Hasta tres años de demora para obtener una evaluación de discapacidad: “No podemos esperar más”

Una protesta en 18 ciudades reclama reducir los tiempos y la publicación de un nuevo baremo, que lleva dos décadas sin sufrir cambios y que Derechos Sociales espera aprobar antes de agosto

Protesta contra la larga espera para disponer de una valoración de discapacidad, este martes frente al Ministerio de Derechos Sociales, en Madrid.
Protesta contra la larga espera para disponer de una valoración de discapacidad, este martes frente al Ministerio de Derechos Sociales, en Madrid.KIKE PARA

Una puerta blanca en mitad de la calle preside la protesta en Madrid. “Equipos de valoración y orientación de la discapacidad. Volvemos en 1.546.329 minutos [casi tres años]”, se lee en un cartel. Varias decenas de personas hacen cola enfrente. Así han querido retratar este martes los largos tiempos de espera para ser evaluadas y que les sea reconocido un grado de discapacidad. También denuncian el retraso en la aprobación del nuevo baremo, que según han explicado los organizadores del acto, de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), lleva más de 20 años sin sufrir cambios y está desactualizado. La protesta se ha celebrado simultáneamente en 18 ciudades del país. En la capital ha sido frente al Ministerio de Derechos Sociales, que ha explicado en una nota que está previsto que se dé luz verde al real decreto el primer semestre de este año. “El que espera desespera”, corean los asistentes. El tiempo medio hasta que se resuelven los casos, según un estudio de Cocemfe, es de más de 11 meses, pero hay quien ha sufrido una demora de hasta tres años. Mientras se aguarda, no se puede tener acceso a ayudas.

En la protesta hay casi tantas historias como asistentes. Como la de Carlos Cobo, de 47 años, quien lleva desde los 17 diagnosticado de la enfermedad de Crohn, una afectación inflamatoria crónica del tubo digestivo que evoluciona con brotes. “Las enfermedades autoinmunes prácticamente no se reconocen [con el baremo actual]. Todo lo que no sea visible prácticamente no existe”, sostiene. Tiene una invalidez absoluta permanente. Su grado de discapacidad es del 41%, pero cuenta que se ha hecho “inmune a todos los tratamientos”. Está esperando a que se apruebe el nuevo baremo para pedir otra evaluación. A partir del 65% se tiene acceso a ayudas económicas. Él ingresa una pensión de 721 euros al mes, y no puede trabajar. “Para venir [desde Málaga], estoy de pastillas hasta aquí”, afirma señalando su frente. Pero su discapacidad no se ve a simple vista.

Tampoco se ve la de Noelia Moya y Carmen Porras, madrileñas de 28 y 39 años, respectivamente. Trabajan en la Federación Nacional de Asociaciones para la lucha contra las enfermedades del riñón: ambas tienen enfermedad renal crónica. La primera ha sido trasplantada seis veces. “Tras el quinto me reconocieron una discapacidad definitiva del 40%, pero tras volver a diálisis la subieron a un 66%, porque entienden que estás más grave. Se revisará el año que viene”, y probablemente vuelva a bajar. Porras, trasplantada una vez, cuenta que muchas personas trasplantadas obtienen un grado inferior al 33%, porque “se considera que el trasplante es la cura”, y reivindican “que no sea así”. En su caso es del 35%, porque tiene además otras patologías, pero expira en junio. Está esperando que la llamen. Puede ocurrir que se quede en el limbo, sin ninguna certificación. Algo que le ocurrió a la hija de Alda Pozo durante un año y medio, una niña que ahora tiene nueve y que padece “el síndrome de 22q11, una alteración genética con síntomas como cardiopatías, dificultades de aprendizaje, problemas de paladar...”. “Tenía un 66% y lo bajaron a un 44%. Los grados de discapacidad que se conceden no son reales”, asegura.

La puerta ante la que varias decenas de personas han hecho cola, de manera simbólica, en la protesta de este martes en Madrid.
La puerta ante la que varias decenas de personas han hecho cola, de manera simbólica, en la protesta de este martes en Madrid. KIKE PARA

En España 4,32 millones de personas afirmaban tener alguna discapacidad en 2020, según una encuesta del INE. Según datos del Imserso de ese mismo año, 3,25 millones tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, umbral a partir del cual se tiene derecho a determinadas ayudas. La diferencia es de más de un millón. Por ello, las organizaciones apremian a las comunidades autónomas, competentes en la gestión, a agilizar los trámites, y al Ministerio de Derechos Sociales a aprobar el nuevo baremo.

Daniel Aníbal García, secretario de finanzas de Cocemfe, explica que reivindican acabar con “dos retrasos lacerantes”. Apunta que la espera media desde que solicitan ser evaluados hasta que lo son varía enormemente entre autonomías e incluso entre ciudades. Un estudio de 2020 del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pone cifras a esas desigualdades en función de las autonomías. Una media de 10,4 meses, que escala hasta los dos años en Canarias. Año y medio en Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana. En Murcia, 15 meses. En Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha, de un año.

“Hay casos dramáticos de personas a las que llaman cuando ya han fallecido”, afirma García, de Cocemfe. Él tiene 35 años y una discapacidad reconocida del 74%. “En ese tiempo se pierden oportunidades laborales, porque hay contratos reservados a personas con discapacidad, derechos educativos, como las adaptaciones curriculares, incentivos fiscales. Hasta que no tienes el reconocimiento no puedes aplicarlos”, señala. “No podemos esperar más”.

A su lado está Manuel Muñoz. Él tardó tres años en lograr resolver su caso, en la Comunidad de Madrid. Fue más de un año hasta obtener un certificado de discapacidad, del 34%, y luego tuvo que pelear para que le reconocieran la movilidad reducida. En 2009 le fue diagnosticado un linfoma, que remitió, pero le dejó secuelas que en 2019 le provocaron “una necrosis en las dos caderas”. Se quedó en silla de ruedas. Ha pasado por cuatro operaciones desde entonces, ahora anda apoyado en una muleta. “[La espera] me ha dificultado poder tener un puesto de trabajo, la rehabilitación me la he costeado yo. Muchas veces he tenido que quedarme en casa por no tener movilidad reducida”, ha dicho este técnico informático, ahora empleado como técnico de soporte. Pidió ayuda al Defensor del Pueblo y muestra un documento en el que la institución le reconoce un excesivo retraso. Lo describe como un “periplo”.

Una de las asistentes a la protesta contra las largas esperas para obtener una valoración de discapacidad, con un megáfono, este martes en Madrid.
Una de las asistentes a la protesta contra las largas esperas para obtener una valoración de discapacidad, con un megáfono, este martes en Madrid. KIKE PARA

Pero la protesta no solo alude al tiempo de espera, como aclara Cocemfe. “La segunda reivindicación es que el actual baremo, de 1999, está obsoleto. En 2001 la Organización Mundial de la Salud aprobó la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, y desde entonces está desfasado nuestro baremo”, sostiene García. Explica que su organización reclama que se cambie desde 2007. La Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por España y entró en vigor en 2008, y la normativa tiene que adaptarse a ella. “El actual baremo no valora bien ciertas situaciones, como la discapacidad orgánica, por ejemplo las enfermedades reumáticas que cursan con brotes, la fatiga, la fibromialgia”, dice. Si alguien es evaluado en un momento en el que no está sufriendo un brote, es posible que se quede fuera, explica.

El asunto lleva mucho encima de la mesa. “Desde 2012″, aclara el Ministerio de Derechos Sociales en su nota, en la que explica que el departamento que dirige Ione Belarra “ha desbloqueado definitivamente esta cuestión tramitando un proyecto de Real Decreto que está en su fase final de consultas” y que esperan que sea aprobado por el Consejo de Ministros antes de agosto. “Conscientes del problema de los tiempos de valoración, [en el texto] se contemplan mejoras en el procedimiento que posibiliten una mayor agilidad en la gestión y se introduce una tramitación por procedimiento de urgencia (tres meses)” para situaciones que lo requieran.

Luis Cayo, presidente del Cermi, explica por teléfono que “el nuevo baremo pasa de una concepción puramente médica de la discapacidad a una más social. Se van a tener mucho más en cuenta los factores contextuales, ambientales. Es un avance en el sentido de entender la discapacidad con arreglo al modelo social, que es el que establece la convención de la ONU”. Esta organización también urge a su aprobación. García, de Cocemfe, reclama además que, una vez aprobado, se actualice periódicamente, “que no haya que esperar otros 20 años”.

El Gobierno quiere eliminar los internamientos forzosos por problemas de salud mental

El Gobierno quiere eliminar la institucionalización forzosa de las personas con problemas de salud mental. Este es uno de los objetivos que recoge la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que marca la hoja de ruta a seguir en los próximos años y que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este martes. Entre el paquete de medidas que plantea consta “el estudio de las posibilidades de modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de asegurar medidas alternativas a la institucionalización y los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad y de garantizar que las intervenciones por motivo de salud mental se basen en los derechos humanos”. Algo que el movimiento asociativo reivindica desde hace años. 

En el documento se detallan una treintena de objetivos, como asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad, con condiciones de accesibilidad universal, o potenciar el desarrollo de la asistencia personal y reducir el número de personas con discapacidad que viven en instituciones. Cada uno de ellos lleva medidas asociadas que deberá adoptar el Gobierno y recomendaciones a las comunidades autónomas, como reconocer la atención temprana como derecho subjetivo de todos los niños y la formulación de estándares de calidad en este ámbito, elaborar una macroencuesta específica sobre las violencias hacia las mujeres y niñas con discapacidad y modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por “personas con discapacidad”, entre otras.

En el texto se apuesta por el impulso de la vida independiente y por priorizar la atención en los domicilios. La estrategia pivotará, según se menciona en el texto, sobre “tres asuntos clave que merecen una respuesta desde la política pública” para “reparar déficits de ciudadanía y discriminaciones enquistadas”. El objetivo es poner en “la agenda de los derechos” a las mujeres y niñas con discapacidad, a las personas que viven en la España rural y a aquellas con grandes necesidades de apoyo. 

El desarrollo e implementación de la estrategia corresponde a la dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. En el texto se especifica que su misión es contribuir a “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, a través de políticas públicas, que aseguren la inclusión en la comunidad, su pleno desarrollo vital, calidad de vida, autonomía personal y vida independiente, con condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación, y de accesibilidad universal”.

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Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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