La pandemia elevó la pobreza en 2020 al mayor nivel desde la Gran Recesión

La pobreza y la desigualdad iban poco a poco corrigiéndose en España tras la Gran Recesión que estalló en 2008. Sin embargo, la pandemia y sus secuelas económicas por las fuertes restricciones que se han impuesto para combatirla han significado un fuerte revés. La pobreza grave o carencia material grave aumentó en 2020 hasta el 7% de la población, unos 3,3 millones de personas según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra es muy superior al 4,7% registrado en 2019 y se sitúa muy ligeramente por debajo del máximo del 7,1% que se alcanzó en 2014, en el peor momento de la crisis financiera. Mecanismos públicos como los ERTE y las ayudas familiares han supuesto un importante colchón que han evitado que estos números sean peores dada la brutal paralización que hubo de la actividad.

A diferencia de los otros datos que aparecen en la Encuesta de Condiciones de Vida, que se elaboran con las rentas de 2019, el indicador de carencia material grave se confecciona a partir una encuesta. Según este sondeo del INE, que se realizó en el cuarto trimestre de 2020 y por tanto refleja la situación de ese momento marcado por la covid, unos 3,3 millones de personas en España se enfrentaban entonces a una situación que el INE califica de “carencia material severa”.

Esta se entiende como la privación de hasta cuatro necesidades declaradas de una lista de nueve: experimentan serias dificultades para llegar a fin de mes (el 10%, unos tres puntos porcentuales más que el año precedente); no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 35,4%, casi dos puntos más que el año anterior); han sufrido retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal o en compras a plazos (el 13,5%, el doble que en 2019); no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año (el 34,4%, un punto más); no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (10,9%, frente al 7,6% de 2019); no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días (5,4%, frente al 3,8%); no pueden disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora.

Las comunidades autónomas donde un mayor porcentaje de personas contestó que en 2020 llegaba a fin de mes con “mucha dificultad” fueron Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%) y Extremadura (12,7%). Las autonomías que presentaron los menores porcentajes fueron Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%).

Los datos de la encuesta muestran lo que se ha visto en las llamadas colas del hambre durante la pandemia, una situación que se extendió por el golpe que se llevaron los trabajadores de la economía sumergida o que estaban como temporales. Estas cifras hablan de una situación precaria en los hogares, pero no dan la suficiente información como para indicar los niveles de indigencia, que suponen la pobreza extrema más radical.

Respecto a la desigualdad, las cifras publicadas este jueves por el INE se refieren a 2019, y por tanto no recogen el impacto que ha tenido la pandemia. A fecha de hoy solo existen unas estimaciones preliminares que elaboró el Banco de España y que confirman un fuerte aumento. Según estas, el 10% con mayores rentas pasó, con la primera ola, de ganar cinco veces lo que obtiene el 10% más pobre a ganar unas 18 veces. Y con la recuperación que se vivió en el tercer trimestre del año pasado descendió hasta las ocho veces, todavía unas diferencias muy elevadas.

Estos números se dan a pesar de que el año pasado el Gobierno aprobó el ingreso mínimo vital, que ha experimentado bastantes problemas para implantarse, sobre todo al principio. Este instrumento debería contribuir a que se extiendan las ayudas que ya daban las comunidades autónomas y que en algunos casos se consideraban insuficientes o con escasa cobertura.

La desigualdad puede adivinarse en otros datos que proporciona el INE sobre 2020. El contraste es enorme: al mismo tiempo que uno de cada diez hogares españoles declaró tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, un 19,6% de las familias afirmó que podría mantener su mismo nivel de vida durante más de 12 meses solo con sus ahorros.

Otro indicador distinto es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la llamada tasa Arope que diseña la Comisión Europea y que arroja que, con datos de 2019, un 26,4% de las personas en España estaba en riesgo de pobreza, una cifra superior al 25,3% de la encuesta precedente. ¿Significa eso que uno de cada cuatro es pobre? No exactamente. Esta estadística se construye a partir de los individuos cuyos ingresos se sitúan por debajo del 60% de la mediana ajustada según la composición del hogar (en 2019 ese umbral era de 9.626 euros para hogares de una persona y de 20.215 euros para familias de dos adultos y dos niños). En 2018, el 20,7% se encontraba por debajo de ese 60%. Y en 2019 fue un 21% a pesar de la fuerte subida del salario mínimo que se aprobó ese año. Además, se suman las familias que padecen pobreza grave, en el 7% con datos de 2020, y aquellas en las que sus miembros trabajan pocas horas, un 9,9% en 2019 frente al 10,8% del año anterior. Fruto del cruce de estos tres grupos, la población en riesgo de pobreza asciende al 26,4%. En realidad se trata por tanto más bien de un indicador de desigualdad. En la UE esta tasa se colocó en el 21,9% en 2019. De ahí que España tenga como un reto pendiente corregir la desigualdad de ingresos.

Como señala el INE, el riesgo de pobreza es mayor en la población con menos estudios y en las familias formadas por un adulto con hijos dependientes. El 49,1% de las personas que vivían en hogares de un adulto con niños a cargo se hallaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Al haber menos adultos aportando ingresos, la renta per cápita de la familia disminuye significativamente.

El desempleo es la mayor causa de riesgo de exclusión. Los ocupados presentan lógicamente una tasa de riesgo de pobreza mucho menor que la de los parados: un 15% en comparación con el 54,7%, respectivamente. Y los jubilados tienen un porcentaje de riesgo de exclusión muy similar al de los trabajadores: un 16,7%.