Colapso en la lista de espera para evaluar la discapacidad: “Me siento olvidada”

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, inició a finales de julio actuaciones de oficio con las autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla para recabar información sobre las demoras en la evaluación de las personas con discapacidad. El número de quejas de los ciudadanos por esta causa se ha triplicado desde 2019 y, según ha podido constatar, los retrasos llegan a ser de “hasta tres años en algunas regiones”, cuando la ley establece un plazo máximo de seis meses para resolver estas solicitudes de reconocimiento y revisión. María Luisa Nogales, extremeña de 54 años, lleva a la espera desde el 17 de marzo de 2022, cuando presentó la petición tras 24 meses de baja laboral. Padece una enfermedad crónica autoinmune llamada lupus. “Tengo un dolor persistente por todo el cuerpo, capaz de despertarme mientras duermo”, resume. A sus altibajos emocionales se suma la frustración de lidiar con la burocracia: “Me siento olvidada por la Administración”.

El 18 de octubre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para establecer un nuevo baremo de valoración de la discapacidad que sustituyó al elaborado en 1999, ya obsoleto porque se creó en torno a la idea de minusvalía. Se centraba en la enfermedad, pero dejaba de lado otros condicionantes de las personas afectadas como los biopsicosociales. El nuevo sistema también puso en marcha un trámite de urgencia para acelerar la calificación del grado de discapacidad en causas humanitarias, de especial necesidad social, de salud, de esperanza de vida y de violencia de género. Pero las listas de espera engrosan.

En enero, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ya alertaba de la situación y aseguraba que Extremadura y Canarias eran los territorios que acumulaban mayor lista de espera. Entonces, sus habitantes tardaban hasta 24 meses en obtener la valoración del grado de discapacidad. Les seguían Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias con 18 meses de demora.

El informe anual de 2023 sobre las personas con discapacidad, emitido por el Defensor del Pueblo, evidenciaba que en el Principado de Asturias no se estaban pudiendo emitir resoluciones administrativas y se efectuaban a los interesados meras comunicaciones sobre su grado de discapacidad, a las que otras entidades no confieren el valor jurídico oportuno. Además, esta autonomía informó sobre el traspaso de la función de valoración a la Consejería de Salud.

Vanesa Fernández, residente de 39 años en la Comunidad de Madrid, solicitó el 23 de septiembre de 2022 una revisión por agravamiento de su grado de discapacidad, valorado en un 37%, pero no fue evaluada hasta julio del siguiente año, aunque el dictamen final tampoco lo recibió hasta el 24 de noviembre de 2023. “No obtuve un aumento, me quedé como estaba. Además, me concedieron un baremo de movilidad negativo con carácter definitivo”, explica indignada porque esto le impide solicitar la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, propuesta en un informe por su neurólogo. Fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2012 y recientemente de fibromialgia, entre otras patologías. “La enfermedad ha ido empeorando, en 2021 solo tenía tres lesiones y ahora tengo 14. Mis resonancias no mienten″, explica.

Además, denuncia que le impidieron acudir a la evaluación acompañada de una persona de confianza, un derecho que recoge el nuevo baremo. Lamenta haber sufrido una demora extensa para recibir su dictamen y cree que el personal evaluador no le formuló las preguntas convenientes ni examinó su contexto biopsicosocial, ya que su madre y su hija también tienen discapacidad. Por ello, en enero denunció esta situación en los juzgados.

Gabilondo solicitó en julio a las autonomías el número de expedientes de reconocimiento o de revisión pendientes de resolver antes y después de la entrada en vigor del nuevo baremo y los medios materiales y humanos con los que se cuenta para realizar esta labor, así como las posibles medidas de choque implementadas o previstas. Todavía está a la espera de respuestas.

Nogales muchas veces siente que no puede más, cuando es incapaz de conducir y hasta de levantarse de la cama por el cansancio extremo y el dolor de las articulaciones. “Si tengo una semana complicada, no puedo acudir al trabajo”, cuenta tras recordar que durante más de un mes fue incapaz de caminar por una afección en los tendones del pie. A veces, sufre neblina lúpica, una disfunción cognitiva que le produce bloqueos mentales. “Estuve mucho tiempo sin poder manejar mi cuerpo, mi vida y mis emociones”, describe.

Confiesa que vivir en una lista de espera le hace sentir impotente. En Extremadura solo hay dos equipos de valoración, uno en Cáceres y otro en Badajoz, donde Nogales asegura que “en mayo todavía estaban tramitando las solicitudes de octubre de 2020″. Cree que la obtención de la discapacidad le ayudaría a anticipar la edad de jubilación y a costear los productos farmacéuticos y las sesiones de fisioterapia, entre otras cosas: “Ojalá no tuviera que solicitarla, por desgracia lo tengo que hacer. Entendemos todas las situaciones administrativas, pero, ¿quién nos entiende a nosotros como pacientes?”.

El secretario de finanzas de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Daniel Aníbal García, afirma que la situación es preocupante. “A veces, llaman a la persona para darle el resultado, pero ya ha fallecido. En numerosas ocasiones los ciudadanos solicitan una valoración urgente para conseguir un trabajo acorde a su diagnóstico y cuando llega el dictamen, la plaza ya está ocupada por otra persona”, explica.

El reconocimiento de la discapacidad es un trámite de carácter retroactivo, es decir, si se obtiene una resolución aprobatoria, esta queda vigente desde el día en que se entregó toda la documentación, no cuando se recibió la resolución. Pero a García no le convence en la práctica: “De nada sirve. Son años sin tener unos derechos que les corresponden y las personas se van quedando sin subvenciones para adaptar su vivienda o sin poder concursar a una oposición. Estas cosas no se pueden retrotraer con el paso del tiempo”.

El Defensor del Pueblo advierte de que “los periodos de espera dan lugar a situaciones muy difíciles para muchas personas que, además de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles”. Asegura que con el paso del tiempo le resulta más difícil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema, dotando adecuadamente de personal los equipos de valoración y orientación correspondientes.

García admite que el nuevo baremo es mejor que el anterior porque analiza más aspectos, aunque considera que su aplicación no es correcta. Cree que con este modelo el personal evaluador necesita más tiempo para realizar un estudio profundo de la persona, pero considera que existe una baja inversión en recursos humanos para llevarlo a cabo. En la normativa se indica que los órganos competentes tienen que dar una formación concreta a los equipos encargados de esta tarea.

En el informe anual de 2023 sobre las personas con discapacidad se recogió que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en colaboración con las comunidades autónomas, pondría a disposición de los equipos de evaluación un programa de formación específico dirigido a todos los técnicos evaluadores, 1.400 profesionales aproximadamente. La respuesta de las comunidades autónomas en la mayoría de los casos coincidió en destacar el desarrollo de una nueva herramienta informática, la contratación de más personal o la creación de nuevos centros de valoración.

La coordinadora técnica de la confederación Plena Inclusión España, Amalia San Román, observa, tras lanzar una consulta a sus más de 980 entidades, “una tendencia a rebajar el grado de discapacidad con el nuevo baremo”. Además, cree que “las personas con inteligencia límite, que presentan dificultades menos visibles, quedan por debajo del porcentaje necesario para acceder a ayudas importantes”.

García insiste en que los dictámenes no se entregan con suficiente información. “Por ello, el ciudadano se encuentra muy indefenso y no sabe cómo le han examinado, tanto si está conforme con la valoración o en desacuerdo”. La secretaria de la Federación Española de Lupus, Áurea Jiménez, incide en que los médicos deben hacer un informe del paciente más detallado: “No solo tienen que explicar el tratamiento, también precisan describir de forma pormenorizada los efectos que causa la enfermedad a la persona afectada para que cuando el equipo evaluador reciba la información sepa realmente cómo es su día a día”.