Ángela Rodríguez: “La reforma de la ley del aborto se va a aprobar en esta legislatura”

La secretaria de Estado de Igualdad habla de las últimas tensiones con el PSOE por la ley del ‘solo sí es sí', de la nueva norma para la interrupción voluntaria del embarazo y de las cuestiones que aún quedan pendientes

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, retratada en la sede del ministerio, el 19 de mayo de 2022.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, retratada en la sede del ministerio, el 19 de mayo de 2022.Claudio Alvarez

Cualquiera que le pregunte a Ángela Rodríguez (Pontevedra, 1989), secretaria de Estado de Igualdad, cómo han ido los últimos días tendrá la misma respuesta: “Muy cansadas, porque llevamos meses intensos. Pero creo que esta es la mejor semana que ha tenido el Ministerio de Igualdad. Hemos conseguido dos cosas que son históricas”. También puede contestar como Pam, la especie de alter ego por el que es conocida en las redes y que no se calla nada que no quiera callarse. Entonces dirá que “joder, qué días”, pero “es que esto es histórico de verdad”. Habla mucho y muy rápido, maneja la teoría de lo que cuenta, pero no se engola, no usa sinónimos neutros para lo feo ni metáforas para las cosas que tienen un nombre claro. Se le entiende siempre.

Con el “qué días” o el “muy cansadas”, en plural, la secretaria de Estado de Igualdad se refiere al equipo del ministerio. Con las “dos cosas que son históricas”, históricas “de verdad”, a la reforma de la ley del aborto y a la llamada ley del solo sí es sí. Ambas, en la última semana, se han acercado un poco más a su aprobación definitiva, esa que hará que acaben en el Boletín Oficial del Estado y entren en vigor. La primera salió del Consejo de Ministros el pasado martes, rumbo al Consejo de Estado y al Poder Judicial para que se pronuncien. La segunda se aprobó en la Comisión de Igualdad el miércoles y la semana que viene aterrizará en el pleno del Congreso de los Diputados. Fue esta, la de Libertad Sexual, la que pareció peligrar en el último momento. En el patio del Ministerio de Igualdad, este jueves, Rodríguez cuenta, entre otras muchas cosas, lo que ocurrió.

Pregunta. Las socialistas registraron una enmienda para introducir el proxenetismo en la ley del solo sí es sí con la que los grupos parlamentarios no estaban de acuerdo, ni con la redacción que tenía ni con que fuera en esa normativa, y la ley peligró en el debate que se produjo en la Comisión de Igualdad del miércoles. Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad socialista, afirmó que el PSOE se había quedado solo por querer definir el proxenetismo. ¿Qué pasó exactamente?

Respuesta. Creo que nadie se ha puesto de acuerdo con nadie en una definición de proxenetismo. La primera propuesta que se hace para regular esto de otro modo es la que hace el Ministerio de Igualdad y llevamos seis meses haciendo propuestas de redacción de proxenetismo para intentar que todos los grupos se pusieran de acuerdo. No fue posible.

P. Al final, el PSOE retiró la enmienda para que la ley saliera adelante. ¿Qué pasa ahora?

R. Hay que seguir trabajando en una redacción que convenza a todos los grupos. Todos están de acuerdo en que hay que perseguir la explotación sexual, el proxenetismo, y creo que ahí nos vamos a encontrar. Simplemente necesitamos más tiempo para encontrar esa redacción. El Ministerio de Igualdad hace ya muchos meses que entregó al de Justicia un borrador de Ley Integral contra la trata con fines de explotación sexual.

P. ¿En qué estado se encuentra ese documento?

R. Está a disposición de Justicia desde enero y tiene que responder.

P. ¿Están a favor de la abolición de la prostitución?

R. Claro. De hecho, este es el ministerio que por primera vez en la historia de nuestra democracia ha presentado una ley contra todas las formas de violencia sexual que incluye la persecución del proxenetismo [la del solo sí es sí]. Y, además, queremos hacerlo garantizando los derechos de estas víctimas. Porque es tan importante sancionar penalmente las violencias como proteger a estas mujeres.

P. ¿Y está a favor el ministerio del cierre de clubes [es una de las propuestas de la proposición de ley para acabar con el proxenetismo que el PSOE registró el jueves tras retirar su enmienda de la ley de Libertad Sexual]?

R. Sí. El Ministerio de Igualdad, durante la pandemia, envió una carta a todas las comunidades autónomas para que, por razones sanitarias, se cerrasen todos los puticlubes de este país. No conseguimos cerrar ni uno. Las comunidades, independientemente de su color político, no hicieron su trabajo para cerrarlos.

P. Pasemos a la norma que acaba de salir del Consejo de Ministros, la reforma de la ley del aborto. Hubo tres asuntos que el ministerio quería que fueran dentro de esa ley y que quedaron fuera. La eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, que ustedes calcularon en 30 millones de euros anuales, es la primera.

R. La ministra de Hacienda [María Jesús Montero] ha señalado que prefiere que el momento procesal sea otro, digamos, y piensa que la ley del aborto no es el lugar para hacer esta regulación. Esto es un criterio de Hacienda, pero si esto va a servir para que se apruebe, que sirva para que se apruebe.

P. Esta cuestión estaba ya en el acuerdo de coalición, ¿por qué no fue en los anteriores presupuestos?

R. Se lo tiene que preguntar a la ministra de Hacienda.

P. ¿Irá en los siguientes?

R. Nosotras prometemos que lo vamos a proponer y que vamos a hacer todo lo posible para que estén. Pero la última palabra en este caso la tiene la ministra de Hacienda.

P. ¿Qué ocurrió para que el permiso que Igualdad llevaba desde la semana 36 se quedara en la 39? La mayoría de los nacimientos se producen entre la semana 37 y la 40.

R. La parte socialista del Gobierno ha querido que fuera un permiso desde esa semana y hasta ahí hemos podido llegar en la negociación.

P. Por último, quedó fuera la persecución de las parejas que quisieran alquilar vientres fuera de España.

R. Proponíamos que la jurisdicción del artículo 221 del Código Penal, que permite perseguir la gestación por sustitución en España, fuera también válida en el extranjero. Esto depende de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tanto, depende del Ministerio de Justicia. Y en este momento no ha sido posible, pero vamos a seguir trabajando para que la explotación reproductiva se persiga como es debido.

P. Vamos con lo que sí entró: las bajas menstruales. ¿Se pensó en la estigmatización que dicen algunas voces que puede producir?

R. Son un avance histórico. Creo que somos el primer país de Europa que va con una medida de este tipo y uno de los primeros del mundo que lo hace con este tipo de regulación. Hay mujeres que obligatoriamente tienen que ir a trabajar con dolor porque no pueden justificar el poder quedarse en casa porque tenían la regla. Ahí había una discriminación y esta ley viene a solucionarla. Y en ningún caso sería admisible que un empresario te rechace porque tienes la regla, según el ordenamiento jurídico de nuestro país y dentro de lo que establece el propio derecho laboral.

P. A las mujeres de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad se les devuelve la capacidad de decidir abortar sin permiso de sus progenitores con la reforma de la ley.

R. Esta reforma cierra un ciclo en el que el feminismo ha avanzado enormemente y que empezó con toda la generación de leyes por la igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero y de Bibiana Aído, que tuvo una quiebra cuando los Gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy intentaron retroceder en esos derechos. Ahora, por fin, se le devuelve a las mujeres la capacidad de abortar y creo que ha sido gracias al empuje del movimiento feminista. A partir de aquí, a mirar para adelante y a seguir transformando este país.

P. Para esa transformación, en el acceso al aborto en el sistema público, ¿también hacen falta cambios?

R. Sí, ocho de cada diez abortos se siguen dando en la sanidad privada y no en la pública. ¿Qué es lo que estamos planteando? En primer lugar, señalar de manera explícita que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que dar a la sanidad pública. Señalar, además, una cláusula de proximidad del domicilio de las mujeres. Que garantice el método que tú has elegido, farmacológico o quirúrgico. Y, esto es lo más importante, un registro de objetores de conciencia que tiene que ser a priori y para todos los casos. Esto hará que las comunidades también puedan evaluar cuántos facultativos tienen en cada hospital que puedan prestar este servicio y, por tanto, tomar las decisiones necesarias para garantizar que en todos los hospitales públicos haya médicos y médicas que pueden ofrecer esta prestación. Y, sobre todo, que quienes sean objetores en la pública también lo tienen que ser en la privada.

P. ¿Qué va a suceder con las clínicas que llevan 30 años garantizando el derecho al aborto?

R. Quiero agradecer el trabajo que han hecho. Les debemos el que hayan protegido la vida de muchísimas mujeres y hay que buscar el encaje para que puedan seguir aportando. Pero yo defiendo la sanidad pública y me gustaría que, cuando se garantice un derecho, se preste en la sanidad pública, y vamos a intentar pelear para que así sea.

P. Para quienes quieren ser madres, también el anteproyecto incluye el parto respetado y el consentimiento de las madres para los procedimientos.

R. Una de las luchas más grandes que el feminismo tenía por dar en España era que se nos devolviera la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad y nuestras vidas en general. A las mujeres siempre se nos dice cómo tenemos que tener relaciones sexuales, cómo vestir, cómo tener el aspecto que debemos de tener, cómo hablar, cómo parir, cómo ser madres, cómo debemos de sentirnos cuando somos víctimas. Revertir esto es lo que estamos haciendo con estas leyes. Esto también es importante en el parto y en la maternidad, porque hay muchas prácticas innecesarias que se siguen dando en los hospitales y que deben de desaparecer. No es algo que diga el Ministerio de Igualdad, es algo que dicen las Naciones Unidas.

P. ¿Por qué no se introdujo el término de violencia obstétrica como tal?

R. La comunidad médica ,o parte de ella, ha expresado su malestar con este concepto. Hay personal sanitario maravilloso en nuestros hospitales que hace un tratamiento de las mujeres respetuoso y espectacular. Pero hay gente que no lo hace así. Acordamos con el partido socialista que sería mejor, y esto es una propuesta del Ministerio de Sanidad, utilizar unos conceptos que sirvieran para que esa comunidad se sintiera más cómoda. Pero nosotras vamos a seguir hablando de regular la violencia obstétrica y luchar contra ella.

P. Llevan también en la norma un apartado con el reparto de anticonceptivos de barrera en los centros escolares. ¿Ha habido comunicación con el ámbito educativo?

R. Por supuesto. El Ministerio de Educación está absolutamente implicado en esta materia. Queremos que, vinculado a la educación sexual, pueda haber un reparto de preservativos a los adolescentes. Es mejor que puedan enfrentarse a la vida sexual con nociones básicas sobre consentimiento y con preservativos que viendo porno.

P. ¿Qué plazos manejan para todo esto? Hace unos días confirmaron que lo iban a tramitar por la vía de urgencia, que en principio reduce los plazos a la mitad.

R. Nos gustaría que la ley del aborto estuviera en el Parlamento antes de final de año.

P. ¿Y para aprobarse? Porque puede haber obstáculos, como el debate parlamentario y las enmiendas que se presenten... ¿Podría ser antes de que acabe la legislatura?

R. La reforma de la ley del aborto se va a aprobar en esta legislatura.

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Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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