Claves | El ‘caso Juana Rivas’ encalla en un mar de juzgados, competencias y definiciones legales

El caso Juana Rivas se asemeja a esa soga de la que se tira con fuerza desde los extremos. A veces va a un lado, a veces va a otro y el juego puede durar mientras los jugadores aguanten. Excepto que sobre esta cuerda ―hecha de autos, recursos, declaraciones, jurisdicciones―, en un equilibrio muy inestable, está Daniel Arcuri Rivas, un niño que este sábado cumple 11 años, y que vive desde los tres inmerso en una vorágine judicial que no alcanza una decisión definitiva que cierre el caso. Daniel, que hasta ahora ha vivido en Italia con su padre, Francesco Arcuri, está ya matriculado en un colegio del que ahora es su pueblo, Maracena (Granada), donde está con su madre y su hermano mayor.

Mientras trata de integrarse en su nuevo entorno, los tribunales bullen, en un efecto que arrastra a medios de comunicación, políticos y, también, jueces. Pendientes de que un juzgado italiano ratifique o no su decisión de que Daniel vuelva con su padre, el caso se ha empantanado bruscamente este viernes tras la decisión del tribunal de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada de no considerar que existiera violencia de género en la actitud de Arcuri durante la Navidad, cuando, según denuncia Juana Rivas, este le envió decenas de mensajes intimidatorios y trató de coaccionar al hijo pequeño de ambos para que declare a su favor en el juicio que se sigue contra él en Italia por maltratar a Daniel. Esa decisión ha disparado la temperatura del caso tanto como la incertidumbre sobre su resultado. Estas son algunas respuestas a esas dudas.

¿Qué ha decidido el tribunal de violencia contra la mujer?

Daniel llegó a España el 22 de diciembre. Al poco, su madre denunció al padre por presunta coacción al menor, relacionada con una declaración judicial en Italia, y por acoso y violencia de género, a partir de numerosas llamadas de Francesco Arcuri a Rivas. La denuncia se interpuso en Málaga, pero se trasladó al juzgado de Violencia contra la Mujer 2 de Granada, cuya titular es Aurora Angulo, quien archivó el asunto. Rivas recurrió, explica María Martos, una de sus abogadas, incorporando la existencia de decenas de mensajes llegadas que consideraron amenazantes. Eso es lo que, explica Martos a EL PAÍS, se ha zanjado este viernes. No hay en ello violencia de género, pero ordena que se estudie como posible violencia doméstica, lo que endosa a otro juzgado, el que hace unos días permitió que el niño se quedara con la madre. El equipo legal de Rivas se queja de que la jueza obvia la violencia de género vicaria, la que se ejerce sobre los menores para hacer daño a la madre, Juana Rivas. Las decisiones tomadas en días anteriores siguen vigentes, por lo que el niño seguirá en su casa con su madre y hermano.

¿Por qué hay polémica con la decisión de la jueza?

Antes de las ocho de la mañana del viernes, Carlos Aránguez, abogado de Rivas, informó a los medios sobre la decisión de la jueza Angulo con una valoración sobre la magistrada: “Quédense con este nombre: Aurora Angulo … que archivó en un cajón la denuncia que cursó Rivas, huyendo de su maltratador, el 12 de julio de 2016 … Es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria”. Horas después, Paqui Granados, asesora de Rivas desde el principio, ha publicado un audio en el que dice que ese juzgado “vuelve a estar en el centro de la desprotección de Rivas y sus hijos […], vuelve a cometer un gravísimo error […], un problema de aplicación que me atrevería a decir tiene su causa fundamental en un problema de capacitación de profesionales, como es el caso de su Señoría”.

Pasada la una de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido un escrito suscrito por 107 jueces y juezas de Violencia contra la Mujer de España de apoyo a “nuestra compañera Aurora Angulo”. “Cuando se desprestigia a una compañera por su actuación profesional en un caso concreto que es objeto de una enorme atención mediática, se desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial”, dice el manifiesto, que concluye con su “enérgica repulsa hacia la actuación del despacho de abogados que tiene encomendada la defensa” de Rivas.

Qué ha ocurrido en Navidad con la familia Rivas

La llegada de Daniel a España provocó las denuncias mencionadas en Málaga por la inesperada llegada al país también de Arcuri. Las versiones sobre su estancia varían según las fuentes. Estuvo en los alrededores de Granada del 22 al 24 de diciembre, o eso dijo, según los abogados de Rivas. Según Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, su paso por España fue de unas horas, las que tardó en llegar a Madrid acompañando al niño y coger el siguiente avión de vuelta.

La denuncia provocó que el Ministerio de Interior activara el sistema de alerta máxima en casos de violencia de género. Ese informe llegó al Juzgado de Aurora Angulo que no apreció ese riesgo. No obstante, las fuerzas de seguridad establecieron vigilancia con un vehículo sobre la residencia de Rivas durante un tiempo. El resto es conocido: el 2 de enero el niño debía volver con su padre. La madre pidió en Italia que considerara un riesgo lo ocurrido y la investigación que se lleva allí contra Arcuri allí por malos tratos a sus hijos. Italia dijo no y los letrados recurrieron allí. En España, a la vez, solicitaron las medidas cautelares que consiguieron.

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se queda el niño en España?

En pocos días se espera una decisión definitiva desde Italia que, excepto sorpresa, ratificará que Daniel vuelva con su padre. Ahora, la permanencia en España está vigente legalmente, pero hay diversas opiniones en caso de que la decisión italiana sea definitiva.

Los abogados de Rivas insisten en que no afectará al menor, ya que está en España. Han aconsejado a Rivas que el niño permanezca con ella arropado por la justicia española. Aránguez ha explicado a EL PAÍS su seguridad de que la estancia del menor en España en ningún caso será perseguible por la justicia española. “Es un niño español en peligro que está en España. Le tiene que proteger la jurisdicción española”, concluye.

En el otro lado, fuentes cercanas a la fiscalía explican extraoficialmente a este diario que esa diferencia de criterio entre juzgados de países diferentes no suponen conflicto jurisdiccional, ya que, finalmente, la resolución a cumplir ha de ser la italiana. Esas mismas fuentes opinan que la decisión que mantiene en España al menor se tomó ante una posible situación de riesgo que hacía conveniente oír a Daniel y que, una vez escuchado, hacía recomendable suspender provisionalmente el retorno del menor, todo ello amparado por el Convenio de La Haya, de protección de menores.

El mismo convenio que, según estas fuentes, obligaría ahora a aceptar la decisión definitiva del Estado italiano una vez emita una resolución definitiva, por ser el de residencia. El Ministerio de Igualdad, por otro lado, ha escrito en un comunicado que un reglamento [2019/1111] del Consejo de la Unión Europea, “sobre la sustracción internacional de menores, deja la puerta abierta a denegar el reconocimiento de una resolución de otro Estado en materia de responsabilidad parental si la misma fuera manifiestamente contrario al orden público o a que la competencia judicial corresponda al país dónde está el menor de facto siempre y cuando exista un problema de orden público, considerando a este como un orden constitucional, en el que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas por igual”.

En España, también se vislumbra un problema de jurisdicción y competencia entre juzgados. Una vez que el Juzgado de Violencia contra la Mujer ha trasladado el caso a uno de Instrucción, este previsiblemente se considerará incompetente. Eso pondrá en marcha un conflicto de competencias que puede durar meses solo para saber qué juzgado se queda con el caso.