Las claves del ‘caso Juana Rivas’

Tras permanecer durante semanas en el foco mediático por la denuncia pública de su situación y la posterior huida con sus hijos, Juana Rivas ha sido detenida y puesta en libertad provisional en Granada 27 días después de desaparecer para evitar cumplir la orden judicial de entrega de los menores a su expareja, residente en Italia. Estas son las claves y antecedentes del caso:

Los orígenes

Juana Rivas, granadina de 36 años, emprendió hace más de un año una campaña para no devolver a sus hijos a Italia, de donde se los llevó en mayo de 2016. Hasta entonces, ese era el país de residencia de Juana, de su expareja, Francesco Arcuri, y de los menores, que ahora tienen 11 y tres años. Huyó con los niños alegando malos tratos y él la denunció por sustracción internacional de menores. Los jueces le dieron la razón a él, lo que desencadenó todo el proceso.

La relación entre Rivas y Arcuri se inició en Londres en 2004. En las dos etapas en las que convivieron (2004-2009 y 2013-2016) la pareja repartió su residencia entre Granada (allí nació su primer hijo en 2006) e Italia, donde se instalaron en 2013 tras darse una nueva oportunidad. En este último país la familia vivía en el municipio de Carloforte, en una pequeña isla (San Pietro) al suroeste de Cerdeña, donde regentaban un negocio de turismo rural.

2009: Primera condena por maltrato

En 2009, cuando la pareja vivía en Granada, se produjo la primera denuncia de Juana Rivas por malos tratos. Según la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Granada, el 7 de mayo de ese año a las 5.30, tras llegar Rivas a la casa común, Arcuri le pide explicaciones sobre dónde ha pasado la noche y la golpea “repetidamente” causándole lesiones que necesitaron asistencia médica. Fue condenado a tres meses de prisión por “lesiones en el ámbito familiar” y se le impuso una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses.

Arcuri, que niega haber maltratado a su expareja o a sus hijos, asegura que aceptó la condena en 2009 —tras retirar la denuncia cruzada que él interpuso contra su expareja— para “poder ver a su hijo” en contra del criterio de su abogado.

2013: Segunda oportunidad, segundo hijo

En la primavera de 2013, después de cuatro años separados y algún encuentro posterior a la condena por malos tratos (según la versión de Arcuri), la pareja se reencuentra y decide instalarse con su primer hijo en la isla de San Pietro, un entorno de gran belleza natural en el que un año después abren un negocio de turismo rural. En esta época Juana se queda embarazada de su segundo hijo, que nace en 2014.

2016: A Granada con los niños y nueva denuncia

En mayo de 2016, tras sentirse “insultada, vejada y agredida” por él, Juana Rivas le dice a Arcuri que quiere ir con sus hijos a Maracena (Granada), donde viven su madre y su hermana. Alegando la necesidad de unas vacaciones, vuela a España con los menores y ya no regresa. Ella asegura haber sido víctima de malos tratos durante tres años en los que permaneció “aislada” en Carloforte.

Dos meses después de escapar de Italia, en julio de 2016, Rivas presenta ante la Guardia Civil y ante el juzgado una segunda denuncia por malos tratos contra Arcuri que ha llegado a los tribunales italianos más de un año después de ser presentada.

¿Qué han dicho los tribunales sobre la entrega de los menores?

• Italia. La actuación de los juzgados españoles se debe a una primera intervención de la justicia italiana, ante la que Arcuri denunció la sustracción internacional de sus dos hijos. Es Italia la que reclama la devolución de los dos niños en cumplimiento del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores.
• España: En diciembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada sentenció la entrega “inmediata” de los menores al padre, Francesco Arcuri. Esa sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Granada en abril de 2017.
  
  Los abogados de Rivas han acudido en dos ocasiones al Tribunal Constitucional para pedir amparo. El Constitucional rechazó el primer recurso al entender que no había agotado la vía judicial previa. En la segunda ocasión, el Alto Tribunal consideró, por una cuestión formal, que el recurso ya no cabía al haber transcurrido el plazo legal para su interposición desde que se dictó en abril la sentencia de la Audiencia de Granada.

¿Qué opciones tiene Rivas tras presentarse ante el juez?

Juana Rivas estaba en busca y captura desde el 8 de agosto, tras la orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, que investiga por la vía penal un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y por retención ilícita de menores. Por este último podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta 10 años.

¿Qué va a pasar con los hijos?

Juana debe devolver a sus hijos al padre, como obligan dos sentencias judiciales. La juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha acordado, además, que les sean retirados los pasaportes a los dos menores y que se les prohíba salir del territorio Schengen sin autorización del padre o autorización judicial.

Rivas y Arcuri tienen una cita judicial a finales de octubre en Italia por la custodia de los niños, que de forma provisional tiene ahora el padre. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictaminado que “son los tribunales italianos los competentes en resolver la patria postestad de los progenitores”.

Informes psicológicos contradictorios sobre el hijo mayor

Los informes sobre el hijo mayor de Rivas y Arcuri —al menor no se le ha hecho evaluación psicológica dada su corta edad— son contradictorios. La primera sentencia española (diciembre de 2016) incluye la evaluación de una psicóloga del Juzgado de Familia que alude a una “vinculación afectiva y segura del menor con ambos progenitores”, considerando a la madre “como la principal figura de referencia y de vinculación afectiva en la actualidad. El vínculo con su padre es positivo”.

El entorno de Rivas esgrime otros informes —que incluyeron en el recurso ante el Constitucional y que presumiblemente Rivas ha presentado este martes ante el juez— que señalan que los menores no están seguros con el padre. Hay un documento sobre el hijo mayor, que emitió la Junta de Andalucía y cuyo contenido no ha trascendido, y otro del Ayuntamiento de Maracena, que atiende a Rivas como víctima de violencia de género desde que llegó en 2016.

El Consistorio incluyó al mayor en un programa de atención psicológica a hijos de víctimas, “dado que este presentaba conductas agresivas hacia la madre, según ella relataba, imitando con el mismo patrón lo que hacía el padre”. “En las reuniones de coordinación con la psicóloga que ha atendido al menor hemos anotado que este manifiesta que no quiere ir con su padre y que ha narrado episodios de malos tratos”, según el informe firmado el 26 julio 2017, el día que debía producirse la entrega de los niños.

Movilización social y política

Juana Rivas ha recibido el respaldo público de agrupaciones de defensa de la mujer y colectivos feministas, tanto en la calle como en redes sociales bajo el lema #JuanaEstáEnMiCasa. En defensa de su exmarido han salido algunas plataformas en favor de la custodia compartida.

En el ámbito político, los primeros pronunciamientos han dado paso con el tiempo a los matices. El Gobierno ha pasado del “hay que ponerse en el lugar de esta madre” que dijo el presidente Mariano Rajoy con Rivas recién huida, a la matización del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que señaló días después que siguen siendo “sensibles” a estas situaciones pero el Gobierno “también respeta el Estado de derecho”.

La postura de la Junta de Andalucía también se ha movido desde la propuesta que hizo la presidenta, Susana Díaz, que le ofreció asistencia jurídica al día siguiente de que desapareciera y le expresó su apoyo “en su lucha por proteger a sus hijos”. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, señalaba en un artículo en este periódico tras el segundo pronunciamiento del Constitucional: “Juana tiene que respetar la ley. Y si la justicia le dice que tiene que ir al juzgado tendrá que presentarse y espero que la justicia tome las decisiones más adecuadas para proteger a esos niños”.