El IVA menstrual: un impuesto sobre las mujeres

Cuando hace falta contar cada céntimo para llegar a final de mes, gastarse 10, 15, 20 euros en compresas y protegeslips se hace un mundo. Ni Eugenia, de 49 años, ni su hija, de 15, pueden elegir si menstruar o no, ni cuándo hacerlo. La regla les llega religiosamente cada ciclo, y da igual que, una vez descontado el alquiler, les queden apenas 80 euros para vivir, 100 si hay suerte y a la madre le han salido “más horitas” limpiando. “Esos productos no pueden faltar. A lo mejor dejo de comprar otra cosa, leche por ejemplo. La leche me da un poquito de espera, esto no”, admite esta colombiana que lleva apenas siete meses en España y que usa su segundo nombre porque prefiere no ser identificada.

Su historia es muy dura, no se puede extrapolar a todo el país. Pero sí refleja una realidad incuestionable. Los productos de higiene femenina son una necesidad y constituyen un gasto al que deben hacer frente todas las mujeres en edad de menstruar, independientemente de su renta. Es tan básico en un hogar como un paquete de legumbres o el papel higiénico, y el debate sobre cómo financiarlo ha despertado en distintos puntos del globo.

Países como Canadá o la India han eliminado la tasa a los artículos de higiene femenina; Escocia ha aprobado que compresas y tampones sean gratuitos; en varios Estados de la Unión Europea la pobreza menstrual ha entrado en la agenda política. En España, el movimiento feminista lleva años reclamando que se elimine el IVA para estos productos o se aplique el tipo superreducido del 4%, destinado a artículos que se consideran de primera necesidad. Ahora ese impuesto es del 10%, el mismo con el que se tasa una cena en un restaurante, un billete de avión y una entrada para un partido de fútbol. También existe un modelo alternativo al que apunta el comité de expertos para la reforma fiscal: un tipo único de IVA, donde el Estado compensa a las personas con menos recursos.

La OCU calcula que el gasto medio en estos productos supera los 50 euros anuales para cada mujer, aunque es muy variable, de 13 a 59 si solo se usan compresas, cinco euros al año si se opta por una copa menstrual. La mayoría de las mujeres combinan varios productos. Teniendo en cuenta que la vida fértil dura unos 40 años, el gasto supera los 2.000 euros. Un gran esfuerzo para muchos hogares.

El compromiso político de una rebaja fiscal también lleva años encima de la mesa. Ni este es un debate nuevo ni es la primera vez que distintos partidos prometen bajar el IVA. Ya había ocurrido con anterioridad y esta legislatura ha vuelto a suceder. El PSOE y Unidas Podemos introdujeron en su acuerdo de coalición, a finales de 2019, el compromiso de rebajarlo al 4%. Estos días, en el borrador de la reforma de la ley del aborto, el Ministerio de Igualdad intentó algo más: eliminarlo por completo. Calculaba que costaría unos 30 millones anuales. Pero no salió adelante. Para que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto, el área de Irene Montero (Unidas Podemos) tuvo que renunciar, entre otras cuestiones, a esta iniciativa.

Ambos socios de gobierno aseguran que sucederá a lo largo de la legislatura. Pero no entró en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y Hacienda se ha negado a que su eliminación esté en la reforma normativa del aborto. Las responsables de Igualdad han prometido que volverán a proponerlo en las próximas cuentas. El departamento que dirige la socialista María Jesús Montero asegura que no hay veto a la rebaja fiscal al 4%, pero defiende que la medida se enmarque en un debate presupuestario por su impacto económico, como ya había apuntado la misma ministra.

El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo final de productos y servicios. Sus líneas básicas están definidas por la UE y permiten que coexistan tipos impositivos distintos, además de exenciones. En España hay un tipo general del 21% —el estándar no puede ser inferior al 15%—, un tipo reducido del 10% y otro superreducido del 4%, además de haber artículos y prestaciones exentas, como la sanidad o la educación.

La lógica de estos beneficios fiscales es reducir el coste de bienes y servicios básicos, que a los ciudadanos con menos recursos le consumen una mayor proporción de su renta. Pero hay también otras razones, vinculadas al diseño del sistema tributario o a decisiones políticas dirigidas a proteger determinados sectores.

Es así que medicamentos y alimentos básicos como pan, frutas y hortalizas, huevos o leche, considerandos bienes de primera necesidad, gozan del tipo superreducido del 4%. El IVA del 10% se aplica a una lista más amplia de productos y servicios, entre ellos las compresas y los tampones. En el mismo cajón se encuentran también la hostelería, las flores, las entradas a conciertos y los festejos taurinos. Bienes que, a diferencia de los productos de higiene femenina, pueden ser consumidos con mayor o menor intensidad en función de la renta de cada uno.

Alejandro Esteller, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona e Investigador del IEB, explica que los productos de primera necesidad se distinguen de los demás porque su demanda se mantiene estable aunque crezca la capacidad económica del contribuyente. “Es el caso de las compresas y los tampones. Da igual que una mujer sea rica o pobre, los va a necesitar igualmente”, ilustra.

Eso mismo es lo que dice Eugenia. El esfuerzo “es muy grande”. “Con un solo paquete no nos alcanza, nos toca comprar más, hay meses que gastamos tres y medio”, dice. En Colombia tenía una parcela y ganado. “Ahora no tengo nada”. Salió de allí buscando seguridad, porque su familia está amenazada por la guerrilla, y se rompe al recordarlo. Allí quedaron su hermana, y su hija mayor, de 26 años. Los inicios aquí no están siendo fáciles. Su hija participa en un programa de ocio de Save the Children, en la localidad madrileña de Leganés, y Cáritas las ayuda con comida. “Pero nada de aseo”. Ahora va a pedirlo expresamente.

Kena Yuguero, voluntaria en la red solidaria popular Latina Carabanchel, en Madrid, cuenta que al principio las mujeres no pedían estos productos. Comenzaron a trabajar en el barrio en 2014 y una vez al mes ofrecen artículos no perecederos. “Nos hicieron una donación de compresas y al principio se quedaban allí, muertas de risa. Las mujeres no lo planteaban, supongo que desde la vergüenza más absoluta”, prosigue. Explica que la filosofía de la red es darse un apoyo mutuo. Las 30 familias a las que ayudan participan en asambleas. Allí es donde se ha dado cuenta de hasta qué punto la regla sigue siendo un tabú. Una de ellas contó que llegó a tener que ponerse un pañal de la persona mayor a la que cuidaba.

Es algo en lo que también incide Ana Enrich, directora de la organización sin ánimo de lucro Period Spain, filial de la Fundación Period.org de Estados Unidos, y que aquí surgió durante el confinamiento “para erradicar el estigma y la pobreza menstrual”. Cree que hay un “vacío total”, que muchas ONG y despensas solidarias no reparten estos productos de forma habitual.

Apenas hay datos, lo cual hace que esta realidad se invisibilice. Enrich razona que, si dos de cada diez mujeres viven bajo el umbral de la pobreza, es posible que esa misma proporción tenga dificultades para adquirir estos productos. “Hay mujeres que utilizan trapos o que usan una compresa tres días seguidos. Esto las lleva a una situación de vulnerabilidad extrema porque la pobreza menstrual tiene consecuencias físicas, como infecciones recurrentes, por ejemplo, y psicológicas, porque el nivel de humillación es muy importante”, afirma.

Una encuesta online elaborada por el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol y Gurina concluye que el 22% de las más de 22.000 participantes no había tenido acceso a productos menstruales en algún momento de su vida por cuestiones económicas. Es “el primer proyecto de investigación” al respecto en el país, según se lee en su web. “La pobreza menstrual existe en España”, recalca Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia en Save the Children. Hay organizaciones que piden no poner apellidos a la pobreza. Ella insiste en que, aunque esta “constituye un fenómeno estructural, abordarla desde distintos ámbitos ayuda a pensar en soluciones específicas”. Teme que, dado que hay mujeres que no pueden permitirse comprar estos productos, “haya alumnas que estén faltando a clase cuando tienen la regla”.

Tanto Enrich como Del Moral recuerdan que aún hay mucho desconocimiento en torno a la regla y reclaman educación menstrual. El anteproyecto de la reforma de la ley del aborto prevé que estos artículos se entreguen de forma gratuita en centros educativos, los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusión y en prisiones, y que progresivamente todas las dependencias de los organismos públicos vayan incorporando esta medida. Enrich lo considera “una magnífica estrategia”, que han seguido “países como Francia y Nueva Zelanda”. Recuerda que, en exención de impuestos, “el primer país fue Kenia”, en 2004. A partir de ahí, otros se fueron uniendo.

Realidades distintas

La realidad varía enormemente en función del territorio. En la UE, nueve de los 27 socios contemplan un tipo de IVA por debajo del estándar (15%) a productos relacionados con la menstruación o la higiene femenina, según los datos de la Comisión Europea a 1 de enero de 2021. Irlanda es el único que aplica un tipo cero, aceptado por Bruselas porque Dublín ya tenía esa norma antes de su incorporación al club comunitario en 1973. En los cinco países más poblados de la Unión, el tipo es del 7% en Alemania, 5,5% en Francia, 10% en Italia (a partir de este año), 10% en España y 5% en Polonia.

La lista podría ampliarse rápidamente porque la UE modificó el mes pasado la directiva que regula la aplicación del IVA para facilitar la introducción de tipos reducidos (por debajo del 15% y por encima del 5%). Los Estados podrán rebajarlos en ciertos casos, sin necesidad de esperar la autorización de Bruselas, como ocurría hasta ahora. Se da esta posibilidad para “los productos farmacéuticos utilizados con fines médicos o veterinarios, incluidos los contraceptivos y los productos de higiene íntima femenina, y los productos absorbentes de higiene personal”. La norma también permite aplicar un tipo por debajo del 5% (el llamado superreducido) y uno al 0% a un máximo de siete categorías de productos considerados básicos, entre los que figuran alimentos, medicinas y productos farmacéuticos.

Esta mayor libertad para reducir el IVA facilitará los cambios dentro de cada país. Pero la Comisión Europea recuerda periódicamente la pérdida de recaudación que suponen las rebajas y excepciones. Bruselas la define como “brecha política”, porque no es consecuencia de fraude o elusión, sino de decisiones deliberadas de cada Gobierno. Y según el último informe, de septiembre de 2021, los 27 países pierden de media el 44,69% de lo que recaudarían si se suprimiesen todas las excepciones.

España figura a la cabeza de esas pérdidas, con un 57,94%. Ese dato está hinchado por la exención general en las islas Canarias —que ya eximió a compresas y tampones del Impuesto General Indirecto Canario, equivalente del IVA— y el régimen especial de Ceuta y Melilla. Pero en la parte de la brecha política atribuida exclusivamente a los tipos reducidos (donde Canarias, Ceuta y Melilla no tienen efecto), España (13,96%) también se encuentra por encima de la media (9,83%). Con datos de 2019, el informe calcula que España tiene el tipo efectivo del IVA más bajo de la UE (8,8%).

Esta es una de las razones por las que el comité de expertos para la reforma fiscal —comprometida con Bruselas para 2023— ha recomendado al Gobierno un cambio de calado en el IVA: la eliminación progresiva de los tipos reducido y superreducido y el diseño de un sistema que compense a los hogares con menos recursos. Si este mecanismo de compensación no pudiera garantizarse, propone mantener tipos más bajos para los productos de primera necesidad, y una parte del comité aconseja bajar al 4% el IVA de los artículos de higiene íntima femenina.

El economista Alejandro Esteller coincide en que sería más eficaz implantar un tipo único de IVA y diseñar políticas por el lado del gasto. “Implicaría un gran cambio, pero no es imposible. Los países nórdicos ya lo hacen”, añade. “Con un tipo único, el aumento de recaudación podría financiar políticas de gasto social dirigidas a aquellos grupos de población realmente necesitados. Es una manera más eficiente y eficaz de ayudar a esos grupos de población”.

En España, las rentas altas son las que más se benefician de los tipos reducidos, debido a sus mayores consumos. La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que el 20% de hogares con mayor renta acapara el 38% del beneficio fiscal de IVA e impuestos especiales; el 20% con menores ingresos solo se aprovecha del 8%.

Mary Mimbela se sorprende de lo que cuestan las compresas y tampones. Ella llegó de Perú hace cuatro años y ahora vive junto a sus cuatro hijos en Madrid, tres chicas y un chico. La mayor es económicamente independiente, de hecho paga 250 euros por su habitación y así ayuda a su madre con un alquiler de 680. Pero las dos pequeñas dependen exclusivamente de ella, que trabaja como interna en una casa e ingresa 1.000 euros al mes. Aunque en la red solidaria de Latina Carabanchel le dan compresas, sus hijas usan tampones, que ella tiene que abonar. “Me ha pasado muchas veces no tener para comprarlos, y he tenido que ver cómo lo hago. Cuando me he quedado sin efectivo he tenido que agarrar la tarjeta de crédito y pagar con eso”. Es algo “indispensable”. Por eso no puede comprender los precios.

Con información de María Sosa Troya, Laura Delle Femmine, Isabel Valdés y Bernardo de Miguel.