El virus salta los muros de la cárcel

Las medidas de aislamiento aplicadas por el Ministerio del Interior en las cárceles para evitar la propagación del coronavirus han conseguido dificultar, pero no impedir, que la enfermedad salte los muros de las prisiones. Hasta este viernes, Instituciones Penitenciarias tenía confirmados dos fallecimientos por la Covid-19 —una reclusa y un funcionario— y 147 contagios, más del doble que hace una semana. De ellos, 13 eran reclusos. El resto, 134, eran trabajadores penitenciarios. En las cárceles dependientes de Interior trabajan 24.000 funcionarios y están recluidos 50.800 presos.

Para Enrique Acín, jefe del Área de Salud Pública de Prisiones, la explicación a esta diferencia es sencilla: “Los funcionarios viven fuera de la cárcel y tienen prácticamente la misma tasa de contagio que el resto de la población. Para los presos, sin embargo, las medidas de contención han funcionado”, añade. En este sentido, Acín destaca que los últimos casos detectados de reclusos afectados corresponden a internos que acaban de ingresar en prisión por orden judicial o que habían disfrutado de un permiso penitenciario antes de que Interior los suspendiera por el coronavirus. “Al entrar se les aislaba con carácter preventivo y no han contagiado la enfermedad a otros internos”, destaca.

El responsable de Salud de Instituciones Penitenciarias aspira a que la pandemia siga en las cárceles la misma evolución que en el resto de España: “Cuando se estabilice en la calle, que también lo haga en las prisiones”. Más críticos se muestran los sindicatos de prisiones, que han denunciado desde el inicio de la crisis que los trabajadores no han contado con suficientes equipos de protección ni se les han hecho las pruebas para detectar la enfermedad pese a ser, junto a los reclusos, un “colectivo de alto riesgo”. Interior afirma haber repartido recientemente 145.000 mascarillas.

Objetivo prioritario

Interior asegura que las prisiones eran uno de sus objetivos prioritarios en la lucha contra la pandemia, sobre todo tras los graves incidentes registrados en las cárceles de Italia a comienzos de marzo. Un mes antes de estos sucesos, Instituciones Penitenciarias ya había adoptado las primeras medidas preventivas pese a que aún no se había detectado ningún caso de coronavirus en España. Desde entonces, se han sucedido las instrucciones con medidas cada vez más restrictivas sobre los movimientos de presos y funcionarios. La última, del 15 de marzo, suspendió todas las visitas de familiares a presos, así como los permisos. En aquel momento había confirmados cinco infectados. Cuatro de ellos eran trabajadores.

En las tres semanas transcurridas desde entonces, el goteo de casos ha continuado y se ha incrementado en los últimos días. El pasado 27 de marzo, el recuento oficial recogía un fallecimiento (una reclusa de 78 años muerta el 20 de marzo) y el contagio de seis presos y 65 funcionarios. Este viernes, los datos reflejaban dos muertes (el pasado domingo falleció un trabajador de la prisión de Alicante) y 147 contagios.

La distribución de los casos entre los 69 establecimientos penitenciarios de Interior es muy irregular. En una quincena de prisiones no se ha notificado ninguno. Por el contrario, en nueve cárceles se habían registrado al menos cinco en cada una. La prisión con más casos confirmados es la de Picassent, en Valencia, con nueve, todos ellos trabajadores penitenciarios. Le siguen las de Brieva (Ávila), donde está recluido Iñaki Urdangarin, Soria y Segovia, con ocho trabajadores contagiados cada una.

La cárcel de Madrid VII, en Estremera —donde está interno el comisario José Manuel Villarejo— tiene confirmados ocho casos, siete de internos. Otros siete se han detectado en las oficinas que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene en el centro de Madrid. Las otras prisiones con más de cinco casos son las de Soto del Real (Madrid) —donde están recluidos el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exvicepresidente Rodrigo Rato—, Alcalá, Sevilla I, Segovia y Jaen.

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