Escocia fija por ley la gratuidad de los productos para la regla

Escocia continúa haciendo historia en materia de gratuidad de productos para el período femenino y, desde este lunes, es el primer territorio del mundo donde el derecho a acceder a ellos sin coste alguno está consagrado en una ley. La apuesta refuerza las provisiones que ya existían en ámbitos como los colegios, o las universidades, y las amplía a todos los espacios públicos, mediante la entrada en vigor de la denominada Ley de los Productos de la Regla, avalada por unanimidad en el Parlamento escocés en noviembre de 2020.

La legislación es pionera y, pese al apoyo total que recabó su aprobación, inicialmente había sido recibida con cierta reticencia por el Gobierno del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés), preocupado por las dificultades de poner las propuestas en práctica. Pero gracias a la campaña de la promotora de la normativa, la diputada laborista Monica Lennon, en colaboración con los grupos que abogan por el fin de la llamada pobreza menstrual (referida a la falta de recursos para comprar productos sanitarios básicos), Escocia sienta un precedente que aumenta la presión sobre otras administraciones para que adopten estrategias similares.

El reto es notable, como admiten los propios activistas que, desde hace años, demandaban la gratuidad de los productos. Desde hoy, autoridades locales y gestores educativos deberán garantizar que están disponibles sin ningún coste adicional para quienes los necesiten. La aspiración, no obstante, no es completamente novedosa, ya que desde 2017, en Escocia se han invertido unos 27 millones de libras (unos 32 millones de euros) para ofrecer acceso a estos productos sanitarios en espacios públicos.

La culminación de estas acciones diseminadas en una ley que unifica la obligatoriedad no habría sido posible sin la implicación de autoridades municipales y organizaciones relacionadas con la materia, según reconoce la propia Monica Lennon, que ha reivindicado el precedente histórico de hoy como “otro gran hito que demuestra la diferencia que pueden generar decisiones políticas progresivas y valientes”. La entrada en vigor de la normativa coincide, además, en plena crisis del coste de la vida en el Reino Unido, un país donde, a medida que se acerca el invierno, se prevé una época especialmente complicada, en la que la ciudadanía se verá forzada a importantes renuncias para hacer frente a la presión inflacionista.

Para las organizaciones que llevan años demandando esta medida, los productos para la regla deberían ser tan accesibles y ubicuos como el papel higiénico en los baños públicos. Según un estudio elaborado antes de la pandemia por Hey Girls, una empresa social que lucha contra la pobreza menstrual, una de cada cuatro mujeres en Escocia había sufrido en algún momento dificultades para comprar compresas, tampones y demás productos para la regla. En sus informes, recogen la proliferación de casos como los de madres de familia que tienen que elegir entre estos productos, o alimentar a sus hijos, lo que hace que tengan que recurrir a fórmulas alternativas caseras, como rellenar calcetines con periódicos o pan.

El propio Gobierno escocés ha admitido este lunes que facilitar acceso gratuito es “fundamental para la igualdad y la dignidad”, sobre todo, ante las “difíciles decisiones” que impondrá, cada vez más, la escalada de precios. Como consecuencia, medidas que ya existían, como la provisión sin coste en escuelas y universidades, ahora tienen protección legal, y el gran reto es, por tanto, garantizar que llega a quienes lo precisan, la preocupación inicial del Ejecutivo, el cual, durante la tramitación parlamentaria de la ley, introdujo una serie de cambios que resultarían clave para la aprobación final por unanimidad.

En cualquier caso, el Gobierno había facilitado ya una partida de más de cinco millones de libras (casi seis millones de euros) para ayudar a las instituciones educativas a financiar los productos, así como para respaldar la distribución entre aquellos hogares de menores recursos, una tarea asumida por organizaciones como FareShare. Asimismo, había facilitado cuatro millones más para las autoridades locales, con el propósito de que pudiesen ampliar la dispensación en otros espacios públicos y medio millón adicional para los clubes deportivos.

Arraigo en la sociedad

La iniciativa prendió en el tejido social y, desde hace años, numerosos negocios de hostelería, como pubs y restaurantes, han ofrecido productos de manera gratuita, un gesto de solidaridad, puesto que no era obligatorio.

La gran incógnita ahora es si la iniciativa de Escocia inspirará a otras administraciones. El Gobierno británico cuenta con un grupo de trabajo para mejorar la accesibilidad y eliminar el estigma en torno al período y, desde hace dos años y medio, garantiza productos gratuitos a escuelas de primaria y de secundaria. El problema es que el programa al que estas se tienen que acoger apenas ha sido promocionado y, según organizaciones de la mujer muchos centros desconocen su existencia, por lo que no pueden solicitar formar parte.

Donde sí ha actuado con más determinación es en el denominado impuesto del tampón, ya que, desde el año pasado, el IVA del 5% que se aplicaba a los productos de higiene femenina quedó abolido, una decisión que pudo acometerse tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La legislación comunitaria no permite rebajarlo más, si bien, en el lustro anterior, el Gobierno había depositado ya el dinero recaudado por el IVA de los productos para la regla en un fondo empleado para apoyar a organizaciones de mujeres y ONG relacionadas con la mujer.