Honduras reconoce su responsabilidad en la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero

El Estado de Honduras ha admitido este lunes su responsabilidad por el asesinato de una mujer trans y activista LGBT, crimen juzgado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). El Gobierno hondureño ha pedido perdón por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero que fue asesinada a los 26 años durante el golpe de Estado de Honduras de 2009. “En nombre del Estado de Honduras declaro que se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen, cometido en contra de Vicky Hernández y su familia, como una flagrante violación de los derechos humanos”, ha dicho la presidenta Xiomara Castro. “Solicitamos públicamente el perdón por este terrible hecho”, ha agregado la gobernante en videollamada desde Tegucigalpa, durante una ceremonia en San Pedro Sula, donde Hernández fue asesinada.

En 2021, la Corte-IDH declaró que el Estado de Honduras era “responsable por la muerte de Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del Colectivo Unidad Color Rosa”. Ordenó el reconocimiento público del crimen y resarcir a su familia. La ceremonia de reconocimiento y perdón fue en la sede de la ONG Unidad Color Rosa. Estuvieron el canciller Enrique Reina, familiares de Hernández y activistas como Kerry Kennedy, presidenta de la fundación de derechos humanos Robert F. Kennedy, impulsora de justicia en el caso. “Todos somos humanos y no nos creemos mejor que otros, tenemos que amar a nuestros hijos como sean (...) Para mí fue difícil pasar esto, la muerte que le dieron a ella. No más discriminación”, dijo Rosa Hernández, madre de Vicky.

“El Estado de Honduras por convicción moral y voluntad política del Gobierno que presido, y en cumplimento de la sentencia emitida por la CorteIDH en 2021 (...) hacemos este reconocimiento público como parte de las medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos que culminaron en un vil asesinato”, ha afirmado la presidenta Castro. La presidenta ha dicho que al encontrar que “la violencia ejercida contra Vicky Hernández lo fue en razón de su expresión o identidad de género, se violaron los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, la libertad personal, la privacidad y libertad de expresión y al nombre”. La muerte de Hernández “no fue investigada con la debida diligencia, vulnerando los derechos al debido proceso y a la protección judicial” y, además, se violaron los derechos a la integridad personal de la familia de la víctima, ha agregado. “En nombre del Estado y como presidenta de la República ,declaro que se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen cometido en contra de Vicky Hernández y su familia como una fragante violación a los derechos humanos”, ha enfatizado Castro, quien se ha comprometido a publicar la sentencia de la CorteIDH y continuar con las investigaciones sobre el asesinato, como medida de reparación.

La noche del 28 de junio de 2009, Vicky estaba en la calle con dos compañeras en San Pedro Sula durante un toque de queda decretado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la hoy gobernante Castro. Una patrulla policial intentó arrestarlas y ellas se fugaron. Al día siguiente, Hernández fue hallada muerta con heridas de bala. La Corte-IDH constató que “existían indicios de participación de agentes estatales”. “Su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune”, dijo el tribunal.

La presidenta Castro ha anunciado que el Estado de Honduras otorgará una beca educativa a Argelia Reyes, sobrina de Hernández, realizará un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans, adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género y diseñará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, tal y como ordenó la Corte. También creará una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans, implementará un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad, adoptará un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGTBI víctimas de violencia. “Los hechos ocurridos y derivados del golpe de Estado no deben volver a repetirse, los cientos de muertes, asesinatos y violaciones constantes, la noche oscura del golpe y de la dictadura no deben volver a nuestra patria”, acotó la presidenta Castro.

Castro dijo que implementará un plan de capacitación para los cuerpos de seguridad estatales y adoptará “un procedimiento que permita a las personas adecuar sus documentos de conformidad con su identidad de género autopercibida”, ambos órdenes de la Corte-IDH. Según la red lésbica Cattrachas, en 2021 hubo 26 muertes violentas de personas LGBT en Honduras. La ley de identidad de género es una antigua demanda de colectivos LGBT en Honduras.

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