Faltan médicos en las cárceles: Interior solo logra cubrir siete de las últimas 80 plazas ofertadas

80 plazas, tan solo 17 candidatos y finalmente siete aprobados. La mayor oferta pública de empleo que el Ministerio del Interior ha sacado en los últimos años para cubrir vacantes de médicos penitenciarios se ha saldado con un sonoro fracaso al quedar desierta el 91% de la convocatoria, según confirman fuentes penitenciarias. No es la primera vez que ocurre, aunque nunca antes había pasado en un porcentaje tan elevado. En 2018 se ofertaron 35 plazas y solo se cubrieron 11, y en 2019 y 2020 fueron 40 cada año y en cada uno de los concursos se adjudicaron únicamente seis. Además, según fuentes sindicales, no todos los que aprueban la oposición se quedan finalmente en Prisiones, ya que algunos se van a otros trabajos al terminar el periodo de prácticas, lo que agrava aún más la situación.

El fiasco de esta última convocatoria, que aglutinaba las plazas de dos años, se produce en un momento en el que el número de médicos para atender a los cerca de 47.000 reclusos de las cárceles dependientes del ministerio está en mínimos: de las 481 plazas de médicos que recoge el catálogo de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, solo están cubiertas 210 (el 43,6%). Y de ellas, 51 por interinos, según admite el ministerio. Por el contrario, la ocupación de los puestos de enfermería está por encima del 80%. Este lunes ha habido una reunión entre Prisiones y representantes de la Organización Médica Colegial para encontrar una solución, aunque sin avances, señalan fuentes de esta última. La ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, de 2003, dio entonces 18 meses de plazo a las comunidades autónomas para que asumieran las competencias de la sanidad penitenciaria y así lo ha recordado el Tribunal Supremo en varias ocasiones. Sin embargo, cuando se cumplen 20 años, solo Cataluña, País Vasco y Navarra han cumplido el mandato.

Un documento interno de Prisiones, del pasado junio, ya alertaba de “la cada vez más flagrante falta de profesionales sanitarios, fundamentalmente médicas y médicos, que, a pesar de las continuas convocatorias de plazas de nueva creación, no generan en las personas graduadas en Medicina el interés preciso para cubrir las necesidades de personal que surgen, tanto por la apertura de nuevos centros como por las jubilaciones de las médicas y médicos”. El principal motivo de esta falta de candidatos es que los sueldos que ofrece Interior son más bajos que en el conjunto de la sanidad pública. Una brecha salarial que los sindicatos penitenciarios cifran en 600 euros mensuales. Pese a todo, Prisiones insiste en que la asistencia primaria a los reclusos siempre ha estado asegurada.

Esta carestía de personal sanitario ha abocado a, al menos, 16 centros penitenciarios a contratar servicios de empresas privadas para cuidar la salud de sus internos de manera temporal, según se detalla en una respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia y en recientes licitaciones públicas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Una de estas cárceles es la de Zuera, en la provincia de Zaragoza, cuyo director licitó el 11 de abril un concurso para reforzar, durante un año, la atención primaria de sus 1.100 presos con un coste inicial de 53.800 euros. Lo hacía, según recoge la documentación del expediente, tras constatar que “la Administración Penitenciaria carece de personal suficiente para satisfacer dicho servicio a toda la población reclusa”.

“Insuficiente”

La situación no difiere mucho en la prisión de A Lama (Pontevedra), que ya dedicó el año pasado 40.506 euros para cubrir 1.080 horas de atención médica para sus 860 internos y que recientemente ha vuelto a licitar un contrato con idéntico fin, en este caso por 65.520 euros. “Aunque para la atención primaria [Instituciones Penitenciarias] dispone de personal propio, el existente en este momento en el Centro Penitenciario A Lama resulta insuficiente. Dadas las dificultades existentes a corto o medio plazo para dotar al centro de personal propio se hace necesario acudir a personal externo que complete la plantilla y garantice la atención sanitaria”, se recoge en el expediente.

En términos similares lo han hecho en los últimos años las otras 14 cárceles que han optado por la sanidad privada para salvar sus carencias. Se trata de las de Cáceres, Cuenca, Teixeiro (A Coruña), Mallorca, Alicante II, Ávila, Burgos, Huelva, Valdemoro (Madrid), Málaga, las dos de la región de Murcia, Dueñas (Palencia) y Navalcarnero (Madrid). Según detalla Instituciones Penitenciarias en una respuesta de noviembre al Portal de Transparencia, la mayoría de estas prisiones han recurrido a estas contrataciones en momentos puntuales y mediante contratos menores que no superaban los 5.000 euros. La de A Lama, sin embargo, ha presupuestado ya más de 100.000 euros con este fin.

Los informes del Defensor del Pueblo constatan desde hace tiempo que el problema no es nuevo. El organismo que ahora encabeza Ángel Gabilondo lleva años denunciando la falta de médicos penitenciarios para la asistencia primaria y psiquiátrica (el resto de la atención especializada se hace en los hospitales más cercanos a las cárceles) y reclamando a las administraciones soluciones que tomen medidas urgentes, ante la evidencia de que las plazas ofertadas en los últimos años han quedado “con frecuencia [...] desiertas”, según destaca en su último informe anual, hecho público en marzo.

“El seguimiento de la atención primaria está muerto en las prisiones de Interior”, afirma José Joaquín Antón, médico en la cárcel de Albolote (Granada). Con la plantilla mermada como está ahora, los médicos advierten de que es muy difícil hacer seguimiento de patologías como la cirrosis, la diabetes o la hepatitis, cuya prevalencia entre la población reclusa es muy superior a la del resto de la población. “Se hacen urgencias y derivaciones al hospital en los casos más graves, pero poco más. Solo nos da para cumplir con las obligaciones que impone el reglamento, como ver a los sancionados, a quienes están en aislamiento, los partes de lesiones...”, lamenta Antón.

“Un parche”

Pedro Martínez, responsable de médicos de prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), advierte del coste económico que supone derivar a los presos a urgencias en vez de atenderlos en el centro penitenciario. “Hay que poner ambulancia, custodia policial y pagar una cama hospitalaria que cuesta más de mil euros al día. Es mucho más caro que mantener las plazas que deberíamos tener”, añade. Los médicos consideran la entrada de la sanidad privada en las cárceles como “un parche” que, en la mayoría de los casos, solo sirve para sacar adelante labores más administrativas que puramente sanitarias, como firmar traslados y otros trámites que requieren el aval de un facultativo.

Los médicos consultados aseguran que ya hay prisiones, como las de Ávila o Cáceres, que no tienen ningún facultativo titular. Las que sí cuentan todavía con médicos penitenciarios, suelen tener casi más puestos vacantes que cubiertos. Como la de Albolote (Granada), en la que trabaja Antón, cuya plantilla es de 10 médicos, pero ahora solo hay cuatro. “Yo tengo 63 años y soy el segundo más joven”, advierte, señalando a un problema añadido que, irremediablemente, va a complicar la situación en los próximos años: la edad media de los médicos de cárceles es alta, el 53,5% tiene más de 60 años, según los datos facilitados por la confederación de sindicatos. Prisiones, que no niega este envejecimiento, rebaja ese porcentaje sin concretar. “La salud de la sociedad se mide también en su capacidad para defender los derechos humanos y cómo trata a sus presos. Hoy hemos retrocedido. Hemos sido de los países con la mejor sanidad penitenciaria del mundo y hemos retrocedido por dejadez absoluta”, lamenta Antón.

Instituciones Penitenciarias admite el problema y para paliarlo puso en marcha, en noviembre de 2021, un sistema de guardias telemáticas para que aquellos médicos que habían terminado sus turnos en sus prisiones atendieran por videoconferencia las consultas que no pueden esperar en otras en las que no hubiera facultativo. En la actualidad, ya son 21 los centros que se han apuntado a este sistema. El Defensor del Pueblo calificó en su último informe como “positiva” esta medida, pero señaló que “no parece que dé solución al problema estructural de la falta de personal facultativo” de las cárceles.

Según el último informe de este organismo, la solución pasa por que se cumpla la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, que estableció hace 20 años la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y que hasta ahora solo han cumplido Cataluña, País Vasco (ambas con las competencias penitenciarias asumidas) y Navarra. En 2019, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, remitió una carta a los consejeros de Sanidad del resto de comunidades para iniciar las negociaciones, pero sin éxito. Prisiones, que en un documento interno califica de “denodados” sus esfuerzos en este sentido, admite que solo algunos gobiernos regionales ―que declina concretar― han aceptado iniciar los contactos, pero asume que la cercanía de las elecciones del 28 de mayo impedirá llegar a un acuerdo a corto plazo.