La sanidad de los presos lleva dos años en un limbo legal

La atención sanitaria a los presos que cumplen condena en las cárceles españolas se ha quedado en un limbo legal. Interior no renueva desde 2014 los convenios que mantenía con las Comunidades Autónomas para garantizar la atención especializada a los reclusos, pero tampoco ha iniciado el traspaso de las competencias a los servicios autonómicos de salud al que obliga la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003. Prisiones contactó en agosto de 2015 con las Comunidades Autónomas con las que mantenía convenio para invitarles a iniciar el traspaso de competencias, pero casi año y medio después, ni el Gobierno ha promovido este traspaso ni ninguna comunidad ha recogido el guante lanzado por Interior. Mientras, las asociaciones y los médicos que atienden a los reclusos advierten de que la sanidad que reciben es cada vez más precaria.

La ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003, establece un plazo de 18 meses para transferir a las comunidades autónomas los servicios sanitarios. La norma entró en vigor el 30 de mayo de 2003, por lo que la transferencia debió hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de 2004. Pero 12 años después, solo el País Vasco ha asumido estas competencias (Cataluña tiene transferido todo el sistema de prisiones). En el resto, ni el Gobierno central ni los autonómicos mostraron durante años ningún interés en llevarlo a cabo y siguieron renovando los convenios bilaterales por los que los servicios de salud autonómicos se hacían cargo de la atención especializada a los reclusos que Prisiones no puede ofrecer.

Pero estos acuerdos dejaron de renovarse en 2014, cuando llegaron los nuevos fármacos contra la hepatitis C, un virus que, según los datos de la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria, afecta a alrededor de 13.000 de los 65.000 reclusos que hay en España. El elevado coste de los nuevos tratamientos, inasumible con el importe de los convenios que hasta entonces se firmaban, dinamitó las relaciones entre Prisiones y las comunidades, que pleitean en los tribunales por ver a quién le corresponde pagar estos antivirales. La mayoría de los jueces está dando la razón a las autonomías, lo que ha llevado a Interior a, por primera vez, solicitar a las consejerías de Salud “el inicio de las conversaciones” para llevar a cabo la transferencia.

En una pregunta formulada el 29 de noviembre por Unidos Podemos durante una sesión plenaria en el Senado, el ministro, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el Gobierno trabaja “para dar cumplimiento” a la ley de 2003. “Las comunidades no han querido asumir las competencias. Desde Instituciones Penitenciarias, a lo largo de los últimos cuatro años se ha estado queriendo transferirla y ninguna comunidad ha querido escuchar. Ninguna ha, ni siquiera, contestado”, aseguró Zoido en referencia al escrito enviado a las comunidades en agosto de 2015, tres meses antes de que concluyeran los cuatro años de Gobierno con mayoría absoluta de Rajoy.

El ministro tiene razón cuando advierte de que ningún gobierno regional ha pedido el traspaso de las competencias, pero Interior tampoco ha impulsado las conversaciones 16 meses después de enviar su escrito. A preguntas de este periódico, una portavoz de Instituciones Penitencias se remite a lo dicho por Zoido y no aclara si el Gobierno va a hacer algo por acelerar el traspaso.

La respuesta de Zoido no ha gustado a los médicos de prisiones, que llevan años exigiendo que se cumpla la ley. “Queremos entender que el ministro está recién llegado y no tiene la información necesaria. Pero sus explicaciones fueron muy lamentables”, se queja Carmen Hoyos, coordinadora de la sanidad penitenciaria de la Organización Médica Colegial. “Decir a estas alturas que la responsabilidad para hacer la transferencia está en manos de las comunidades autónomas es ridículo”, lamenta Hoyos, que asegura que los médicos que atienden a los reclusos se sienten “un arma arrojadiza” de los políticos.

Todos los partidos, en teoría, coinciden en que las competencias de la sanidad de los presos deben estar en manos de los gobiernos regionales y así lo manifestaron cuando, el pasado 28 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad una propuesta en este sentido de Unidos Podemos. Hace dos semanas, todos los partidos votaron de nuevo a favor de este traspaso, esta vez en la Comisión de Interior del Congreso. Iniciativas en el mismo sentido se han aprobado también por unanimidad en varios Parlamentos autónomos, como los de Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias y Cantabria. ¿Por qué no se dirigen entonces las comunidades al Gobierno para que ponga en marcha el proceso? Instituciones Penitenciarias, los médicos y las consejerías de Salud consultadas admiten que el problema es económico.

Desde que dejaron de firmarse los convenios, las comunidades facturan a Interior cada atención prestada por sus servicios de salud, pero Prisiones ralentiza su pago, en muchos casos, pleiteando en los tribunales. Según los datos recopilados por Unidos Podemos para presentar sus propuestas en las Cortes, el Gobierno debe a las comunidades 25 millones de euros, sin contar con los fármacos de la hepatitis.

El debate de la PNL presentada por Podemos en el Senado evidenció que la financiación va a ser casi la única clave para abordar el traspaso. EL PSOE intentó que la iniciativa llevara una enmienda que garantizara desde el Gobierno “la dotación económica” de la nueva competencia de las comunidades, pero el PP se negó, aunque la misma enmienda, junto a otra que obliga a Prisiones a asumir la deuda que tiene con las consejerías de salud, sí salió adelante en la propuesta aprobada en el Congreso.

Un informe elaborado por el Sindicato Profesional de la Sanidad Penitenciaria (SPSP) sobre los costes que tendría la transferencia de competencias cifra en 114 millones de euros el coste total de la atención sanitaria a los alrededor de 55.000 presos de las cárceles de las comunidades pendientes de asumir las competencias. Si se hace efectivo el traspaso, Prisiones debería consignar una partida económica para esta atención que se repartiría entre las comunidades en función, principalmente, del número de presos que acogen. Hasta hace dos años, Interior gastaba un importe parecido en los convenios bilaterales, pero como hace dos años que estos no se firman, el dinero invertido por Prisiones para atender a los reclusos ha ido disminuyendo, por lo que la transferencia podría suponer para el Gobierno central un gasto superior al que ahora hacen, advierte el secretario general del SPSP José Antonio Veiras.

Para las comunidades, por su parte, ha resultado más cómodo mantener los convenios bilaterales, pero ahora que estos no existen, se están encontrando con que tienen que asumir igualmente la atención a los reclusos sin recibir a cambio el dinero que Interior les ingresaba cada año. “A las comunidades les conviene negociar cuanto antes” concluye Veiras, que asegura que la inseguridad jurídica que ahora pesa sobre la sanidad penitenciaria está repercutiendo negativamente en la atención que reciben los reclusos: “Las comunidades se contienen en la atención que prestan a los presos porque no saben quién la va a pagar” afirma Veiras.