Los motines en las cárceles italianas dejan seis muertos y presos fugados

Las medidas restrictivas que ha implantado el Gobierno italiano para frenar el avance del coronavirus han causado estragos en las cárceles del país. El Ejecutivo dio orden la semana pasada de suspender hasta el 22 de marzo las visitas semanales a las que tienen derecho los presos, que en muchos casos suponen su único contacto con el exterior, y también ofreció la posibilidad a los jueces de interrumpir la concesión de permisos penitenciarios durante 15 días. En una decena de centros de reclusión de diversas zonas del país, los detenidos estallaron con violencia este domingo por la tarde y provocaron motines y levantamientos para protestar por la situación.

En Módena, al norte del país, seis reclusos murieron durante las revueltas, aunque por causas no directamente relacionadas con la violencia, han confirmado este lunes las autoridades penitenciarias. Tres de ellos asaltaron la enfermería e ingirieron fármacos, lo que les provocó la muerte por sobredosis. Los otros tres reclusos fallecieron por la noche, en otras prisiones a las que habían sido trasladados, después de sentirse indispuestos al llegar. Se desconoce la causa del deceso, aunque las autoridades sospechan que son las mismas que las del resto.

Este lunes las rebeliones se extendieron a otros diez penales, como el de San Vittore de Milán, uno de los más grandes de Italia, donde un grupo de detenidos consiguió subir a la azotea del centro; o a las prisiones de Palermo y Bari. En Foggia, en la región de Apulia —cuna de la cuarta mafia del país, una de las más sanguinarias—, fuentes de Federación de Sindicatos Autónomos de la Policía Nacional Penitenciaria informaron de que 370 reclusos escaparon tras derribar una de las puertas del recinto y que 70 de ellos fueron nuevamente detenidos y devueltos a prisión. Otras fuentes citadas por medios italianos, como La Repubblica, rebajaban la cifra a 50 fugados de los que 34 seguían aún sin localizar. Las autoridades no difundieron este lunes ninguna cifra oficial.

En otras penitenciarías de Nápoles, Salerno, Frosinone, Foggia y Bari, en el sur, y también en las de Alessandria y Vercelli se desataron protestas que elevaron la tensión y ocasionaron serios daños en los edificios. Los reclusos levantaron barricadas, quemaron colchones provocando columnas de humo que podían verse a distancia desde el exterior, escalaron los muros del recinto, agredieron a los funcionarios de prisiones y causaron destrozos en los edificios, como se aprecia en las imágenes difundidas por los medios locales. En el exterior, en algunos lugares como Nápoles o Bari, familiares de los reclusos organizaron manifestaciones improvisadas fuera de las prisiones y bloquearon el paso del transporte público.

En la prisión de Pavia, el domingo por la noche un gran grupo de detenidos inició un motín y tomó como rehenes a dos policías penitenciarios. Los reclusos sublevados también robaron a los agentes de prisiones las llaves de varias celdas y liberaron a decenas de presos. Los sindicatos de prisiones Uilpa y Sappe hablan de “devastación” y refieren situaciones descontroladas en las que algunos grupos de reos originaron incluso peleas entre ellos. Los cuerpos de seguridad consiguieron finalmente controlar las revueltas después de recibir refuerzos de antidisturbios de otras prisiones.

El ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, ha explicado este lunes que la situación está “bajo control”. Pero las autoridades ahora temen que se cree una especie de “efecto llamada” y se produzcan réplicas en otras prisiones.

La intención del Ejecutivo era limitar las entradas y salidas de las cárceles para evitar contagios que en un ambiente de reclusión como el de las prisiones supondrían un grave problema de salud para la comunidad. El garante de los derechos de los detenidos, Mauro Palma, ha explicado que se trata de una “suspensión temporal” de las visitas para habilitar las salas donde se producen los encuentros entre los reos y sus parientes de tal modo que sean seguras para impedir la difusión del virus.

Pero no en todos los centros penitenciarios se ofreció una alternativa para que en este tiempo los presos pudieran mantener contacto con sus familias. Según explica a este periódico Susanna Marietti, coordinadora nacional de la Asociación Antígone, que se ocupa de la protección de los derechos civiles y las garantías del sistema penitenciario, su grupo había pedido reiteradamente a los responsables de las cárceles que favorecieran el contacto de los reclusos con el exterior por otros medios. “Estamos en el año 2020, basta con instalar un teléfono, no es posible que no se pueda organizar algo tan sencillo”, dice. “Desde hace días estábamos avisando de que la situación podía explotar en cualquier momento, lamentablemente hemos llegado tarde”, añade. “La situación ha comenzado a ser dramática y no parece que vaya a detenerse aquí”, lamenta.

Señala que comparten las medidas que ha adoptado el Gobierno en relación con las visitas, “son razonables, si el virus se propagara en las cárceles sería un problema enorme”, puntualiza, “pero era necesario acompañar esas disposiciones de otras urgentes para no ahondar aún más en el aislamiento de los presos. Ya viven aislados, si se imponen medidas adicionales de confinamiento se extrema su vulnerabilidad”, agrega. E indica que en los últimos días en todas sus sedes del país han recibido un torrente de llamadas de familiares preocupados porque no tenían noticias de la prisión y preguntaban por la situación de sus seres queridos detenidos.

Antigone, la principal asociación de Italia en materia penitenciaria, ha pedido a los responsables de las prisiones y a los jueces “que vayan a las prisiones inmediatamente a explicar a los detenidos lo que está sucediendo con el coronavirus y las medidas que se están adoptando”. También han enviado un llamamiento a los presos para que conserven la calma y abandonen los comportamientos agresivos. “La violencia en ningún caso puede ser un instrumento para resolver ningún conflicto”, dice Marietti. El ministro de Justicia aseguró el lunes que se han activado grupos especiales de trabajo para garantizar “la información constante” dentro de los penales a los detenidos y a los trabajadores.