El 37% de las plazas de médicos de prisiones están vacantes

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El problema de la falta de médicos en la sanidad pública llega hasta las cárceles. Una tercera parte de las plazas de médicos de prisiones (184 de 491) de España están sin cubrir, según ha expuesto esta mañana Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC). Ellos son los responsables de cubrir el equivalente a la atención primaria en 72 cárceles (todas menos las de Cataluña) con unos 50.000 reclusos.

Aparte de las características del puesto, para Hoyos hay una causa clave: el sueldo. “Aunque se nos exige ser especialistas de Medicina de Familia como a los médicos de primaria, cobramos de media 1.450 euros menos brutos al mes”, ha dicho en unas jornadas organizadas por la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (Cesida). También a enfermeras y farmacéuticos les paga el Ministerio del Interior, y cobran menos que sus colegas de la sanidad.

Y la situación no tiene visos de solucionarse. En 2018 salieron 15 plazas de médico de prisiones, ha dicho Hoyos, y se cubrieron dos. Y el problema viene de lejos: en 2008 fueron 5 de 16.

No se trata solo de un problema laboral. La población reclusa tiene rasgos especiales en temas sanitarios. Por ejemplo, José Antonio Martín, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), ha expuesto la mayor prevalencia de problemas de salud mental. No solo en el ingreso. Además, hay que “analizar de qué manera la prisión afecta al proceso de pérdida de la salud mental, e igualmente de qué forma desde dentro del entorno penitenciario, se puede ayudar a la recuperación de este tipo de enfermo”, dice la SESP.

También es frecuente el consumo de drogas entre la población reclusa, y, relacionado con esto, último aspecto también hay una proporción mayor de personas con VIH y hepatitis C en las cárceles. Además, otras situaciones, como la de las personas transexuales que necesitan medicación de manera continua para controlar sus niveles de hormonas.

"Con los recortes ya solo podemos hacer medicina de urgencias", ha dicho Hoyos. Y puso como ejemplo que antes se revisaba periódicamente a los pacientes para asegurarse, por ejemplo, de que cumplían su tratamiento para el VIH u otros factores, y que ahora sólo se les ve cuando hay una urgencia. "El sistema era una referencia, y ya no lo es", ha afirmado.

“Insuficiente e insolidario”

Para la OMC tanto los profesionales como los internos salen perdiendo con el incumplimiento de la ley que obliga a las comunidades a hacerse cargo de la atención sanitaria de la población reclusa. “Los sistemas sanitarios penitenciarios se caracterizan por ser de condición (en todos los aspectos) inferior al existente extrapenitenciariamente. Es de destacar también que la asistencia prestada en este tipo de instituciones está frecuentemente mediatizada por circunstancias e intereses ajenos a los estrictamente sanitarios, generando situaciones deontológicamente discutibles”, y pone como ejemplo que la relación médico-paciente pasa a ser la de funcionario-recluso. “El sistema es, por ello, insuficiente, insolidario o no equitativo e inadecuado”, resume la OMC.

De hecho, el modelo legal es que la sanidad penitenciaria esté integrado en el sistema de primaria de cada comunidad con algunos extras (consultas de odontología o ginecología en la cárcel para evitar traslados), pero solo Cataluña y el País Vasco han asumido la transferencia de la atención penitenciaria. Navarra estaba previsto que fuera la siguiente, pero la situación política puede retrasarlo, ha admitido Alfredo Martínez Larrera, director de Asistencia al Paciente de la comunidad foral.

Carmen Martínez Aznar, subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior, ha indicado que las transferencias de esta competencia, que son obligatorias desde 2003 por la ley de cohesión del sistema sanitario, solo pueden llevarse a cabo si ambas partes están de acuerdo. Dijo que había mantenido conversaciones con todas las comunidades para activarlas, pero que el proceso es técnicamente complejo. Hay que empezar por integrar los sistemas de historias clínicas electrónicas, y luego hay que financiarlo. La primera parte es mucho más factible que la segunda, y más en la actual situación política.