Inquietud por los recursos en educación especial del nuevo curso: “Segregan y lastran la inclusión”

El colegio público Lagostelle de Guitiriz, un pueblo de Lugo, ha solicitado dos plazas de atención preferente, cubiertas con especialistas en Audición y Lenguaje (AL) o Pedagogía Terapeútica (PT) con un compromiso de permanencia de seis años, al haber cuatro niños con necesidades especiales con el servicio concedido. Pero la Xunta de Galicia solo ha aprobado una de ellas en la reciente adjudicación de mayo. Las madres de los menores afectados, Olga Vázquez, de 46 años, y Soraya López, de 37, reclaman que se cubran esos puestos para que no se repita la situación del curso pasado, en la que sus hijos, diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) y Síndrome de Mowat-Wilson, contaron con una AL provisional, como medida temporal, porque la docente que les atendía desde 2019 solicitó un traslado de centro, lícito pese al sexenio estipulado.

No son las únicas que alzan la voz para denunciar “recortes”. La mujer de Daniel Álvarez, de 36 años, tuvo que dejar de trabajar temporalmente porque, según él asegura, a su hijo en el centro educativo Pau Vila de Esparreguera (Barcelona) solo le ofrecieron clases hasta las 12.30h durante varios meses. Inmaculada García, de 31 años, ya ha matriculado a mitad de curso a su pequeña en el centro público de educación especial Severo Ochoa de Alcorcón (Madrid), en contra de su voluntad inicial, tras considerar que el anterior colegio al que acudía la niña no contaba con los recursos suficientes para atenderla, repercutiendo en su bienestar. Ambos menores tienen TEA.

“Yo quería que mi hija, de 4 años y un grado de discapacidad del 40%, fuese a un centro ordinario porque se trata de que tenga una inclusión real en clase, en el comedor y en el patio. Ella por las tardes no va a un parque especial. Aunque no juega con los niños, convive con ellos. Tampoco irá nunca a un cumpleaños o a un restaurante donde solo haya gente que tenga su diagnóstico”, explica García.

La consejería de Educación de la Comunidad de Madrid asegura poner a disposición de las familias todos los recursos necesarios para dar la mejor atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros sostenidos con fondos públicos de la región, “que cuentan con cerca de 1.600 aulas y recursos de apoyo para cubrir las distintas necesidades de estos escolares”.

Pero el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, anunció el 20 de junio la anulación de la resolución educativa 254 sobre aulas de atención preferente al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del TEA. El comunicado supone una victoria para las familias afectadas que denunciaban que supondría un aumento de las ratios sin contratar más profesores. Sin embargo, se desconocen los nuevos criterios que se aplicarán el próximo curso. A finales de mayo, por las medidas que establecía esa norma, alrededor de 80 familias habían obteniendo resoluciones no favorables para continuar en colegios ordinarios y fueron derivadas hacia la educación especial.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ya advirtió a España en marzo con un informe que alertaba de su “segregación educativa a través de la escolarización en centros especiales y en aulas específicas” en las escuelas ordinarias. La entidad solicitó a las autoridades educativas un avance “de forma prioritaria y urgente” hacia el fin de esta separación. “Estos niños con necesidades especiales no conocen a la sociedad y la sociedad no los conoce a ellos”, lamenta García.

Mientras, muchas familias luchan por su cuenta para contar con los recursos necesarios en la educación ordinaria, por la que siguen apostando. “No pedimos una plaza de atención preferente nueva, solicitamos la que ya teníamos concedida desde 2019″, tras la valoración de un Equipo de Orientación Específico de Lugo, reprocha López. “Es un recorte en toda regla. Hace cinco años mi hijo tenía un 42% de discapacidad y ahora que tiene un 84% se la quitan”, lamenta. En esa misma plaza se incluyó al hijo de Vázquez, también afectado por la situación.

La consejería de Educación de la Xunta de Galicia insiste en que estos niños “van a estar perfectamente atendidos con el personal especializado correspondiente, que se determinará de cara al inicio del próximo curso, en función de las necesidades de los alumnos”. Aún así, Vázquez muestra su descontento porque desde la inspección de zona se avisó sobre la necesidad de esta plaza, pero desde la jefatura de inspección se denegó “porque había centros con más necesidades”. En una situación similar se encuentra Tamara Varela, de 39 años, cuya hija de 5 tiene TEA y este curso escolar recién terminado solo recibió unas ocho horas semanales de atención con una profesora especialista en el colegio Albeiros de Lugo.

“Esta provisionalidad les afecta porque son niños que no aceptan bien los cambios, necesitan una estabilidad. Si se modifica su rutina, vuelven a empezar de cero en todos los aspectos”, denuncia López. Cree, además, que la situación perjudica a todos los alumnos del centro porque en un momento determinado pueden necesitar un refuerzo al presentar dificultades en el aprendizaje. En este caso, por el diagnóstico, sería su hijo el que tenga preferencia.

La actual ley educativa, la Lomloe, establece que en 10 años la escuela ordinaria debe contar con los medios necesarios para atender a estos menores y cumplir con lo previsto en la convención internacional. Pero desde la aprobación de esta norma, en el curso 2020-2021, el número de estudiantes en los centros especiales y en las aulas específicas dentro de las escuelas comunes no se ha reducido, sino que ha aumentado en 2.614 personas, hasta un total de 41.521. Hace 10 años el número de alumnos del modelo educativo de educación especial era de 33.022. Por tanto, se ha incrementado en 8.499 estudiantes.

El hijo de Álvarez tiene 5 años y un 37% de discapacidad. Él asegura que en el colegio Pau Vila de Esparreguera (Barcelona) le han aconsejado acudir a un centro de educación especial de la comarca, pero no consigue plaza por segundo año consecutivo en El Pontarró de Martorell. En consecuencia, el pequeño ha repetido primero de infantil en el colegio ordinario. Aunque esto no es lo que más le pesa al padre: “Tiene que entrar media hora más tarde a la escuela para evitar el ruido, desaconsejan que se quede a comer en el comedor por falta de personal especialista y durante el primer trimestre solo le dieron clase hasta las 12.30. Por ello, mi mujer tuvo que dejar el trabajo”.

En la consejería de Educación de Cataluña explican que las reducciones horarias son una medida excepcional y transitoria que se acuerda con las familias para suavizar los procesos de adaptación en la escuela de ciertos alumnos con necesidades de apoyo muy elevadas, tras aclarar que tienen que contar con el visto bueno de la inspección y los servicios educativos. Respecto al comedor escolar aclaran que “el personal de la escuela Pau Vila de Esparreguera trabaja correctamente y en el espacio del mediodía también cuenta con monitores para el alumnado con mayores necesidades de apoyo”.

El centro cuenta con tres maestros de educación especial y dos monitores de apoyo educativo, pero el pequeño, según el padre, solo tuvo cuatro horas semanales de atención especializada. En la consejería reconocen que “siempre harán falta más recursos para atender a la diversidad”, pero insisten en el aumento en Cataluña de 258 plazas para el personal docente especializado, sumando un total de 2.681.

Isabel Arias, de 48 años, aún se indigna cuando echa la vista atrás y recuerda todo lo que ha luchado para que su hija con un 80% de discapacidad motora, provocada por la enfermedad rara neuromuscular Charcot-Marie-Tooth tipo 4A, pudiese acudir a un instituto cercano a su casa. Acaba de terminar el último curso de Educación Secundaria Obligatoria. Su colegio era el Marqués de Suances, perteneciente a la red de centros de atención preferente que la Comunidad de Madrid establece para dar respuesta a necesidades educativas especiales. Pero al trasladarse al instituto, le correspondía el liceo Salvador Dalí, desligado de su zona residencial. Arias se negó: “Su hermano no iba a ese centro, no quería que perdiera el bilingüismo de francés ni el vínculo con su entorno”.

En el instituto Marqués de Suanzes, centro no preferente al que finalmente la niña acudió, Arias tuvo que “pelear con la administración para que acondicionaran el espacio, pese a la buena voluntad y predisposición del equipo directivo”. Cuenta que en un año consiguió un baño adaptado, rampas de acceso en la planta baja y una sala para dar fisioterapia con los recursos humanos oportunos. No fue hasta el tercer curso cuando logró un ascensor. La consejería de Educación madrileña afirma que fue el año pasado cuando se hicieron todas las obras necesarias para garantizar la accesibilidad.

Vázquez confiesa que, a veces, siente que invitan a los padres a llevar a los niños a un centro de educación especial, y, en su caso, el más cercano le queda a media hora en coche: “Son recortes que segregan y lastran la inclusión”. Por ello, Álvarez recuerda que estos menores “tienen derecho a una educación pública integradora adaptada a sus necesidades”.

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