Un juzgado de Granada se inhibe en favor de la justicia italiana en una denuncia de malos tratos al hijo menor de Juana Rivas

Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de los tribunales italianos en el caso de una denuncia por malos tratos contra Daniel, el hijo de 11 años de Juana Rivas y Francesco Arcuri, presentada por la madre y el hermano de este, Gabriel contra su padre. El juzgado indica que los hechos objeto de investigación tuvieron lugar presuntamente en el domicilio familiar en Cagliari (Cerdeña, Italia) donde el menor reside con su progenitor al tener éste atribuida la guarda y custodia por resolución judicial. Estos hechos fueron denunciados tanto en España como en Italia y está en trámite aún en Cagliari.

El auto de inhibición mantiene también la medida cautelar que tomó una jueza provisionalmente el pasado 7 de enero y que permitía al menor permanecer en España con su madre y no volver a Italia, como reclamaba el padre amparado por una decisión judicial de un tribunal de Cagliari. Esta decisión, sin embargo, está fechada con anterioridad a la de un tribunal de apelación de esa misma isla que decidió recientemente conceder la custodia definitiva de Daniel a su padre, ordenando el retorno del menor, que sigue en España, a la residencia paterna. Los abogados de Juana Rivas han apelado esta resolución y será la Audiencia de Granada quien la dirima. En caso de confirmarse la decisión, se enviará todo el expediente judicial a la Corte de Cagliari una vez traducido al idioma italiano.

Según un comunicado hecho público por la Oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada asumió esta causa por reparto decidido por el Decanato de los Juzgados de Granada una vez que la Audiencia Provincial de Granada resolviera que no había razón alguna que impidiera a la magistrada titular de este órgano asumir el procedimiento. Los abogados de Juana Rivas han recusado en las últimas semanas a varios titulares de órganos judiciales de Granada, entre otras, las juezas de los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital granadina.

La decisión del 7 de enero de permitir el no retorno del menor con su padre, explica el comunicado de prensa, se basó en el artículo 30 del Reglamento de la Unión Europea, que faculta a las autoridades judiciales de un país europeo a adoptar medidas urgentes y provisionales sobre hechos acontecidos en otro Estado europeo que supongan malos tratos a un menor “para proteger al menor de un grave riesgo”. En este auto conocido hoy, pero fechado a principios del mes de febrero por el Juzgado de Instrucción número 9, la jueza acuerda que “es procedente remitir la causa a la Corte de Cagliari (Italia), que es el órgano judicial competente para conocer del fondo del asunto al haberse producido allí los hechos que han motivado la permanencia del menor en España”. El auto recuerda que el artículo 31 del mismo Reglamento establece que el órgano judicial que aprobó la medida cautelar ha de “declararse de oficio incompetente si un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento”. La realidad en este momento es que el juzgado competente, el de apelación de Cagliari, ha dictado que el niño debe volver con su padre.