La subida del salario mínimo agudiza el pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz
La ministra de Trabajo y Economía Social vuelve a insistir en la necesidad de incrementar el SMI, y la vicepresidenta responde que si no se alcanza un acuerdo con los agentes sociales “habría que tomarse un tiempo”
La controvertida subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que estudia el Ministerio de Trabajo para 2021 está resultando un filón inagotable para que las discrepancias entre los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, conformen un serial todavía sin capítulo final a la vista. Este lunes, la titular del departamento, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño volvieron a cruzar declaraciones en sentidos opuestos, en un día en el que de la programada reunión con los agentes sociales tampoco salió nada en claro.
“Trabajo está muy preocupado por las empresas, pero también por esos 1,5 millones de trabajadores que se verían afectados para mal por la no subida del SMI”, indicó la ministra, antes de su intervención en la clausura de una jornada organizada por el Consejo Económico y Social (CES). Díaz añadió que si las empresas españolas “no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera los nueve euros”, es “una situación muy grave”.
Esta alza de nueve euros correspondería con el aumento del 0,9% del SMI —actualmente en 950 euros repartidos en 14 cuotas—, e iría en sintonía con la mejora del salario de los funcionarios —también del 0,9%— y de las pensiones, incluidas en el proyecto de los Presupuestos de 2021.
“Nos debemos al diálogo social como siempre. Dejemos que trabaje la mesa y sigamos trabajando para mejorar la vida de la gente de nuestro país”, remachó Díaz. Ante estas declaraciones, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, respondió en La Sexta que de no existir acuerdo entre los agentes sociales —mientras que los sindicatos empujan para que la subida sea del 1,8%, los empresarios abogan por la congelación—, “a lo mejor hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación económica”, centrándose en el próximo año.
Calviño no quiso declinar por completo la propuesta de Trabajo, sino posicionarse en contra de llevarla a cabo en estos momentos. Después de subrayar que el compromiso del Gobierno es claro con la subida del SMI “con un incremento del 30% en dos años”, concluyó que la cuestión no era otra que determinar si “es este el momento oportuno” para llevarla a cabo. Un argumento que ya empleó la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la semana pasada. “La pandemia ha provocado una crisis evidente y hay que hacer un llamamiento a la prudencia”, indicó la ministra portavoz.
Las palabras de Calviño no fueron bien recibidas por el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que en su cuenta de Twitter respondió con contundencia a la vicepresidenta. “Decir esto es tanto como otorgar derecho de veto a CEOE. Se desliza un mensaje claro: ‘si no acordáis subida del SMI, no se sube’. El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas. Así no”, publicó en un primer momento. “Si no hay acuerdo en una mesa de diálogo social (o en cualquier negociación), el Gobierno debe arbitrar una salida y su propuesta. Pero si se alinease con la posición de máximos de una parte, estaría incentivando el desacuerdo. Y eso antes de una reunión, solo tiene una lectura”, añadió más tarde.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, fue el encargado de dirigir la reunión con los representantes de los sindicatos UGT y CC OO, y la patronal, en un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social que terminó sin grandes avances, y con la mira puesta en una nueva reunión todavía sin fecha concreta. En la vista volvieron a quedar al descubierto las enormes diferencias entre los representantes de los trabajadores y los empresarios en cuanto a la que sería la séptima subida consecutiva del SMI desde 2014.
Las posturas no podrían estar más alejadas entre ambos bandos, y la potestad final de decretar una nueva subida ni siquiera requiere la aprobación por norma de todas las partes. Esa es la nota que podría romper el equilibrio que ha imperado en una mesa de la que han salido adelante acuerdos imprescindibles para el mantenimiento del empleo durante los meses de pandemia. “Nosotros nos vamos a sentar siempre, pero no creemos que sea apropiado que en estos encuentros las cosas lleguen ya aprobadas de casa y que no haya margen para debatir”, reconoce Antonio Garamendi, presidente de la patronal (CEOE).
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