El difícil equilibrio entre pagar y cobrar lo mínimo

El término mileurista, aceptado por la Real Academia Española (RAE) en 2012, refleja en su definición ese sentimiento de frustración que motivó su invención siete años antes. Sin embargo, el sueldo de 1.000 euros al mes que la RAE determina como una cantidad “generalmente por debajo de las expectativas profesionales” de la persona que lo recibe, es hoy la cima del Everest laboral que pretenden coronar sindicatos y Gobierno a través del salario mínimo interprofesional (SMI). La voluntad ampliamente publicitada en las últimas semanas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de llevar a cabo una nueva subida para el próximo año —sería la séptima consecutiva desde 2014—, ha despertado reacciones dispares tanto en el propio Gobierno de coalición como entre las dos figuras básicas de cualquier relación de trabajo asalariado: el que paga y el que cobra.

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¿Un impulso a la demanda o una medida temeraria en medio de la crisis?

“Por muy pequeña que fuera esa subida me permitiría vivir mucho más dignamente”, reconoce David (nombre ficticio), que trabaja desde hace dos años en un estudio de diseño 3D de Madrid, donde cobra los 950 euros repartidos en 14 pagas que determina la configuración actual del SMI. El suyo no es el único caso en la empresa, donde de los 12 miembros que componen la plantilla, un tercio cobran el mínimo indispensable. “Antes de que pasase todo lo del coronavirus, la intención de la empresa era tener salarios bajos que, dependiendo de los proyectos que hiciésemos, y de los ingresos que hubiese, se complementarían con un sistema de bonus. Ahora se ha congelado todo, y hasta que la situación no mejore no quieren oír ni hablar del tema de subir los sueldos”, añade. A sus 28 años, David comparte un piso que pertenece a sus padres, a los que les paga un alquiler que se lleva un tercio de su salario. Asegura que si ganase más “consumiría más”, y se podría plantear la vida “de una forma diferente”.

“Lo que tiene de específica esta crisis es una doble circunstancia: por un lado, la incertidumbre que domina tanto al individuo como a la propia economía, ya que nadie sabe con exactitud cuándo va a terminar la pandemia. Y por otro, que para muchos colectivos, como pueden ser los trabajadores que cobran los salarios más bajos, estos incrementos de ingresos que pueden venir desde el SMI podrían desembocar en más ahorro y no en más gasto”, apunta Raymond Torres, director de coyuntura en Funcas.

“¿Alguien puede pensar que disfruto con pagarle menos a la gente? Nosotros en el campo vamos al céntimo, por lo que una subida de nueve euros —que sería la resultante del incremento del 0,9% que se plantea para 2021 el Gobierno— puede parecer insignificante, pero para una explotación de cítricos o de frutas y hortalizas no lo es, porque hay cientos de trabajadores”, asegura Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), y dueño de una explotación agrícola y ganadera en Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

Barato se siente “perjudicado” por una subida generalizada que afectaría de manera desigual a distintos sectores que no se encuentran en la misma situación como consecuencia de la pandemia. “No es que no seamos partidarios de la subida del salario mínimo, es que hemos tenido unas subidas en los últimos tres años de más del 33%, y encima la situación que está atravesando el sector agrario en cuanto a la rentabilidad en estos momentos no es la mejor”, añade. “Parece que tuviéramos una cerrazón por la que queremos tener a nuestros trabajadores con un salario de miseria, y no es así. Si hay rentabilidad, la hay para todos. Y nosotros hemos tenido reuniones en los últimos años para negociar los convenios colectivos con los que nos regimos”, defiende. “La subida del salario mínimo, sin ningún estudio determinante de las consecuencias, es una penalización al sector agrario muy grande. Además de que contribuye a destruir empleo”.

“España es el país cuyo mercado laboral ha sufrido el mayor golpe de todos los países europeos y muchas de las ocupaciones afectadas son actividades con salarios bajos. La difícil situación de las empresas en estos momentos hace que con una subida del SMI se ponga en juego el empleo de muchas personas”, apunta Marcel Jansen, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador desde 2009 con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Uno de los eslabones más débiles a pesar de su considerable peso en el tejido empresarial español son los trabajadores autónomos. De entre todos ellos —son más de tres millones, según las cifras del último cómputo en la Seguridad Social—, quienes han encarado un desafío mayor han sido aquellos con trabajadores a su cargo. “El trabajo autónomo requiere que se impulse el consumo de manera urgente. Es vital que los pequeños negocios incrementen su facturación y solo conseguiremos incentivarlo si crece la capacidad de consumo de los más de 2.000.000 de trabajadores que tienen salarios más bajos. El incremento del SMI hasta los 1.000 euros mensuales sería una gran inyección en la economía de las familias, y supondrían 1.400 millones de euros en el 2021”, comenta Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Sin incentivos

“Estoy totalmente a favor de que se suba el SMI. Como si deciden que tiene que ser hasta los 1.500 euros, pero, ¿de qué manera va a ayudarme a mí el Gobierno para que pueda pagarle eso a mis empleados? Con la covid he tenido las tiendas cerradas durante un tiempo, tuve que hacer un ERTE y seguí pagando muchos gastos. Ahora que he vuelto a abrir estamos con unos horarios flexibles que dependen de lo que nos dejen hacer y otra vez vuelven a meternos la mano en el bolsillo”, se queja Félix Pérez, dueño de cuatro tiendas de productos de decoración y del hogar repartidas por distintas zonas de Pontevedra (Galicia), y que cuenta con ocho asalariados a su cargo.

“La gente se debe pensar que todos los empresarios somos como Amancio Ortega, y no. En España la mayoría somos pequeñitos y siempre tenemos que ser nosotros los que saquemos esto adelante”, protesta Pérez. “Está claro que cuanto más alto sean los salarios, mayor poder adquisitivo habrá en la calle y eso redundará en beneficio de las propias empresas. Pero lo que no puede ser es que a mí me ordenes una subida por ley y no me ayudes para que pueda llevarla a cabo. Y mucho más ahora, en un momento en el que todos estamos muy justitos”, completa.

A pesar de que fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que su voluntad no es imponer una subida en contra de los intereses de los empresarios, la realidad es que no están obligados a pactarla con sindicatos y patronal.

Disgregando el salario mínimo en 12 pagas —como se contabiliza en el resto de países—, España, con 1.108 euros, se coloca en el decimotercer escalón mundial, por detrás de Estados Unidos (1.118 euros); Japón (1.213 euros); Israel (1.233 euros); Coreal del Sur (1.365 euros); Canadá (1.479 euros); Francia (1.539 euros); Reino Unido (1.583 euros); Alemania (1.584 euros); Bélgica (1.625 euros); Países Bajos (1.680 euros); Irlanda (1.706 euros) y Luxemburgo (2.142 euros).

“Entiendo que quien no cobre el SMI no sepa lo que supone que se lo suban, pero no lo quiero para vivir con más lujos, sino para vivir algo mejor”, concluye David.