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La decisión sobre la despenalización del aborto en Colombia entra en un limbo jurídico

La Corte Constitucional debía emitir este viernes su fallo, pero un procedimiento sobre uno de los magistrados retrasa el debate

Inés Santaeulalia
Aborto legal en Colombia
Personas a favor del aborto legal se manifiestan este lunes frente a la Corte Constitucional en Bogotá.Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

Las expectativas puestas sobre la Corte Constitucional, que este viernes tenía que decidir sobre la despenalización del aborto en Colombia, se vinieron abajo la noche del jueves. A un día de un fallo que se esperaba histórico, el debate ha entrado en un limbo jurídico que hace imposible prever cuándo habrá un veredicto. La decisión sobre si uno de los nueve jueces que componen la corte puede participar en el debate impide ahora su avance. El movimiento Causa Justa, que llevó la despenalización del aborto a la Corte, ha asegurado este viernes que harán “todos los esfuerzos” a su alcance para sostener la discusión y evitar que el alto tribunal pueda dilatar la decisión.

Para entender qué ha pasado entre los magistrados hay que remontarse a hace una semana. Entonces, la Corte falló en contra de retirar la calidad de imputado al expresidente Álvaro Uribe por un caso de sobornos a testigos. En una entrevista con la revista Semana, el juez Alejandro Linares, miembro del tribunal, habló sobre el caso del mandatario e hizo algunas disertaciones sobre el trabajo de los magistrados. Sus palabras fueron estas: “Por ejemplo, la semana entrante tenemos otro chicharrón grande [problema difícil], que es el tema del aborto. En ese tema también uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno, como la mamá que le dice que es una locura despenalizar el aborto, o tiene los hijos de uno que le dicen: eh, papá, estoy de acuerdo contigo con la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo. Cada persona, digamos, tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”.

Tras estas palabras, una abogada pidió la recusación del magistrado por desvelar el sentido de su voto, aunque ya era conocido que Linares estaba a favor de la despenalización por otras votaciones previas. El mismo juez, envuelto ya en la polémica, decidió presentar ante sus compañeros su “impedimento” para ser retirado del caso, aunque en su escrito sostiene que no hay razón para apartarlo porque no manifestó su opinión en sus declaraciones, más allá de que esta ya es conocida. Este jueves, los ocho jueces restantes debían votar si aceptaban o no el “impedimento” de Linares. Eso fue lo que se debatió un día antes de la fecha límite para emitir un veredicto sobre el aborto en la Corte, en lugar de entrar en el debate de fondo de una causa que llegó al alto tribunal hace más de un año.

El resultado sobre el juez Linares fue un empate cuatro a cuatro, lo que obliga ahora a un procedimiento jurídico de tiempo incierto. La Corte deberá llamar a otro juez para que incline la balanza a favor o en contra del magistrado. Mientras tanto, la decisión de eliminar o no el delito por aborto del Código Penal queda en un limbo.

Nunca antes Colombia había estado tan cerca de hacer historia en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entre las demandantes, más de 90 organizaciones integradas en el movimiento Causa Justa, la sensación en estas semanas previas era de que un solo voto podía decantar el fallo. Las portavoces de Causa Justa aseguraron este viernes, en un acto público, que no existe una razón jurídica para apartar al magistrado Linares.

En caso de fallar a favor de la despenalización, Colombia se convertiría en el primer país latinoamericano en eliminar el delito del código penal. Un camino que abrió Uruguay en 2012 y en los últimos meses Argentina y México. El delito aún persiste en algunos Estados mexicanos y fuera del aborto libre en las primeras 14 semanas que legalizó Argentina hace un año. Colombia sería así el primer país en impedir que ninguna mujer pueda ser llevada ante la justicia por una interrupción del embarazo. Actualmente, cada año unas 400 mujeres son criminalizadas por abortar, una condena que recae sobre todo en las del mundo rural.

En Colombia convive el derecho al aborto en tres causales —violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer—, aprobado en 2006, con el delito en caso de interrupción del embarazo fuera de estos casos. En la práctica, la posibilidad de una condena ha frenado el acceso al aborto legal y seguro. En especial entre las mujeres más vulnerables. El miedo a ser denunciadas separa a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales.

Las demandantes depositan ahora su confianza en la Corte como ya hicieron hace 15 años, cuando se logró por la vía judicial el derecho al aborto en las tres causales. Los magistrados han pedido a lo largo de estos años en numerosas ocasiones al Congreso que tome las riendas del debate y asuma su responsabilidad de legislar en materia de derechos humanos, pero los sucesivos gobiernos han obviado hasta ahora entrar en casos que generan controversia en la sociedad, como el aborto o la eutanasia.

La sociedad colombiana se reconoce en su mayoría creyente —el 97% de los ciudadanos según una encuesta de 2017— y el peso de las iglesias católicas y evangélicas, radicalmente en contra de la despenalización del aborto, aún es poderoso. Sin embargo, el despertar del movimiento feminista en el país, como en el resto de la región, a lo largo de las últimas décadas ha liderado un cambio de mentalidad en materias de igualdad y derechos reproductivos. Hoy en día, solo el 20% de los colombianos se muestra a favor de que una mujer que aborte pueda ir a la cárcel.

Causa Justa reconoce este retraso en la decisión que debería haber tomado este viernes la Corte como una traba más en el proceso, pero advierte de que no tiene nada que ver con el debate de fondo sobre la despenalización, sino que se trata de una discusión sobre “un trámite de carácter formal”. “No vamos a rendirnos y aprovecharemos esta coyuntura para seguir la conversación sobre la importancia de avanzar en la despenalización del aborto, animando a muchas más personas para sumarse a esta causa y a este movimiento. Seguimos en pie con la fortaleza y con la convicción de que la Corte Constitucional va a tomar una decisión que haga justicia con las mujeres”, defiende en un comunicado.

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Sobre la firma

Inés Santaeulalia
Es la jefa de la oficina de EL PAÍS US, antes fue responsable en Colombia, Venezuela y la región andina. Comenzó su carrera en el periódico en el año 2011 en México, desde donde formó parte del equipo que fundó EL PAÍS América. En Madrid ha trabajado para las secciones de Nacional, Internacional y como portadista de la web.

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