“Él se movía con sus llaves colgadas del cinturón. Me quería tener aislada”

A los pocos meses de llegar a la isla volvieron los abusos y el miedo a perder su vida. Después de medio año en España, en diciembre, un juzgado de Granada ordenó la inmediata restitución de los dos menores, de 11 y tres años, a Italia con su padre.Este jueves, acompañada por asociaciones de mujeres y las técnicas de los servicios de Igualdad de la provincia de Granada, Juana Rivas ha reclamado en Madrid que se revise su caso para evitar que los pequeños sean trasladados.

“Mi hijo mayor me preguntaba hasta cuándo iba a aguantar”, relata. “Cada vez el maltrato era más fuerte, llegué a temer por mi vida y a hacerme las necesidades encima”. Rivas, que este viernes cumple 36 años, explica que había perdido su libertad: “Aquello era un cortijo (Carloforte tiene unos 6.500 habitantes). No tenía coche, él se movía con sus llaves colgadas del cinturón y yo no podía cogerlas. Me quería tener aislada”. Seis meses antes de regresar a España de vacaciones, él escondió los pasaportes de los tres. “Decía que no nos merecíamos viajar”. A 20 días de su marcha logró recuperarlos gracias a unos amigos, pero la noche previa a la salida se los volvió a arrebatar a golpe de insultos y gritos. Finalmente, con la ayuda de su hijo, los encontró y pudieron escapar.

Paqui Granados, directora de Igualdad en el Ayuntamiento de Maracena (Granada), denuncia que desde hace algunos años, coincidiendo con la crisis en España, ha habido “retrocesos importantes” en el ámbito de la igualdad. “Con más frecuencia de la que nos gustaría se dictan resoluciones judiciales que desatienden la normativa de la que nos hemos dotado. En España, a partir del Convenio de Estambul de 2011, se consiguió visibilizar a los menores. La normativa se ha adaptado y establece que los hijos de madres víctimas de violencia de género son víctimas de violencia de género per se”.

En un manifiesto leído en la Puerta del Sol, una treintena de mujeres ha mostrado su apoyo a casos como el de Juana Rivas, Vanessa Skewes o Soraya Samos, madres que atraviesan un “viacrucis judicial para proteger a sus hijos de un padre maltratador”. El texto condena que pese a las “aterradoras” cifras negras en violencia de género (16 muertes hasta el 9 de marzo), el Gobierno no adopte las medias necesarias (más recursos en los Presupuestos Generales del Estado) y exige responsabilidades a los profesionales que no aplican la normativa vigente de protección a mujeres y niños víctimas de la violencia machista.