Alarma por la resolución educativa 254: aumentan las ratios por clase para los alumnos autistas sin contratar más profesores

Con el primer trimestre avanzado y sin pasar por la mesa sectorial ni por el consejo escolar, el 20 de octubre llegó a los centros educativos madrileños una polémica resolución, la número 254, para reorganizar las clases de atención preferente al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del trastorno del espectro autista (TEA). No era un cambio menor, aunque lo parecía. Las aulas TEA se crearon en 2001 y, en la actualidad, hay 700 centros preferentes con 855 de estas clases, en las que se presta apoyo especializado a estos menores. El documento, que ha llegado con el curso ya empezado, ha generado “una gran alarma”, según los propios afectados, y ha puesto en pie de guerra a todos los frentes, desde los docentes, hasta los sindicatos, las asociaciones y las familias, porque supone un “recorte en toda regla” y una “bomba” que abre la puerta a subir las ratios y que las clases, en lugar de decrecer en alumnos, aumenten de cinco a siete. Y sin aumentar el número de profesores.

Los padres, de hecho, han recogido más de 23.000 firmas y van a registrar quejas en todos los estamentos posibles. Por su parte, el sindicato CC OO la recurrirá.

Lo que más preocupa de la nueva resolución es la posibilidad de que aumente el número de niños TEA por aula. “Se escolarizarán hasta cinco alumnos” como hasta ahora, dice el texto, aunque añade que “de manera excepcional”, se podrá ampliar en dos más en caso de tener otros hermanos en el centro, en distritos o localidades en las que las aulas estén llenas o “en cualquier otra circunstancia excepcional a criterio del director”.

Otro punto que preocupa especialmente a los afectados es la movilidad de los profesores. Hasta ahora los especialistas en estos menores se dedicaban en exclusiva a las aulas TEA, pero a partir de ahora estarán a disposición del director para cubrir bajas de otros profesores del centro, por lo que temen que se verán obligados a dejar a niños sin atender.

Además, a partir de ahora habrá nuevos criterios de acceso para acceder a estas aulas: en lugar de un examen psicológico de los menores, se pedirá a los padres que presenten uno neurológico o psiquiátrico y “el mismo nivel de autonomía que los niños de su edad”.

Educación, por su parte, niega todas las críticas. Un portavoz admite que la ratio se puede elevar a siete, pero matiza que “en ningún caso se atenderá a más de cinco de manera simultánea” en estas aulas. “La resolución en ningún momento da instrucciones sobre cobertura de bajas ni sobre atención al alumnado que no tenga necesidades educativas especiales”, dice sobre la crítica de que los maestros de Educación Especial de la especialidad Pedagogía Terapéutica (PT) y los de Audición y Lenguaje (AL), que son los que se ocupan de los alumnos TEA, pasen a estar a disposición del director.

Para Isabel Galvín, responsable de Educación de CC OO, la resolución es “interesadamente ambigua, carece de criterios técnicos y supone un recorte en toda regla” al subir la ratio sin aumentar profesores. Esto “genera un grave problema en unas aulas que ya tienen dificultades para atender las necesidades especiales porque los recursos son insuficientes”. A su juicio, Educación “solo busca cubrir más con menos y desespecializar a los PT y AL, al convertirlos en comodín”.

Galvín también apunta que “la Comunidad quiere reducir a toda costa el número de niños a los que atender, al exigir en el diagnóstico el certificado de un neurólogo o psiquiatra, cuando antes valía con un informe psicológico”. Y teme que muchos de los que están en su clase de referencia gracias a este apoyo “acaben derivados a centros de Educación Especial”.

Galvín anuncia que van a recurrir la resolución por vía judicial, al considerar que “debería estar firmada por el consejero y no por dos viceconsejerías, que afecta a las condiciones laborales y que no se ha sometido a la obligada negociación colectiva”. Educación lo niega y dice que no hacía falta llevar el texto a la mesa ni al consejo porque “no modifica ningún aspecto que obligue a su análisis”.

La Federación de asociaciones de padres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, por su parte, solicita a la Comunidad de Madrid “evaluar a fondo” las aulas TEA. “Es un modelo que lleva más de 20 años y no se ha realizado ninguna evaluación. Comenzó en el curso 2001-2002 en tres instituciones y fue ampliándose hasta llegar a 658 centros en el curso 2022-2023”, recuerda Carmen Morillas, presidenta de la FAPA y resalta que uno de los primeros problemas es que, hoy, “el número de aulas es inferior en secundaria, que en primaria. Los alumnos después de la primaria no pueden ser absorbidos en secundaria por no haber suficientes aulas”. En el curso 2020-2021, por ejemplo, hubo solo 77 aulas para estudiantes de secundaria frente a 314 aulas para primaria en el sector público. De acuerdo con Morillas, una evaluación rigurosa de la estrategia permitiría saber si las aulas TEA son la respuesta correcta a la atención de esta población y si existe un “número mágico respecto de la ratio”.

Morillas asegura que, en todo caso, la Comunidad de Madrid debe migrar a un modelo “no segregador” en el que todos los colegios públicos de la región tengan herramientas para acoger a estos alumnos. Esto requerirá de más maestros con especialidad en PT y en AL, técnicos de integración social, equipos de orientación y logopedas. “El sistema es el que se debe adaptar al alumno. No al revés”, asegura la presidenta de la federación, que señala que el actual sistema de aulas está saturado. La FAPA ha publicado este miércoles el informe Alumnado TEA 2023 que, incluye, además de datos y un resumen de la legislación para este tipo de educación, una carta abierta de las familias que habla de las experiencias en de niñas y niños que están en el espectro.

Dentro de las aulas TEA

El desconcierto, en todo caso, es total. José, PT de 34 años y que prefiere no dar su apellido, lleva cuatro al frente del aula TEA que abrió en un colegio de la capital. La lista de problemas a los que se enfrenta a diario, desde infradotación de materiales a falta de formacion, es tal que el año pasado llegó a amenazar con dimitir “si no aparecía alguien del equipo de orientación” tras tres años sin asesoramiento. Para José, la resolución es “bochornosa” y “una bomba que amenaza con destrozar de raíz unas aulas que van a sumar precarización a la precarización previa”, además de “atentar contra la inclusión y la individualización de la enseñanza y contra los derechos de unos alumnos que, además de ser menores, son discapacitados”.

Lo peor para José es la ampliación de la ratio. “Si apenas puedo con cinco, imagina con siete. Estoy en comisión de servicio, como todos, porque tengo mucho compromiso y vocación, pero si empeoran las condiciones muchos dimitirán y el proyecto se irá al garete”, lamenta. Este PT también teme que, al pasar a disposición del director, su puesto se difumine. “Estaremos de parche para todo”, augura.

El hijo de Rebeca Gegundez, Eric, de tres años, asiste a un aula TEA desde 20 días después de entrar en el colegio “gracias al compromiso del centro”, el Manuel Núñez de Arenas de Vallecas, porque “se quedaba fuera pese a necesitarla” al haber ido a una guardería privada porque no le dieron plaza en una pública. Gegundez considera la resolución “escandalosa”, sobre todo que “saquen a los especialistas del aula TEA”, ya que “generará un aumento de trabajo para el resto de docentes, que tendrán que atender a los TEA y al resto de la clase, y un detrimento en la atención de todos los alumnos”.

También considera que la norma es “segregadora y capacitista” debido a los nuevos requisitos. Con el texto en la mano, su hijo “acabará de cabeza en Educación Especial” porque, para seguir en su colegio, se le exigirá un lenguaje oral que no tiene adquirido. “Eric habla, pero a su manera, con gestos, instrumentación, pictogramas...”, defiende. “Mi hijo, con apoyo de su tutora y del aula TEA, hay días que pasa toda la jornada en su clase de referencia, salvo una hora, y esto no es arte de magia, es el trabajo de todos”, subraya. Gegundez considera que “la madre del cordero” está en la Comisión Técnica Interterritorial, la que determina si un niño va o no a un aula TEA, “un auténtico Satanás” que “deniega la entrada de forma arbitraria y sin dar explicaciones, a pesar de tener todos los informes”.

Esta familia es una de las que han iniciado un movimiento contra la resolución, el Colectivo en Defensa del Alumnado TEA, que surgió a raíz de un grupo de WhatsApp que llegó al límite, 1.025 miembros, en un día “y hubo que abrir un segundo que ya tiene más de 500″. Han publicado un manifiesto y organizado una recogida de firmas en change.org.

La oposición también se levanta en armas. “Vamos a llevar el caso a la Asamblea para impedirlo y garantizar una educación inclusiva”, promete la líder de la oposición, Mónica García. El PSOE pide explicaciones al consejero, a quien ha preguntado “si sabe lo que significa, importa e implica una hora de trabajo con un niño o niña con TEA”. “Vaya a esas aulas y dé la cara ante docentes y familias”, le reclama. Incluso Rocío Monasterio, líder de Vox, se muestra muy dura: “Atender a siete niños no es posible si no se añade un profesor. El aumento de la ratio supone reducir en un 20% la atención a unos niños que requieren muchísima atención, es la diferencia entre que empiece a decir papá y mamá o no”.

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