La prostitución agita la pugna feminista que divide al Gobierno de coalición

El liderazgo del feminismo ha reabierto el último frente entre los socios de Gobierno. El PSOE quiere abolir el proxenetismo esta legislatura, como ha reiterado este jueves, después de la última polémica con Unidas Podemos el día anterior. El miércoles, los socialistas tuvieron que retirar de la ley de libertad sexual —conocida como del solo sí es sí— su enmienda para prohibir esa práctica de lucrarse con la prostitución, porque ponía en riesgo el avance en la tramitación de la norma.

Tanto UP como el resto de grupos minoritarios debatieron el miércoles en la Comisión de Igualdad esa enmienda y el PSOE se quedó solo en su defensa. Los grupos minoritarios —los socios que apoyaron la investidura de la coalición— no querían abordar la cuestión de la forma en la que los socialistas la habían redactado, sino aplazar el debate para tener más tiempo para llegar a un consenso.

Para evitar que la norma fuera derrotada en la comisión (lo hubiese hecho de no aprobarse el dictamen, y habría tenido que volver a la ponencia para rehacerla), el área de la ministra de Igualdad, Irene Montero, propuso que se retirara la enmienda y se llevara a la ley de trata, que también está en marcha y cuyo borrador entregó Igualdad a Justicia el pasado enero. Sin embargo, la posibilidad de abolir la prostitución a través de la ley de trata, que ni siquiera ha llegado aún al Consejo de Ministros, no convence al PSOE. Las fuentes consultadas ven imposible que se pueda aprobar en el año y medio que resta para el final de la legislatura, que Pedro Sánchez pretende completar. La impresión que tienen en Ferraz es que UP pretende postergar un debate, el de la prostitución, sobre el que el socio minoritario del Ejecutivo no tiene una posición fijada, con sectores partidarios de su abolición y otros a favor de su regulación.

Con el PSOE y UP inmersos en su último pulso en el Gobierno, esta vez por quién abandera el feminismo, la parte socialista ha cumplido su promesa del día anterior y ha registrado una proposición de ley para abolir la prostitución. “No puede esperar un minuto más”, dijo la víspera la diputada Laura Berja en la Comisión de Igualdad. Tras su registro, la ministra Montero, miembro de la dirección de Podemos, ha afirmado que “esa iniciativa va a sumar a los esfuerzos del Gobierno, con el presidente a la cabeza, en ese proceso de la abolición de la prostitución”.

Montero también ha recordado que “la ley del solo sí es sí reconoce por primera vez en España a las mujeres víctimas de explotación sexual y también de trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia machista”, y, por lo tanto, recoge “todos sus derechos como víctimas de violencia contra las mujeres”, desde asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial especializado, hasta todos los derechos económicos, como el derecho a la reparación. “Esta ley que ayer aprobó su dictamen y saldrá adelante es histórica”, añadió, asegurando que Unidas Podemos quiere trabajar este tema de cerca con su socio de coalición: “Vamos a sumar siempre”.

Una proposición unilateral

Ese mensaje de unidad colisiona, sin embargo, con la presentación del texto del PSOE de manera unilateral y que en Ferraz calculan que se podría votar a finales de año. La proposición de ley, que prohíbe el proxenetismo “en todas sus formas”, propone castigar con penas de prisión de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses a quien “empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución”. Y defiende la modificación del Código Penal para imponer la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses “a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

Los socialistas consideran el proxenetismo “incompatible con una concepción de los derechos humanos propia de la sociedad democrática avanzada que propugna la Constitución”. “Esta conducta, sin embargo, aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, que ya han procedido a regular su persecución”, argumentan en el texto presentado en el Congreso.

Montero, en ese sentido, ha afirmado que “eso no es lo que pide” el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU (CEDAW): “Los organismos internacionales dicen que las medidas no están tan centradas en el Código Penal como en la garantía de la identificación de las víctimas y sus derechos. En eso trabaja el Gobierno”.

La “batalla campal”

La cuestión el miércoles no era que Unidas Podemos esté en contra de perseguir el proxenetismo, como no lo está ningún grupo parlamentario, sino que el objetivo de Igualdad era asegurarse de que el dictamen en la Comisión de Igualdad se aprobaba para que la norma pudiese ir al Congreso el próximo jueves. Las diferencias con el resto de grupos en la redacción de esa enmienda no lo hubiese permitido de no haberla retirado el PSOE. “Este es un avance que debe salir porque lo necesitan las mujeres de nuestro país, y creo que los intereses partidistas no pueden imponerse a que aprobemos [la norma de] el solo sí es sí“, dijo la diputada de UP Martina Velarde.

Durante esa comisión, distintos grupos aludieron a varios motivos por los que se negaban a aceptar esa redacción. Por un lado, están quienes defienden que es necesario también cubrir los derechos de “las trabajadoras sexuales”, como definió Mireia Vehí, de la CUP, porque “no es lo mismo trabajo sexual que trata”. Por otro, hay grupos, como Unidas Podemos, que creen que no hacer ninguna diferenciación abre la puerta a castigar a personas del entorno de las prostitutas que no son quienes se lucran de su explotación y, además, no garantiza ni da alternativas para salir de esa violencia a las propias víctimas.

Y por último, el castigo a la tercería locativa —quienes ponen pisos o locales para que se ejerza la prostitución—, que también el PSOE ha introducido en la proposición de ley “como modalidad específica” y “agravada” del delito de proxenetismo en un artículo diferenciado del Código Penal que sería el 187 bis. Una modalidad que no aparece en la legislación española desde 1995, cuando fue eliminada por los propios socialistas durante una de las legislaturas de Felipe González.

“El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses”, establece ahora, de nuevo, la proposición del PSOE.

Fue Pilar Vallugera, de Esquerra, la que resumió en la comisión las distintas intervenciones de los grupos favorables a seguir debatiendo el detalle de esa iniciativa y desvincularla de la ley del solo sí es sí. “Esta ley es muy importante y hemos sido tan poco inteligentes que hemos entrado en una batalla campal entre feministas. [Esta norma] es para dar garantías a las mujeres para que su libertad sexual se ejerza siempre y en todas partes. Esta pelea ha hecho que se me caiga la cara de vergüenza. Es inadmisible, incoherente e inoportuno”, dijo en referencia a la enmienda socialista.

El debate entre prostitución y explotación sexual

Para cumplir con el objetivo de abolir la prostitución en el último congreso federal del PSOE, celebrado el pasado octubre en Valencia, el partido defiende la modificación de la ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Los socialistas consideran que el artículo 187.2 del Código Penal, en su redacción vigente, “no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante la ‘explotación’ de la persona prostituida”. Es decir, que los socialistas quieren ampliar ese castigo tanto si media la explotación como si no.

Su conclusión es que esta definición “ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo”. Con su propuesta de modificación del Código Penal, el PSOE pretende “articular la necesaria respuesta penal, optándose por castigar el proxenetismo de manera general (...) sin exigir la relación de explotación, que conduce a una restricción indeseada del alcance del tipo. Al requerirse que el favorecimiento de la prostitución se realice con ánimo de lucro, se dejan fuera del tipo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida (por ejemplo, familiares) y otras conductas que pueden considerarse neutrales o inocuas”, alegan en su escrito.

Es ahí donde su socio de Gobierno discrepa, aludiendo a que no deben ser penados quienes conformen el entorno de la víctima, como pueden ser sus madres o sus hijas e hijos, “por recibir ese dinero. Se abre la puerta a eso”, alegan fuentes de Igualdad.

La hegemonía feminista

La cuestión de fondo, para muchas de las diputadas presentes el miércoles en la comisión, es la batalla por el liderazgo feminista y el marketing político que se genera por ese objetivo. El último episodio ha sido precisamente el desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos y otras formaciones por el contenido de la ley del sí es sí.

En el PSOE están muy molestos por que desde otros partidos, entre ellos Unidas Podemos, alegaron que los socialistas presentaron a última hora la enmienda para acabar con la prostitución. Fuentes de la dirección del principal partido del Gobierno recuerdan que registraron la enmienda en diciembre y que nunca ocultaron que pretendían incorporarla a la ley del solo sí es sí.

Los socialistas insisten en la división de Unidas Podemos. Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha recordado que ese partido “se fracturó” en la votación de una proposición no de ley para la abolición de la prostitución en febrero de 2019. En aquel momento, según fuentes socialistas, hubo presiones por parte del socio minoritario del Ejecutivo para que se retirase la propuesta y así poder evitar la división dentro del grupo de Unidas Podemos. La proposición no de ley fue aprobada con 231 votos a favor y 110 abstenciones.

En diciembre de aquel año, cuando la coalición presentó las políticas feministas que iban a poner en marcha, hablaron de la propuesta de una Ley Integral contra la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual que dejaba de lado, al menos de forma explícita y en el texto, todo lo referente a la prostitución. El Gobierno del PSOE, declarado abolicionista, se posicionó también entonces considerando la prostitución como una forma más de explotación de la mujer y llegó a manejar un borrador de ley que perseguía al “putero” y al proxeneta, como hacen en Suecia. En Unidas Podemos la postura no era tan uniforme. Parte de sus integrantes defendían una postura legalista o proderechos, que contempla que hay mujeres que ejercen la prostitución de forma libre y deben tener una mejor cobertura laboral y social.

“La posición actual [de Unidas Podemos] no la conozco, solo sé que no quisieron apoyar ayer [por el miércoles] nuestra enmienda de abolición a la prostitución. Ahora no habrá excusa: es una ley que persigue al proxenetismo en todas sus formas. Va a ser un debate bastante sencillo”, ha remarcado Lastra.

Los socialistas quieren priorizar la proposición de ley y confían en que se pueda tomar en consideración en junio en el Congreso. Si se cumplen los plazos y se inicia el debate parlamentario, como confían en Ferraz, se podría aprobar a finales de año.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reconocido este jueves en una entrevista en la Cadena SER que le da “pena” ver “debates de mujeres contra mujeres” y que le parece “evidente” que hay que acabar con la prostitución, “la esclavitud del siglo XXI”. “El debate dentro de un Gobierno es normal y deseable, es lo que aporta los textos normativos; pero no hay que llevarlo a un debate de batalla”, ha añadido.