El caso Juana Rivas sobrevive al caso Juana Rivas

Con Juana Rivas en libertad y sin más asuntos pendientes contra ella en la justicia española, el llamado caso Juana Rivas parecía estar abocado a ir desapareciendo discretamente de la escena judicial y mediática en la que tanta visibilidad ha tenido durante los últimos cinco años. Pero, en una nueva vuelta de tuerca, el caso ha derivado en una secuela en dos partes. La primera, la querella de la propia Rivas contra Manuel Piñar, juez que la condenó en julio de 2018 a cinco años de cárcel y que ha luchado hasta el final a través de sus autos y escritos para que Rivas cumpliera tanta prisión como fuera posible. La segunda parte es la posterior querella de Piñar contra el abogado defensor de Juana Rivas, Carlos Aránguez. Por eso hoy, como si el caso estuviera aún en su apogeo, los juzgados siguen dirimiendo asuntos relacionados con Juana Rivas y, por ahora, con más éxito para el juez que para la otra parte. La querella de Rivas no fue admitida a trámite siquiera, mientras que Piñar ha logrado una sanción contra Aránguez y la admisión a trámite de su querella por calumnias e injurias.

El 30 de marzo de este año, Juana Rivas consiguió la libertad definitivamente, una vez que la condena original fue rebajada gracias a un indulto del Gobierno a un año y tres meses. La defensa de su expareja, Francesco Arcuri, recurrió esa libertad y el 12 de julio el Tribunal Supremo desestimó su recurso. Era, previsiblemente, la última actuación judicial en España del caso Juana Rivas propiamente dicho. En Italia, sin embargo, la madre del municipio granadino de Maracena aún tiene pendiente la resolución de su disputa por la guardia y custodia de sus hijos menores de edad. En verano de 2017, Rivas no entregó a sus niños a su padre para que volvieran con él a Italia, donde residían anteriormente, alegando que había sido víctima de violencia machista durante su estancia en el país, sin que sus reclamos fueron atendidos. En España, en 2009, Arcuri fue condenado a tres meses de prisión por maltrato en el ámbito familiar. Un que no ha vuelto a prosperar en ninguna de las denuncias posteriores presentadas por Rivas tanto en España como en Italia.

Fue el 29 de julio, 17 días después del fin del caso Juana Rivas, cuando Carlos Aránguez anunciaba la presentación de una querella criminal de ella contra el juez Piñar, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, “por delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la intimidad moral (maltrato institucional) por sus ilegales decisiones durante la tramitación de la ejecutoria en el caso Juana Rivas”. Aránguez explica que con esto se refiere, entre otras cosas, a que Piñar tramitó un expediente sobre el indulto, en el que desaconsejaba que se le concediera la medida de gracia a Rivas, sin tener competencia para ello.

El letrado de Rivas alegaba que el juez “dictó varias resoluciones a sabiendas de su injusticia, con clara falta de imparcialidad y objetividad” y que, en definitiva, no había actuado imparcialmente. Mostraba, además, algunas publicaciones del juez en su página de Facebook en las que, según el abogado, hacía “manifestaciones irrespetuosas hacia magistrados, jueces o fiscales” o realizaba “críticas a las políticas de igualdad, y a aquellas contrarias a la violencia de género, utilizando con frecuencia el término feminazi”. La Fiscalía se opuso a la admisión a trámite y, además, hacía una propuesta de sanción de 5.000 euros por “abuso de derecho” a Juana Rivas, es decir, que abusó del sistema judicial para alargarlo con peticiones y trámites innecesarios. Antes de que terminara septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la misma línea que marcaba el fiscal, no admitió a trámite la querella contra el juez. Aránguez ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Por otro lado, y aunque no se conoció hasta hace pocas semanas, el juez Piñar se dirigió en septiembre de 2021 al Colegio de Abogados de Granada para denunciar al abogado defensor.

En su escrito al colegio, “por si pudiera ser objeto de sanción”, consideraba que la actuación del letrado era contraria a “los deberes de lealtad y probidad exigibles en el ejercicio profesional y decoro y respeto a los titulares de los órganos que imparten justicia”. Piñar habla en su escrito de “inusitado afán de protagonismo y exhibición de malas artes”, de “claro ánimo difamatorio” por hablar de una “manifiesta parcialidad de su señoría”. El magistrado ha tenido más éxito que Aránguez y el colegio de abogados abrió un expediente disciplinario que se cerró el 4 de octubre pasado con una sanción de 45 días de suspensión del ejercicio de la abogacía. El instructor del caso coincidía con el juez en que la actuación de Aránguez suponía “una falta de probidad, lealtad y respeto” a Piñar y lo calificaba como falta grave.

Tras ese primer éxito en el colegio profesional, el juez dio un paso más y en septiembre de este año presentó una querella por presuntas calumnias e injurias que se centra, principalmente, en algunas respuestas de Aránguez en un chat que administra el abogado en el que están más de cien periodistas de diversos medios ―incluido de este periódico― y que ha sido el canal habitual de comunicación entre ambas partes desde hace varios años. Un sistema de comunicación muy habitual entre periodistas y sus fuentes, especialmente en casos como el de Juana Rivas, muy seguidos por numerosos medios.

Pantallazos del chat

Lo curioso del caso es que el juez basa principalmente su denuncia en pantallazos de las conversaciones mantenidas en el grupo donde, por supuesto, él no es uno de los miembros. En la denuncia, Piñar se defiende de algunas de las opiniones que Aránguez ha vertido sobre él en ese chat y pide, con éxito, que el juez ordene a la policía identificar el nombre y medio para el que trabajan todos los periodistas que forman parte del grupo. Piñar, además, cita a uno de ellos que en algún momento hizo una pregunta a Aránguez y cuya respuesta el juez considera injuriosa. Esa contestación es considerada por Piñar “una acusación de prevaricación continuada ante todo el grupo de 103 periodistas, puesto que las conversaciones eran accesibles a todos”. La querella de Piñar ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 5 con la opinión favorable de la Fiscalía.

El titular de este juzgado, además, ha aceptado casi todas las peticiones de Piñar y ha ordenado a la policía que indague en el chat del abogado con los periodistas y que haga diversas averiguaciones ante la Agencia Efe y el diario Granada Hoy por algunas de sus publicaciones.