La mejora del empleo de junio reabre el debate sobre la subida del salario mínimo este año

“Páguenles más”, respondía hace poco el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante las dificultades de los empresarios para encontrar trabajadores en un país con casi 40 millones de desempleados. La Moncloa se inclinaba hace unas semanas por congelar definitivamente el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021, tras la fuerte subida de 2019 (22%, hasta 900 euros en 14 pagas) y el alza de 2020 (hasta 950 euros). Pero hay partido: la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presiona a favor de una subida, en contra de la opinión de la también vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

De nuevo el ya tradicional pulso entre el ala socioliberal y el flanco más izquierdista del Gobierno. “La decisión no está tomada y corresponde al presidente Pedro Sánchez”, explican fuentes gubernamentales. Sánchez, en una entrevista el jueves con La Sexta, echó balones fuera. “Vamos a ver cómo se comporta el empleo en los próximos meses”, dijo. Un día más tarde se publicó el muy positivo dato de junio: caída récord del paro de 167.000 personas y creación de 233.000 empleos. Estos buenos datos entreabren así la puerta a una subida este año, aunque sea muy moderada, casi simbólica.

A renglón seguido, el presidente apuntó que el Ejecutivo “debe poner todo el foco en la recuperación”, y añadió que la economía española se enfrenta a “altas cotas de incertidumbre”, lo que aumentaría las probabilidades de una congelación hasta que el rebote se asiente.

Esas son, grosso modo, las dos escuelas de pensamiento que conviven dentro del Gobierno, con la facción más política de La Moncloa y una parte del PSOE empujando a favor de una subida. Sánchez se mostraba hasta hace poco muy cauto, y en cambio en los últimos días tanto él como su gabinete han dado muestras de que podría haber un incremento muy moderado, que se decidirá a lo largo de julio.

El Banco de España irrumpió hace unas semanas en ese debate con un informe que se leyó con cierto sesgo: la fuerte subida de 2019, decía el estudio, restó al menos 100.000 empleos, especialmente entre los jóvenes y los grupos de mayor edad, pero el banco central no escondía que la literatura académica y los consejos de los organismos internacionales han ido variando: “El efecto sobre el empleo tiende a ser mixto”, dice ese texto.

El Gobierno, en fin, no renuncia a seguir elevando —hasta el 60% del salario medio— el SMI a lo largo de la legislatura, y hace unos días una comisión de expertos convocada por Trabajo dictaminó una horquilla de aumentos: la recomendación fue elevar entre 12 y 24 euros el salario mínimo este año; entre 24 y 40 euros en 2022 y, finalmente entre 25 y 40 euros en 2023.

Los ERTE, las ayudas directas a empresas, el ingreso mínimo vital, las reformas más importantes vinculadas a los fondos europeos y ahora el SMI se han convertido en banderas para las dos versiones de la política económica que conviven en el Gobierno.

“El compromiso es alcanzar ese 60% del salario medio a lo largo de la legislatura, pero de ninguna manera se puede poner en riesgo la creación de empleo y la recuperación económica”, explican a este diario fuentes del Ministerio de Economía. Otro de los ministros económicos apunta que no es “prudente” acometer ahora una nueva subida, y que sería preferible un aumento mayor, de una tacada, para 2022, cuando los riesgos y la incertidumbre se hayan disipado definitivamente.

La vicepresidenta Díaz, en cambio, ha dado claras muestras de apostar por una subida inmediata, tanto por el mensaje político de salida de la crisis como por el fuerte rebote que se avecina y la necesidad de evitar una recuperación desigual.

La titular de Trabajo expuso sus argumentos en una reunión con Sánchez el pasado lunes: a finales del año pasado subieron las pensiones y los sueldos de los funcionarios, la inflación está por encima del 2,5% y seguir congelando el SMI supondría una recuperación coja, con los niveles de desigualdad y pobreza en la franja alta de la eurozona y esa herida empeorando con la pandemia: los trabajadores pobres han aumentado un 16% en España durante la covid, según datos de la Confederación Europea de Sindicatos.

La posición de Díaz es compartida por algunos de los asesores del presidente en La Moncloa, por la necesidad de apuntalar la imagen del Gobierno en las encuestas, e incluso en el PSOE. “Sería un grave error político y económico congelar el SMI tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%”, sostenía un artículo publicado el pasado miércoles por Toni Ferrer, secretario de Empleo de los socialistas, que cree que el SMI debe ser “una palanca hacia una recuperación justa”.