Nadie quiere gestionar la salud de los presos

La ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, de 2003, daba 18 meses de plazo a las comunidades autónomas para que asumieran las competencias de sanidad penitenciaria. Han pasado 18 años y solo tres se hacen cargo de ellas: Cataluña (que ya las tenía desde 1983), País Vasco (lo hizo en 2011) y, desde este mismo miércoles, Navarra. Casi dos décadas en las que se van acumulando carencias en la atención de la salud de los presos, y en las que las administraciones autonómicas han mostrado, en general, escaso interés por gestionarla.

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El principal problema es económico. Un informe de la comunidad de Navarra, que ahora asume las funciones, calcula que el coste total anual de la sanidad penitenciaria en España es de 131 millones de euros. Cuando se transfieren las competencias, la administración central debe compensar proporcionalmente a las comunidades. Una de las claves es negociar la cuantía. Pero no la única. Según Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, la mayoría de las autonomías ni siquiera están realmente negociando. Los sindicatos aseguran que las comunidades llevan 18 años “poniéndose de perfil” para no asumir unas competencias que dan más problemas que réditos.

La mayoría de las comunidades autónomas consultadas responden que están en negociaciones, sin entrar en más detalles. La más clara es Castilla-La Macha. “No hemos asumido la competencia, como la de la administración de la justicia, por ejemplo, porque no ha habido acuerdo en la financiación. No queremos competencias para exhibirlas, sino para prestar mejor servicio y esto solo se consigue con mayor financiación. La actual es claramente insuficiente”, sentencia un portavoz de su Consejería de Sanidad.

Uno de los contratiempos que conlleva esta interinidad de competencias es que no se cubren los puestos de médicos en las prisiones, que funcionan como centros de salud: allí están los facultativos de atención primaria, que los derivan a los especialistas en caso de necesidad. Estos están fuera de la prisión, en el hospital de referencia que cada una tenga asignada.

En teoría debería haber medio millar de médicos en las prisiones españolas para atender a una población de unos 47.000 reclusos, descontando los de las comunidades transferidas. Solo hay cubiertas, aproximadamente, la mitad de las plazas. En ellas el sueldo es 1.450 euros brutos, inferiores de media al mes que los de sus colegas de los centros de salud y es muy complicado encontrar quien quiera asumir el puesto. En Prisiones justifican que los sueldos de estos funcionarios los decide el Ministerio de Hacienda, reacio a revisar unos salarios que según la ley de 2003 ya deberían estar pagando las comunidades.

Francisco Amaya, médico de la prisión granadina de Albolote y representante del sindicato CSIF, explica que además de una cuestión de salarios, es hacer el trabajo en buenas condiciones. “Cuando teníamos plantillas medianamente completas se pasaba consulta en casi todos los centros a diario, a demanda, funcionábamos como un centro de salud. Luego tuvimos que hacerlo en días alternos y ahora, en mi centro, a cada módulo le toca una vez por semana. Esto redunda en que se multiplican las consultas de urgencia y no se puede realizar una atención programada. Un ejemplo es el seguimiento de las citologías para mujeres en el área ginecológica, algo que ahora no podemos hacer”, relata.

Alta incidencia de enfermedades infecciosas y mentales

Los centros penitenciarios tienen una incidencia de enfermedades infecciosas mucho más alta que en la población general. VIH, hepatitis o tuberculosis tienen grandes prevalencias y la sanidad penitenciaria fue, en su día, pionera en abordar estos problemas. Campañas e iniciativas como el programa de intercambio de jeringuillas fueron copiados en la sociedad en general y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud o el Plan Nacional sobre Drogas.

En las cárceles también padecen altas tasas de enfermedades mentales, que en buena medida, tratan los médicos de primaria asignados a ellas. “Es una parte importante de nuestro trabajo, como mucho tenemos el apoyo de psiquiatras que vienen una o dos veces al mes; dos veces por semana, en el mejor de los casos”, asegura Amaya, quien reconoce que con los medios que hay esta atención es claramente insuficiente. “Y luego tenemos el problema de la edad: los presos cada vez son mayores y las prisiones se están convirtiendo en geriátricos”, remata.

En opinión de Joaquín Leyva, del sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), transferir las competencias supondría mejores posibilidades de carrera profesional para los médicos, lo que permitiría cubrir rápidamente las plazas y restablecer una mejor asistencia. “Nadie dice expresamente por qué no quiere las competencias, pero todos echan la culpa al de enfrente y se pasan la patata caliente”, sentencia.

Otro de los escollos que el representante de ACAIP señala es el gasto farmacéutico. Al contrario que en la población general, a los presos se les pagan íntegramente los medicamentos. “En prisión proliferan enfermedades crónicas que suponen un alto coste en fármacos. En una comunidad como Madrid, con siete prisiones de más de un millar de presos, el desembolso es alto”, añade.

Ortiz González niega que esto sea un problema: “Cuando se hace transferencia se valora el coste farmacéutico, el de los salarios, el de la propia asistencia primaria. Todo eso se analiza y las dos partes se sientan de manera leal. Si hacemos transferencia va aparejada del dinero correspondiente. ¿Que hay que hablar? Claro. Pero para eso hay que sentarse. En el caso de Navarra han sido tres años de negociación, de cruzar papeles”. El Gobierno Foral asumirá un coste de 2,1 millones de euros anuales para financiar las funciones y servicios de la sanidad penitenciaria.