Bruselas advierte a la Junta andaluza de que su ley puede tener “efectos desastrosos” en Doñana

Nuevo varapalo de la Comisión Europea a la Junta de Andalucía por su ley sobre regadíos en el entorno de Doñana. El Gobierno autonómico de Juan Manuel Moreno ha acudido este lunes a Bruselas para intentar convencer a las instituciones comunitarias de que el proyecto de ley para convertir en suelos de regadío cientos de hectáreas de cultivos de fresas junto al Parque Nacional no le perjudica. En cambio, lo que se ha encontrado su consejero de Sostenibilidad en una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, es la enésima advertencia de que la norma que tratan de sacar adelante el PP y Vox pone en riesgo la zona protegida. “Si se aprueba como se ha propuesto, [la ley] podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000″, alerta el departamento de Sinkevičius tras la reunión en un comunicado.

El comisario europeo, que se ha mostrado “muy preocupado” por la deriva de la normativa, ha recalcado que esta incentivará que los agricultores cuenten con el uso del agua de lluvia y las superficiales, lo que sumaría presión sobre el acuífero, declarado ya sobreexplotado en 2020. “Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE”, ha advertido Sinkevičius en una nota. Sus argumentos son muy similares a las alertas que ha emitido el Gobierno de Pedro Sánchez. Este lunes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado que si sale adelante, llevará la norma andaluza al Tribunal Constitucional.

De momento, la Junta no da su brazo a torcer pese al tono contundente y las repetidas advertencias de la Comisión Europea. El pasado viernes Moreno se abrió a modificar la ley en aquello que Bruselas le pida, y este lunes mantiene la puerta abierta a esa posibilidad, aunque minimizándola: “Cuando Bruselas diga que la ley desprotege Doñana y en qué aspectos, entonces veremos si la cambiamos. Pero la Comisión nunca dirá que la tumbemos porque respeta la autonomía parlamentaria. Estamos abiertos a que la ley se mejore, pero tenemos competencia y legitimidad”, ha asegurado un portavoz de la Junta.

El Gobierno andaluz ha intentado quitar hierro a la dureza de la versión sobre el encuentro —en el que han participado también un enviado de la representación permanente de España ante la UE y un abogado del Estado de la delegación diplomática— difundida por el comisario europeo: La Junta asegura que las frases más severas fueron pronunciadas al inicio de la reunión y que Sinkevičius (lituano, cercano a Los Verdes) se ha comprometido a estudiar su informe de cinco folios que resume las medidas implementadas por la Junta en Doñana. “Pedimos un voto de confianza”, añade este portavoz.

La Junta ha repetido desde principios de marzo que su propuesta solo implica la ulterior concesión de aguas superficiales a los agricultores por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —perteneciente al Gobierno—, y que, por tanto, no afectaría al dañado acuífero, a diferencia de su proposición presentada hace un año. Sin embargo, la Comisión —como en sus anteriores cartas— se ha vuelto a alinear con el Gobierno, los científicos y los ecologistas, que han cargado contra la propuesta de la derecha andaluza porque incrementa la presión sobre el parque en una situación de sequía extrema y donde los regadíos de frutos rojos ya han bajado el nivel freático del acuífero como nunca antes.

El choque por el futuro del Parque Nacional ha llegado de lleno en Bruselas y en precampaña para las elecciones municipales en Andalucía y será en las instituciones comunitarias donde parece que se dirimirá la defensa de Doñana. “Los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto”, argumenta la Comisión. En un ejercicio de deconstrucción de los argumentos del Gobierno autonómico de Moreno, el comisario Sinkevičius ha recordado además que España aún tiene que cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 y que si no, se puede enfrentar a otro recurso judicial e incluso a una multa, como reclamó el Ejecutivo comunitario por carta en marzo.

Además, para el comisario de Medio Ambiente, la normativa que supondría la legalización de cientos de hectáreas de cultivos ilegales no va por la buena dirección. “Existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones”, dice el departamento de Sinkevičius en su comunicado sobre la reunión. El comisario evaluará ahora la información que le ha proporcionado el Gobierno y también la Junta.

El Gobierno autonómico de Moreno, que había tratado de ventilar sus críticas al Ejecutivo en Bruselas, ha asegurado que acudía a la Comisión a trasladar la “verdad” de su normativa sobre Doñana frente al “ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España”, ha declarado el consejero de Sostenibilidad andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, tras la reunión. El consejero regional ha asegurado que la norma “soluciona problemas y salvaguarda” Doñana, su acuífero.

La guerra de declaraciones cruzadas entre el Gobierno y la Junta ha subido así de tono este lunes. “La mayor parte de la reunión ha versado sobre la preocupación que tiene la Comisión Europea acerca del cumplimiento de la sentencia, que en un 80% es responsabilidad del Gobierno de España, independientemente de la presentación de la proposición de ley o no. También me ha mostrado [Sinkevičius] la preocupación por todo el revuelo mediático que estamos viviendo en nuestro país”, ha acusado Fernández Pacheco, que también es portavoz de la Junta.

“A nadie se le escapa que si otra comunidad autónoma, como Cataluña, presentara una propuesta de ley —cuya toma en consideración en el parlamento es el único paso que dado— no estaríamos asistiendo al torbellino de declaraciones e insultos que el Gobierno de España está profiriendo”, ha añadido Fernández-Pacheco.

Mientras, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aclarado este lunes que no negociará con la Junta de Andalucía la proposición de ley para convertir en suelos de regadío cientos de hectáreas de cultivos de fresas en el entorno de Doñana. Ribera ha exigido a la Junta que retire su proposición, que llevará al Tribunal Constitucional si se aprueba finalmente, mientras que el Ejecutivo autonómico ha aireado sus críticas al Gobierno en Bruselas tras reunirse con el comisario europeo.

Ribera ha sido muy tajante al cargar contra la Junta: “No caben enmiendas, solo cabe la retirada. El Gobierno central no tiene intención de negociar ilegalidades”, ha afirmado la ministra en una rueda de prensa, informa Manuel Planelles. Ribera ha recordado que el Ejecutivo central no dudará en recurrir ante el Tribunal Constitucional esa proposición si finalmente la aprueba el Parlamento andaluz. Y también ha incidido en que la decisión de PP y Vox puede acarrear una sanción contra España. Ribera ha asegurado que su Gobierno buscaría en ese caso la forma de repercutir esa multa a la Junta de Andalucía. “Dejen por favor de aliarse con Vox”, ha pedido al PP. El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en 2021 por desproteger Doñana tras una denuncia de la Comisión Europea por incumplir las directivas de aguas y hábitats.

“No hay nada que negociar”

En paralelo, el PSOE andaluz ha anunciado este lunes que no va a participar en la tramitación de la proposición de ley porque entiende que “no hay nada que negociar”, según el secretario general socialista, Juan Espadas. Es decir, cuando se abra el trámite de presentación de enmiendas, no las registrarán si la situación se mantiene igual. Del mismo modo, Por Andalucía (la coalición de IU, Podemos y Más País) también permanecerá con los brazos caídos. “No consideramos que pueda mejorarse, puesto que se trata de un disparate de principio a fin”, aseguraron fuentes del grupo parlamentario. El grupo mixto-Adelante Andalucía sopesa también no presentar modificaciones.

La proposición de ley de PP y Vox se tramita por la vía de urgencia, lo que permite reducir los plazos a la mitad y podría estar aprobada a finales de julio. El plazo de solicitudes de comparecientes finaliza el próximo 2 de mayo, informa Lourdes Lucio.