El Gobierno equipara la fiscalidad de todas las confesiones religiosas

Todas las confesiones religiosas tendrán el mismo tratamiento fiscal en España. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová que les permitirá disfrutar de los mismos beneficios fiscales, como la exención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en los bienes destinados al culto y no tener que pagar el impuesto de sociedades, que ahora mismo tienen reconocidos la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. El mensaje de fondo es poderoso: España da un paso relevante en su apuesta por la laicidad y su condición de un Estado aconfesional con la equiparación fiscal de todas las religiones. Sin excepciones. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunirá este martes en la sede del ministerio con los representantes de las cuatro confesiones para informarles de los planes del Gobierno. Estos cultos cuentan con 1,3 millones de fieles en el país: un millón son ortodoxos —la mitad corresponden al arzobispado rumano—, 122.000 testigos de Jehová, 100.000 budistas y 61.400 mormones.

Los beneficios fiscales serán los mismos que ya disfrutan las entidades sin ánimo de lucro, como ONG y fundaciones, además de las confesiones religiosas con acuerdos de colaboración con el Estado, según adelantan fuentes gubernamentales a EL PAÍS. La reforma que hará posible el trato equitativo de todas las confesiones se articulará a través de una enmienda del PSOE a la proposición de ley de modificación de la ley de mecenazgo, que se transaccionará con otros grupos parlamentarios y se aprobará este miércoles en el Congreso. La enmienda regulará el reconocimiento de la exención del IBI para los bienes destinados al culto y sus dependencias o edificios y locales anejos que estén destinados al culto, a la asistencia religiosa y a la residencia de ministros de culto. Esta misma figura fiscal se aplicará a los locales destinados a oficinas de las entidades religiosas y los centros destinados únicamente a la formación de ministros de culto.

Según cálculos del Gobierno, la Iglesia Ortodoxa cuenta en España con 148 bienes, locales y centros. La Unión Budista de España-Federación de Comunidades Budistas de España tiene adheridas 23 entidades, más la propia federación. Los Testigos de Jehová tienen inscritas dos entidades, disponen de un centro importante en Ajalvir (Madrid) y tienen anotados 785 lugares de culto, de los que el 60% son en propiedad. En el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días contabiliza una entidad inscrita, un templo principal en propiedad ubicado en Madrid y 123 lugares de culto, de los que al menos 22 son en propiedad.

El grupo parlamentario socialista también incluye en su enmienda el reconocimiento de otras exenciones fiscales en impuestos estatales, como es el caso del Impuesto de Sociedades, y de tributos locales, como el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el Impuesto de plusvalía, que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento en el que se transmiten. Además, las confesiones religiosas que suscribirán este martes el acuerdo con el Gobierno podrán disfrutar de incentivos al mecenazgo, incluyendo, por ejemplo, desgravaciones fiscales en el IRPF para quienes hagan donativos. Por tanto, los fieles de esas confesiones podrán deducirse gastos que tengan que ver con donaciones a sus iglesias, como sucede con el caso de los católicos, los judíos o los musulmanes. Las casillas de la Iglesia católica y de fines sociales en la declaración de la renta no se verán afectadas, según las fuentes consultadas.

Una demanda histórica

El Gobierno destaca que con esta medida se responde a una demanda histórica de estas confesiones, que tenían un peor régimen tributario pese a contar con un “notorio arraigo” en España, con independencia de que si tenían o no suscrito un acuerdo de colaboración con el Estado. Las fuentes consultadas recalcan que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se fundamenta en los artículos 9.2 y 16 de la Constitución y que lo que se pretende es “corregir una diferencia de trato de difícil justificación”. El artículo 9.2 de la Ley Fundamental señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El artículo 16 de la Constitución establece que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. La Constitución recoge además que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” y que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Confesiones con arraigo

Se trata del tercer acuerdo que el Gobierno alcanza con las confesiones religiosas y el primero que se logra con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, los mormones y los Testigos de Jehová desde su reconocimiento como confesiones con notorio arraigo en 2003, 2006, 2007 y 2010, respectivamente. El ministro de la Presidencia acordó en marzo con la Conferencia Episcopal Española el final de dos privilegios fiscales. El resultado fue su tratamiento en materia fiscal “absolutamente idéntico y equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”, subrayó Bolaños. La Iglesia, tras más de un año de negociaciones discretas, accedió al fin de las exenciones, derivadas de los acuerdos con el Vaticano, que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y al impuesto por contribuciones especiales. La cuantía superará, según los cálculos del Gobierno, los 16 millones de euros. La eliminación de ambos privilegios fiscales permitirá a los ayuntamientos recaudar y poder disponer de unos ingresos públicos con los que hasta ese momento no contaban. El pago de ambos impuestos afecta a las 70 diócesis y casi 23.000 parroquias, así como a las órdenes y congregaciones. Según los datos del registro, más de 6.000 entidades tendrán que abonar esos tributos.

La Conferencia Episcopal Española admitió en enero de 2022, en su primer acuerdo suscrito con el Ejecutivo de Sánchez, que no eran suyos al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando la reforma de José María Aznar. Sánchez y Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, firmaron el acuerdo por el que se iniciaron los trámites para la devolución de ese millar de bienes a sus propietarios. La Iglesia reconoció que esas propiedades “pertenecen a un tercero o [a la Iglesia] no le consta la titularidad sobre el mismo”.