El Gobierno elimina dos privilegios fiscales de la Iglesia

La Iglesia española pagará dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta. El Gobierno, que destaca que ha puesto fin a su régimen fiscal privilegiado y que desde ahora será idéntico al de cualquier entidad sin ánimo de lucro, ha acordado con la Conferencia Episcopal Española el fin de las exenciones, derivadas de los acuerdos con el Vaticano, que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y al impuesto por contribuciones especiales.

La cuantía superará, según los cálculos del Gobierno, los 16 millones de euros. La eliminación de estos privilegios fiscales de los que se beneficiaba la Iglesia católica supondrá que los ayuntamientos podrán recaudar y disponer de unos ingresos públicos con los que hasta ahora no contaban. El pago de ambos impuestos, que desde hoy entran en vigor, afectará a las diócesis (70) y parroquias (casi 23.000), así como a las órdenes y congregaciones. En total serán más de 6.000 entidades las que tendrán que abonar los tributos, según datos del Registro.

La Iglesia seguirá sin pagar por sus inmuebles tributos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, sociedades o los de donaciones y limosnas, tal y como acordó el Estado con la Santa Sede en 1979. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha resaltado que el trato a la Iglesia en materia fiscal será a partir de este momento “absolutamente idéntica y equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”. “Por eso hoy podemos afirmar que terminan sus privilegios fiscales”, ha querido subrayar. Es decir, tendrá el mismo tratamiento tributario que ONG como Médicos del Mundo o Cruz Roja. “A partir de ahora la Iglesia pagará los impuestos en la misma medida, por las mismas causas y con las mismas exenciones que las entidades sin ánimo de lucro”, ha enfatizado Bolaños. El Gobierno se llegó a plantear en 2018 modificar los acuerdos con la Santa Sede y las leyes necesarias para acabar con la exención del IBI de que disfruta la Iglesia en sus edificios no dedicados al culto, una reclamación histórica de colectivos laicos y grupos de izquierda, pero esa modificación finalmente no se llevó a cabo.

El acuerdo se ha hecho efectivo hoy mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la nunciatura. Bolaños, tras un año de negociaciones “discretas e intensas”, lo ha cerrado en un encuentro con el nuncio en España, el arzobispo Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en el palacio de Santa Cruz de Madrid, sede del Ministerio de Exteriores. El pacto se desarrolla “en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”, según un comunicado conjunto del Ejecutivo y la Iglesia.

Para hacer efectiva la revisión fiscal, el Gobierno procederá a la derogación de la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se regula la inclusión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICO) en el acuerdo entre España y la Santa Sede sobre asuntos económicos.

Los últimos acuerdos firmados entre el Gobierno y la Iglesia demuestran la relación fluida entre ambas instituciones, pese a las diferencias en algunos temas como el de la fiscalidad o los casos de abusos a menores durante décadas. Bolaños ha visitado tres veces la sede del Vaticano como responsable de Presidencia. En junio de 2022 mantuvo una audiencia privada con el Papa.

Se trata del segundo acuerdo que el Gobierno de Pedro Sánchez alcanza con la Iglesia. En el anterior, suscrito en enero del año pasado, la Conferencia Episcopal Española admitió que al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando la reforma de José María Aznar no eran suyos. Sánchez y Omella sellaron el acuerdo por el que se iniciaron los trámites para la devolución de ese millar de bienes a sus propietarios. En el comunicado conjunto con el Ejecutivo, la Iglesia reconoció que esas propiedades “pertenecen a un tercero o [a la Iglesia] no le consta la titularidad sobre el mismo”.

Las propiedades inmatriculadas de forma indebida que la Iglesia ha reconocido abarcan desde viviendas a colegios y terrenos rústicos y urbanos. Estaban repartidas por toda España, aunque la mitad se concentraba en Castilla y León (485 de las 965 inmatriculaciones ilícitas reconocidas). La siguiente era Cataluña con 101. Del listado, 208 eran inmuebles que pertenecen a otras personas —aun así la Iglesia los registró a su nombre— y 757 eran bienes que a la Conferencia Episcopal no le constaba que fueran suyos aunque figuren a su nombre en los registros. En el listado de bienes había 502 fincas rústicas, 151 fincas urbanas, 98 viviendas y 38 cementerios.

Aunque las inmatriculaciones reconocidas por la curia española como irregulares fueron únicamente el 2,8% de todas las registradas, el Gobierno resalta el simbolismo que entrañó su aceptación por parte de la Iglesia. Lo mismo sucede ahora con la eliminación de la exención que la Conferencia Episcopal disfrutaba, ahorrándose el pago de las licencias de obras y las contribuciones especiales. Una renuncia, la de la Iglesia, que La Moncloa valora al tratarse de una institución con la que mantiene discrepancias en otros ámbitos. “Tenemos algunas diferencias, quién no las tiene, pero lo importante es que hemos puesto en el centro los acuerdos el bien común y el interés general”, ha concluido Bolaños en una comparecencia a la que no ha asistido ningún miembro de la cúpula eclesiástica.