullosa, a pesar de mis tristezas y mis dolores”, dice en un vídeo en el que, además, se dice esperanzada porque otras madres también encuentren los cuerpos de sus hijos.

La recuperación de los restos de Natalia fue posible gracias a una unidad de búsqueda creada en Colombia, uno de los mecanismos de la justicia transicional implementados en ese país tras el larguísimo conflicto armado. En Argentina, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son un icono de la búsqueda de justicia y reparación en el país que, además, ofreció el primer caso de éxito en el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado. Guatemala y Perú también “tienen experiencias de transformaciones institucionales y conocimiento para la ciudadanía para promover la justicia, reparación, memoria y la no repetición de las atrocidades del pasado”, como reconoce el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque estos procesos estuvieron inicialmente asociados a procesos post dictatoriales o de recuperación tras guerras civiles, dice el organismo, la nueva ola de demandas de justicia transicional se ve ahora como una herramienta para la renovación del contrato social y enfatiza el “abordaje de violaciones de derechos humanos bajo cualquier tipo de Gobierno”.

En este sentido, en los últimos meses, América Latina ha sido testigo de dos actos de perdón y reparación surgidos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). En abril pasado, Honduras admitió su responsabilidad por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer transgénero de 26 años y activista LGBT, durante el golpe de Estado de 2009. En el acto presidido por Xiomara Castro, y en el que estuvo la madre de la víctima, se anunciaron medidas de reparación con su familia y la comunidad transgénero del país. Un mes después, el Gobierno de Gabriel Boric pidió perdón en nombre del Estado chileno a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento cuando tuvo un hijo en noviembre de 2002. La víctima, sin embargo, no estuvo en el acto por miedo a ser estigmatizada.

La reconciliación, según PNUD, “debe estar al centro de los esfuerzos para promover la paz y el desarrollo humano sostenible”. América Latina tiene, en este sentido, ejemplos poderosos de cómo construir una sociedad más justa desde el ‘mea culpa’. Estos son algunos de ellos:

Colombia: Comisión de la verdad y justicia transicional

Colombia ha vivido una guerra por más de seis décadas entre guerrillas, grupos paramilitares, militares y carteles del narcotráfico. Y quizás la paradoja es que, por esa tragedia, el país se ha convertido en experto global en construir sistemas de justicia transicional para reparar a las víctimas, condenar a los máximos responsables de los crímenes e imaginar un posible camino hacia la reconciliación.

“La tragedia a la que nos arrastró la guerra no debe repetirse, si la justicia brilla, y si su brillo es la verdad”, señaló recientemente el magistrado colombiano Eduardo Cifuentes. La guerra más larga en Colombia es la que hubo entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno central, un conflicto que empezó en 1964 y terminó en un Acuerdo de Paz firmado en 2016. Entre los acuerdos a los que llegaron los dos lados enfrentados estaban tres instituciones claves para la justicia transicional.

Primero está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal que puede dar condenas especiales a los máximos responsables de la guerra –en el ejército y la guerrilla– si estos confiesan la verdad de sus crímenes y se comprometen con medidas de reparación. Este año Colombia escuchó por primera vez a los jefes de la guerrilla confesar su falta de humanidad como secuestradores, y a miembros del ejército confesar ejecuciones extrajudiciales contra civiles. “Vengo a asumir uno de los más abominables crímenes que cometió nuestra organización”, dijo Rodrigo Londoño, conocido antes como alias Timochenko en la guerrilla. “Asesinamos personas inocentes, campesinos”, confesó Néstor Guillermo Gutiérrez, suboficial retirado del ejército. Los magistrados de la JEP persiguen estos procesos de audiencias actualmente, y por esto no han emitido aún condenas.

Segundo, está la Comisión de la Verdad, un grupo de investigadores liderados por un padre jesuita Francisco de Roux que a finales de junio entregó un informe sobre las causas de la guerra después de escuchar a casi 30.000 personas – victimarios, víctimas, políticos o empresarios. “Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos está atrapada en un ‘modo guerra’”, dijo el padre al presentar el informe que no hace acusaciones penales pero que busca crear un nuevo relato sobre el conflicto armado y dar recomendaciones al Gobierno para un crear camino hacia la reconciliación. Quizás el dato más impactante del informe, hasta ahora, es que en la guerra entre armados, el 90% de las víctimas fueron civiles. Casi medio millón de personas asesinadas entre 1985 y 2018.

Tercero, está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBDP), la más discreta de las tres pero una de las más importantes porque intenta ayudar a que familiares encuentren los restos de sus seres queridos (en parte con la verdad que pueden confesar los antiguos victimarios). Se estima que hay más de 99.000 desaparecidos por el conflicto armado colombiano desde 1948, aunque algunos estiman que la cifra llega a 120.000. Esto es mucho mayor al número de desaparecidos durante la dictadura Argentina (unos 9.000, aunque organizaciones hablan de 30.000) o Chile (entre 1.100 y 3.000) o incluso el conflicto en Guatemala (unos 45.000).

Colombia creó estas tres instituciones en los acuerdos de paz del 2016, pero no han sido las únicas que han intentado llegar a la verdad, a la justicia, o a la reparación. Cuando se desmovilizaron varios jefes paramilitares a principios del milenio, la Corte Constitucional modificó una ‘Ley de Justicia y Paz’ que permitió audiencias para esclarecer sus crímenes. Además, se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica que durante varios años publicó investigaciones sobre las causas y consecuencias de la guerra desde el punto de vista de las víctimas. Y al principio del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se crearon dos instituciones más, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Tierras, que buscaban devolverle su tierra a campesinos desplazados, y otras ayudas económicas a quienes han vivido otro tipo de violencia. Fueron esfuerzos incompletos de justicia, pero unos primeros pasos hacia el proceso de verdad y reparación.

El padre de Roux, director de la Comisión de la Verdad, suele decir: “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima, tendríamos que callarnos por 17 años”. Colombia no puede callar durante tanto tiempo. Pero, por ahora, está haciendo el doloroso esfuerzo de escuchar.

Argentina, pionera en reparación a las víctimas de la dictadura militar

Argentina es el primer caso regional exitoso de una sociedad que busca justicia y reparación para víctimas del terrorismo de Estado. En 1983, el Gobierno de Raúl Alfonsín ordenó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y la conformación de una comisión de la verdad, la Conadep. La comisión, bajo el mando del escritor Ernesto Sábato, publicó al final de su trabajo un informe que se tituló Nunca Más, con los detalles de más de 8.000 casos de torturas y asesinatos cometidos por los militares. El titular fue una referencia a la frase con la que el fiscal Julio César Strassera cerró los alegatos contra nueve jerarcas del régimen que en 1985 se habían sentado en el banquillo en el llamado Juicio a las Juntas. Cinco fueron condenados a cadena perpetua, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla.

No fue fácil para Argentina, recién recuperada, sostener el impacto político del que fue el primer juicio por terrorismo de Estado realizado por una democracia. Acorralado por levantamientos militares constantes, Alfonsín promulgó las “leyes del perdón”, que pusieron fin a todas las causas contra los rangos medios y bajos de la represión. Entre 1989 y 1990, Carlos Menem indultó a los jefes militares presos en el juicio a las Juntas. En 2006, el presidente Néstor Kirchner anuló las leyes del perdón y los indultos, y las causas se reactivaron. Las dos más representativas fueron la de la ESMA, como se llamaba el centro de detención de la Armada, y Campo de Mayo, bajo control del Ejército. La primera causa se cerró en 2017, con la condena de 54 represores por delitos de lesa humanidad contra 800 víctimas. A principios de julio, en tanto, un tribunal condenó 19 militares en la causa justicia transicional y saldó la historia de 323 víctimas.

Argentina nunca abandonó la búsqueda de justicia y reparación. Ha sido fundamental el papel de los movimientos de Derechos Humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como icono de esa lucha. En diciembre del año próximo, la democracia argentina cumplirá 40 años y los juicios aún continúan. Hasta marzo, un total de 1.058 personas habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad en 273 sentencias, según el último relevamiento de la Procuraduría.

Honduras: la reparación a Vicky Hernández, que reconoce a un colectivo golpeado

El motivo principal que movía la vida de Vicky Hernández, una mujer transgénero que fue asesinada en 2009 durante el golpe de Estado de Honduras, era que ella era el sostén de su familia en San Pedro Sula. Pese a que a menudo regresaba a casa golpeada víctima de la violencia transfóbica, la mujer, que también era activista por los derechos LGTBI y trabajadora sexual, sabía que su madre, su hermana menor y una sobrina que tenía poco más de dos años cuando la mataron dependían de ella y por ello salía todos los días a buscarse la vida.

Cuando el Estado hondureño reconoció en mayo pasado su responsabilidad en el asesinato de Vicky Hernández 12 años después y le pidió perdón a su familia atendiendo una sentencia de la Corte IDH, la presidenta Xiomara Castro anunció varias medidas de reparación: el Estado de Honduras otorgará una beca educativa a su sobrina Argelia Reyes, hará un documental sobre la discriminación y violencia de las mujeres trans, adoptará un procedimiento para reconocer las identidades de género diversas y diseñará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, tal y como ordenó la Corte.

Honduras también anunció la creación de una beca educativa para mujeres trans que llevará el nombre de Vicky Hernández, la implementación de un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad y la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para víctimas de violencia LGBTI. “La violencia ejercida contra Vicky Hernández lo fue en razón de su expresión o identidad de género, se violaron los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, la libertad personal, la privacidad y libertad de expresión y al nombre”, reconoció la presidenta Castro durante el acto de perdón en el que además dijo que su muerte no fue investigada con la debida diligencia.

Vicky Hernández fue asesinada el 28 de junio de 2009 durante un toque de queda tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria, cuando una patrulla policial la intentó arrestar junto con unas amigas y estas trataron de huir por temor a la violencia que habían ejercido contra ellas los agentes en ocasiones anteriores, según declararon varias testigos durante el juicio. La Corte IDH constató que “existían indicios de participación de agentes estatales” y que el Estado hondureño no había hecho lo suficiente para investigar el asesinato.

Con el acto de perdón y reparación, la familia de Vicky Hernández sintió que por fin se hacía algo de justicia. “Todos somos humanos y no nos creemos mejor que otros, tenemos que amar a nuestros hijos como sean”, dijo Rosa Hernández, su madre, tras el evento. Tres meses después, además de la petición pública de perdón, se ha reparado económicamente a su familia y está en marcha la instalación de un observatorio de muertes violentas, explica Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas. También han comenzado los procedimientos para adecuar los documentos de identidad a la identidad de género autopercibida, pero todavía no ha comenzado a implementarse, algo que le preocupa a la activista. Según los datos de su organización, en 2021 hubo 26 muertes violentas de miembros del colectivo LGBTI y en lo que va de año ya van 28, especialmente de hombres gays (18 de los casos), un incremento que Mendoza califica de “sumamente exagerado”.

Chile: el caso de Francisca

A fines de mayo, el presidente Gabriel Boric le pidió perdón a nombre del Estado chileno a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento cuando tuvo un hijo en noviembre de 2002. En el acto público con fines reparatorios, el mandatario se disculpó con la mujer por la violación a los derechos sexuales y reproductivos de los que fue victima.

Francisca, criada en una zona rural de Curicó, a 200 kilómetros de Santiago, nunca había recibido educación sexual antes de su embarazo. Aterrada por su diagnóstico, cumplió con todas las recomendaciones médicas durante los nueve meses de espera. Cuando llegó al hospital público a dar a luz, algunos miembros del personal sanitario la criticaron por engendrar un bebé teniendo VIH. El niño nació sano, pero cuando Francisca despertó, una enfermera le dijo que no podría volver a tener hijos, que la habían esterilizado. Ella nunca solicitó el procedimiento quirúrgico, ni dios su consentimiento por escrito ni verbal, como obliga la ley desde el 2000.

Durante años, Francisca no se vio a sí misma como una víctima de violación a los derechos sexuales y reproductivos. Solo tomó consciencia cuando la Fundación Vive Positivo, dedicada a entregar información y acompañar a personas con VIH, se enteró de su caso y le explicó la ilegalidad cometida por el hospital. Francisca no se llama así. Es el nombre que adoptó cuando comenzó una batalla judicial asesorada por la fundación y por el Centro para Derechos Reproductivos. En 2007 interpuso una querella contra el médico que la atendió. En el juicio, el doctor dijo que la paciente sí le había otorgado el consentimiento verbal de practicarle una esterilización. La mayoría de las enfermeras apoyaron dicha versión y el juez falló en contra de la denunciante.

En 2009 presentaron una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la vulneración de derechos de la Convención Interamericana de DDHH: integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, entre otros. En 2014 la comisión la declaró admisible. Dos años después, el Estado chileno inició un proceso de Acuerdo de Solución Amistosa con el equipo legal de Francisca y finalmente llegaron a un acuerdo firmado en agosto de 2021.

El acuerdo establece una compensación económica para la víctima -cuyo montante no se ha hecho público-, acceso a un subsidio habitacional, beneficios estudiantiles y atención de salud integral, entre otras compensaciones. También obliga al Estado a comprometerse en capacitar al personal sanitario y justicia sobre esterilización, la realización de una campaña de sensibilización para la atención y no discriminación de las personas con el VIH. Por último, el Estado debía celebrar un acto de reconocimiento público de sus responsabilidades en el caso. Por temor a las represalias y ser estigmatizada, Francisca no asistió.