La reforma constitucional de PSOE y PP protegerá por ley a las “personas con discapacidad”, con “especial atención a mujeres y menores”

El PSOE y el PP, en una semana llena de enfrentamientos y posiciones crispadas entre ambos, han negociado y culminado un pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”. La presentación y registro en el Congreso del acuerdo es inminente. Los contactos e intercambios de textos entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general y número dos del PP, Cuca Gamarra, han sido constantes en estos días. El texto está cerrado y consensuado también con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El nuevo artículo 49 tendrá dos puntos y se aprovechará el nuevo redactado para reforzar la idea de que “los poderes públicos” están obligados a impulsar políticas para garantizar la inclusión de esas personas y “particularmente de las mujeres y menores con discapacidad”, según fuentes conocedoras de la negociación.

Casi al mismo tiempo, este jueves, a apenas dos días de que expire el plazo para registrar la propuesta que se fijaron la semana pasada el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, representantes del PP y del PSOE destacaron que el asunto estaba hecho y que su presentación sería “inminente”. Un anuncio que ratificaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el competente en la materia, y del Cermi, que concentra a la mayoría de las organizaciones de afectados.

El ministro Bolaños afirmó: “Estoy manteniendo conversaciones con Cuca Gamarra para poder registrar de forma inminente la reforma del artículo 49 de la Constitución. Por nosotros lo hacemos ya, hoy, mañana. Ese acuerdo está cerrado desde abril. Es una reforma trascendente porque es la primera reforma social de la Constitución, y un avance muy significativo para las personas con discapacidad porque refuerza sus derechos”.

Gamarra, por su parte, solo confirmó durante el balance político del año que realizó Feijóo en un hotel de la capital que había hablado con el ministro y que estaba pendiente de trasladar el estado de las conversaciones al propio líder del PP. Feijóo quiso apuntarse el tanto y destacó que el PP era el que había proporcionado el texto. Fuentes del Gobierno, del PSOE, del PP y del Cermi remacharon más tarde que el pacto se basa en lo cerrado entre Bolaños y Gamarra en abril, con retoques en algunas palabras. Aquel artículo 49 tenía cuatro puntos y el actual solo dos, pero porque se resumen los mismos conceptos en menos frases.

El nuevo artículo 49 de la Constitución establecerá en su primer apartado: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. Y en el apartado segundo: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades especificas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

En el anterior texto, el de abril pasado, se hablaba expresamente de las necesidades particulares de “mujeres y niñas” y ahora se precisa mejor y de forma más genérica con “mujeres y menores”, que contempla a niños y niñas.

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, agradece que los partidos “hayan descomprimido un poco y hayan querido dar este ejemplo de acuerdos que se echan mucho de menos en la sociedad” después de 20 años de reclamaciones de su colectivo para cambiar ese artículo de la Constitución. Pero ahora pide algo más: “Deberían ser capaces y generosos para subir tres décimas y elevar al 1% la x solidaria para las organizaciones sociales, que ahora está en el 0,7% y que da de comer a un millón de personas”.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que encabeza Pablo Bustinduy, dirigente también de Sumar, apuntan otra demanda para culminar aún mejor este pacto: “Desde el Ministerio competente, interlocutor normal del sector, defendemos que esta es una política de Estado y que debe apoyarse sobre un consenso político y social lo más amplio posible”. Fuentes de ese departamento y de Sumar matizan que ahora lo más idóneo sería presentar y registrar el acuerdo de esta proposición de ley para cambiar algo tan relevante como un artículo de la Constitución (que hasta ahora se ha hecho solo dos veces) con la unanimidad de todos los partidos del Parlamento, y han trasladado esa solución al PSOE, aunque tampoco la torpedearían ni votarían en contra si sus socios de Gobierno al final la tramitan solo con el PP.