El círculo judicial del caso Juana Rivas: regreso al principio ocho años y medio después

En mayo se cumplirán 9 años de la llegada de Juana Rivas a Maracena (Granada) desde Italia con sus dos hijos, que entonces tenían 10 y dos años. Había acordado con su pareja y padre de los niños, Francesco Arcuri, que los tres volverían a finales de junio a Carloforte (Cerdeña, Italia), donde vivían desde hacía tres años. Su vida había consistido en una sucesión de convivencias y separaciones, desde 2005, hasta que en 2016 Rivas dijo basta y nunca volvió. Su idea era que tampoco lo hicieran sus hijos Gabriel y Daniel, que retornaron por orden judicial.

Entonces, Rivas denunció a Arcuri por violencia de género y él a ella por sustracción de menores. Este mes ambos han vuelto a denunciarse por los mismos motivos. El pequeño, que vino de vacaciones, no ha regresado a Italia, como si no hubiera pasado el tiempo.

En estos años jamás ha cesado la actividad judicial que aún está decidiendo si ha existido o no violencia de género, si Arcuri maltrata a sus hijos o quién debe tener la custodia del menor que, aunque ha habido varias sentencias a favor del padre, vuelve a estar en el juzgado.

Más de 3.000 días después, todo parece haber vuelto al principio. No es una recta que facilite avances. Sí hay un cambio esencial: antes había dos niños menores. El primero es ya mayor de edad y el que tenía dos, acaba de cumplir 11 y es el centro de la batalla.

Este diario publicó en 2022 una información titulada El caso Juana Rivas sobrevive al caso Juana Rivas. En el subtítulo decía: “Después de conseguir la libertad, la madre denunció sin éxito al juez y el magistrado, a su vez, al abogado defensor”. Pasado el tiempo, se confirma. Más allá de lo imaginable, el caso sigue empantanado en los juzgados. Se están usando todos los instrumentos de revisión de sentencias que contempla el derecho. También las querellas, denuncias y quejas de unos sobre otros siguen no en toda su intensidad y con novedades diarias.

Quizá haya que empezar a pensar que, como ha ocurrido con Gabriel ―que a los 16 años tomó la decisión de irse a vivir con su madre―, el punto final a este caso lo pondrá Daniel con el paso de los años. Nadie quiere ya pronunciarse. O bien porque es un asunto delicado o porque es imposible seguir el caso para dar una opinión fundada. Lo que sucede es un relato de lo que ocurría en 2016 y 2017 y lo que ocurre ahora.

Vacaciones sin vuelta. Al principio, Rivas volvió con sus hijos a España en mayo de 2016 para pasar poco más de un mes, tiempo que luego acordó con Arcuri prolongar un par de semanas. Tres días antes de la vuelta, Rivas denunció a su pareja por violencia de género. Los niños permanecieron con ella hasta que, a finales de agosto de 2017, los entregó a su padre tras tres requerimientos judiciales y casi un mes desaparecidos.

Este enero, Daniel debía estar de vuelta con su padre tras las vacaciones. Rivas ha denunciado a Arcuri por acoso y coacción al menor y violencia de género hacia ella. Las demandas han sido desestimadas, pero han puesto en marcha un procedimiento en España que ha permitido que el niño no vuelva, como pide la justicia italiana.

Denuncia por sustracción de menores. Tanto en 2016 como durante esta semana, Arcuri ha respondido al no retorno de los niños con una denuncia en Italia por sustracción de menores. Entonces, no había ningún juzgado español que apoyara a Rivas. Ahora, hay un auto judicial que permite a Daniel, temporalmente, permanecer en España.

“Es obvio que existe una medida cautelar de protección del menor que suspende la entrega de un niño español a su padre (procesado en Italia por maltratarlo y condenado en España por violencia de género), y es indiscutible que Juana Rivas y el menor están en España y que, por tanto, deben atender las órdenes de los jueces españoles con independencia de lo que se decida en Italia. Si surge algún conflicto de jurisdicción, tendría que ser resuelto con base en los mecanismos establecidos en la Unión Europea”, explican los abogados de Rivas.

Enrique Zambrano, letrado de Arcuri, considera incluso impertinente que se le consulte el por qué debe volver a Italia el niño: “No me parece adecuada la pregunta al abogado de un padre que tiene la custodia obtenida en reiteradas sentencias. Me remito a estas y a las que vendrán”.

Los juzgados no ven delito de violencia de género. El 20 de julio de 2016, el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada se declaraba incompetente para iniciar un procedimiento por violencia de género contra Arcuri y pedía que se denunciara en Italia. Ocho años y medio después, la magistrada, aún en el mismo juzgado, ha dicho que no ve violencia de género en las numerosas llamadas y mensajes a Juana, según ha denunciado esta.

Los niños declaran en el juzgado. El informe cuenta que “el menor [Gabriel] considera que ambos progenitores lo quieren y lo cuidan bien, aunque le gusta más el modelo educativo de su madre y quiere vivir con ella, pero no le importaría pasar el verano con su padre en la isla. No se observa que su restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica”. Hace apenas 10 días, Daniel fue también escuchado en un juzgado. Su declaración sí ha servido temporalmente para evitar su restitución.

Problemas de competencia y jurisdicción. Los abogados de Juana apelan siempre a la legislación española y los de Arcuri a la italiana. Solo ha cambiado el apoyo del Estado. En 2016, la Abogacía del Estado consideró que la actuación de Rivas era “una retención ilícita de los menores en territorio nacional” en contra del “derecho italiano y comunitario aplicable”. Ahora, si bien nadie ha requerido aún la intervención de la Abogacía, las ministras de Juventud e Igualdad, Sira Riego y Ana Redondo, sí han manifestado su apoyo a la decisión de mantener al menor en España.

Frenesí jurídico, incluso más allá de la estricta relación entre Rivas, Arcuri y el hijo. Las denuncias no llegan a buen fin, ni antes ni ahora. Las decisiones son siempre recurridas. Incluso, como este jueves, son repetidas con ligeras ampliaciones. Ahora Rivas ha reiterado una denuncia contra Arcuri, ya rechazada, aumentando las llamadas y días. Eran 40 telefonazos del padre a la madre en Navidad y son 90 hasta mitad de enero.

La jueza no consideró la existencia de un delito y lo archivó, lo que sirvió a Rivas para recusar a la magistrada. Lo cierto es que las instrucciones judiciales con las que el niño pudo venir a España eran claras: “Se dispone que la señora Juana Rivas Gómez mantenga contactos telefónicos diarios de Daniel Océano Armonía Arcuri Rivas con el padre y actualice cada dos días al curador sobre su estado”, lo que parece que no se ha cumplido.

Por otro lado, la frenética actividad judicial ha traspasado la mera relación entre los tres. Así, el Defensor del Pueblo, español y andaluz, recibió quejas de Rivas. También entonces, como ahora, el Colegio de Abogados de Granada intervino analizando la actividad del despacho Aránguez, a quien impuso 45 días de inhabilitación, que el Colegio Andaluz de Abogados revocó.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía comunicó que enviaba al colegio de Granada la nota de prensa de Aránguez en la que criticaba a la jueza y lamentaba, por excesivas, las críticas del despacho a la magistrada Aurora Angulo, quien además pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial. El juez Piñar, que dictó la sentencia original contra Rivas, se ha cruzado denuncias con ella y Aránguez.

Apoyo público y mediático. El caso despierta fuerte interés mediático y social. Las concentraciones eran habituales cuando se conoció el caso y, en Granada, protagonizó algún 25N. Este martes se celebraron en España diversas concentraciones a favor de ella: si en 2017 fue “Juana está en mi casa”, ahora es “Daniel se queda”. Ha pasado el tiempo y han pasado muchas cosas. Lo fundamental, sin embargo, aún sigue abierto.