Las personas con discapacidad dejarán por fin de ser disminuidas: “La terminología importa”

Una complicación durante el parto de su madre hizo que Raquel Cárcamo (35 años, Madrid) naciera con discapacidad intelectual. De pequeña no entendía por qué le costaba más esfuerzo y más horas estudiar que a sus compañeros de clase para conseguir el mismo resultado, pero agradece que en su familia nunca fuera un tema tabú y se lo explicaran con pedagogía. A Mario Sancho (40 años, Valencia), una negligencia médica le produjo una paraparesia —debilidad casi total en las piernas— que le obliga a vivir en una silla de ruedas. Una situación en la que también se encuentra Ana Raya (46 años, Granada), que a los nueve desarrolló una artritis idiopática infantil, una enfermedad que afecta a las articulaciones. Hasta el momento, según la Constitución, los tres eran disminuidos; ahora, la ley fundamental se referirá a ellos como personas con discapacidad. Un cambio que el colectivo reclama desde hace 20 años. “De pequeña se referían a mí como minusválida o inválida, muchas veces con pena o paternalismo”, recuerda Raya.

El 29 de diciembre, el PSOE y el PP, los dos partidos con mayor representación parlamentaria, culminaron la negociación para reformular el artículo 49 de la Constitución con el objetivo de eliminar el término despectivo y registraron ese mismo día la propuesta en el Congreso. El acuerdo entre ambas formaciones era esencial, ya que se necesita una mayoría de tres quintos para cambiar la Ley Fundamental, únicamente posible con los votos de populares y socialistas. Los grupos pactaron que la reforma se realizara por la vía de urgencia y lectura única, es decir, que no necesitara un trámite en comisión. Así que este martes se debatirá en el Congreso, se abrirá posteriormente un plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas y se votará en pleno el jueves. En caso de superar la votación, como es previsible, el texto se enviaría ese mismo día al Senado, donde se espera que se apruebe, probablemente a mediados de febrero. El último paso sería su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La odisea hasta conseguir que los más de 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se desprendieran del término disminuidos empezó hace más de dos décadas. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una plataforma que agrupa a más de 8.000 asociaciones, comenzó entonces a reivindicar un lenguaje menos peyorativo y más actualizado, que se ajustara a los estándares de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El debate se formalizó en el Congreso de los Diputados con la presentación de un anteproyecto en 2018, tras la moción de censura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su antecesor, Mariano Rajoy. Pero el adelanto electoral de 2019 y la pandemia dilataron la reforma durante varios años —no se puede iniciar un proceso de cambio constitucional si hay un estado de alarma en vigencia—. El clima de tensión y de conflicto continuo entre el Gobierno y la oposición en los últimos tiempos ha complicado el entendimiento entre ambas formaciones.

El valenciano Sancho defiende que “la terminología importa porque ayuda a crear realidades”, aunque matiza que “cambiar la palabra no soluciona todo”. Coincide en la opinión del poder de las palabras Cárcamo, para quien personas con discapacidad es la opción que más se adecua. Para la granadina Raya, la reforma supone un avance clave.

A pesar de que la mayoría de la sociedad se ha desprendido de términos antes habituales como minusválido o incluso subnormal o mongólico, todavía hay una parte que se expresa en términos inadecuados y utiliza la palabra discapacitados, rechazada por gran parte de los colectivos. Sancho recuerda entre risas que hace unos años, en un acto de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un hombre mayor se refirió a su silla de ruedas como carrito de los lisiados. “No me lo tomé mal, me hizo gracia, pero entiendo que hay personas para quienes este tipo de comentarios son hirientes”, espeta.

El consenso sobre la idoneidad del término “personas con discapacidad” es amplio entre los colectivos y los afectados, aunque hay algunas voces dispares que reivindican un lenguaje de menor corrección política y que utilizan la abreviación disca para referirse a ellos mismos. Además, muestran su discapacidad sin complejos a través de las redes sociales. Es el caso de la usuaria de Instagram @Oyirum, que abandera sus cuentas personales en redes sociales con el término orgullo tullido. Hay otras que se sienten más cómodas con el uso de eufemismos tales como persona con diversidad funcional o con capacidades especiales, aunque también en este caso son una minoría.

La elección de personas con discapacidad como término definitivo y definitorio no es casual: coincide con el utilizado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La presidenta de la confederación Plena Inclusión, Carmen Laucirica, explica que es una manera de referirse “sin connotaciones peyorativas”. “Si alguien quiere autodenominarse de otra manera, no hay problema, pero creemos que es el que mejor se ajusta”, concreta Laucirica. El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, añade que “era imprescindible” cambiar una palabra “despectiva y que corresponde a épocas remotas”.

Eufemismos

El peligro del uso de eufemismos, comentan ambos presidentes, es que sus reivindicaciones se diluyen y pierden fuerza. “Persona con diversidad funcional o con necesidades diversas son conceptos que nosotros podemos entender, pero que, para la sociedad en general, quitan el foco del problema”, comenta Queiruga. También se suma a la disconformidad la directora de la Fundación Prevent —que trabaja por la inclusión laboral de este colectivo—, Montse Moré, quien opina que “puede resultar ambiguo” y que invisibiliza a “un grupo social específico”. Sancho es más contundente: “Odio capacidades especiales, porque yo no vuelo”. También Raya recalca que ella “no tiene superpoderes”.

Existe el riesgo de que, del mismo modo que ahora suena anacrónico utilizar mongólico o subnormal, el término personas con discapacidad quede desfasado dentro de unos años. Así lo defendió el periodista, escritor y creador de la Fundéu Álex Grijelmo, en una columna publicada hace dos semanas en este periódico en la que alertaba de que “toda palabra delicada que sustituye a otra que se desprecia como ofensiva acaba volviéndose ofensiva a su vez, transcurridos unos años”. Laucirica responde que “seguro que queda desfasado, porque la vida evoluciona”, pero le resta importancia y considera que no es motivo suficiente como para no realizar el cambio constitucional. Un diagnóstico que comparte la directora de Prevent, que considera “probable” que ocurra porque “los cambios de lenguaje son el reflejo de la evolución de la sociedad”.

El nuevo artículo 49 de la Constitución establecerá en su primer apartado: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. Y en el segundo: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Cabe destacar la mención específica a las mujeres y los menores como otro aspecto novedoso que celebran las asociaciones, además del ya referido cambio de término. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), calificó el acuerdo de “victoria histórica” en su cuenta de X, el mismo día en que se hizo público. En su primer Consejo de Ministros, presentó una declaración institucional para instar al Gobierno a llevar a cabo esta reforma constitucional. Fuentes de su departamento señalan que les habría gustado que la propuesta hubiera sido presentada por todos los grupos políticos, no solo por el PSOE y el PP. Esta será la tercera vez que se realice una reforma puntual de la Constitución, tras las efectuadas en 1992, para reconocer el derecho pasivo de los ciudadanos comunitarios, y en 2011, para imponer un corsé al gasto público.

El cambio constitucional no supondrá un punto y final en las reivindicaciones de Cárcamo, Sancho y Raya. Los tres siguen sufriendo discriminaciones puntuales en su día a día, a pesar de los avances sociales de las últimas décadas. Eso sí, cuando se apruebe la reforma a lo largo de este mes, los tres celebrarán ser reconocidos como personas antes que nada.