La crisis del coronavirus

Los migrantes venezolanos en Colombia afrontan la pandemia entre la vulnerabilidad y la xenofobia

Pese al aumento súbito del recelo nacional, los datos no muestran una mayor incidencia del contagio entre el colectivo

Una migrante venezolana carga a su bebé en un campamento improvisado en las afueras de Bogotá. En vídeo, migrantes venezolanos en Colombia.FOTO | VIDEO: REUTERS

El coronavirus ha mostrado con crudeza la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en Colombia. En su país de origen, al que miles han buscado regresar, las autoridades chavistas los han tratado de “armas biológicas” y les han restringido el retorno. Y de este lado de una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, las medidas de confinamiento decretadas para contener los contagios les dificultan ganarse la vida en las ciudades que los habían acogido. Todo en medio del aumento de los recelos nacionales frente a un colectivo que se encuentra desprotegido.

Durante los últimos meses, los retornos han tenido gran visibilidad. A pesar de las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras, más de 95.000 migrantes venezolanos han regresado desde distintos lugares de Colombia, de acuerdo con las cifras más recientes de Migración Colombia. Al menos otros 42.000 ha manifestado esa intención. Sin embargo, representan apenas una muy pequeña fracción del universo de migrantes que han encontrado refugio en Colombia, por mucho el principal destino de una diáspora que supera los cinco millones de venezolanos que han salido empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas.

La radiografía es dramática. A finales de mayo había en Colombia casi 1.765.000 ciudadanos venezolanos, según las cifras de la autoridad migratoria. De ellos, un millón son irregulares –es decir que han entrado por las trochas, o excedido los términos del permiso concedido–­, y nueve de cada diez alimentan las filas de la informalidad. En su inmensa mayoría, hacen parte de las franjas vulnerables de la sociedad que han sentido con más fuerza los embates de la crisis económica. En un contexto de aumento de la pobreza y el desempleo, muchos necesitan ayudas para sobrevivir un momento muy difícil, como ha advertido desde abril el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Bajo una enorme presión, Colombia ha mantenido su política de acogida y flexibilidad migratoria. En términos generales, los brotes de xenofobia han estado contenidos, aunque aumentaron a finales del año pasado durante las masivas protestas contra el Gobierno de Iván Duque, parte de la oleada de agitación social que sacudió a varios países de América Latina. Colombia no fue una excepción y se acusó sin pruebas a los extranjeros de agitar las manifestaciones. En Bogotá llegó a haber pintadas, algunas agresiones y quemaron los vehículos de varios bicitaxistas, uno de los oficios informales populares entre los migrantes. La tensión se calmó con el nuevo año, pero después irrumpió la covid-19. En los últimos meses se observa un deterioro en los indicadores de las encuestas.

La opinión desfavorable de la migración venezolana en Colombia tocó máximos con el disparo de la pandemia, en abril. Luego ha vuelto a sus valores pre-epidémicos, pero es que estos ya venían subiendo desde tiempo atrás. Dos tercios de la población autóctona tiene una visión desfavorable de las personas que llegan para quedarse.

“Creo que la pandemia sí afectó este proceso”, explicaba a comienzos de mes a este periódico Felipe Muñoz, el saliente asesor del Gobierno para la migración desde Venezuela. Con la difícil gestión de los retornados, los colombianos volvieron a verlos en la calle y ocupando el espacio público. “Tenemos que refinar la capacidad de identificarle a la opinión pública el aporte de los migrantes siempre, pero también durante la pandemia”, apuntaba Muñoz antes de dejar su cargo para asumir como jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Lo que están haciendo las autoridades de salud es atender los casos sin distingo de nacionalidad”, explica Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. A los que han regresado a su país se les hace tamizaje tanto en el punto de origen como en el punto de salida. Si presentan algún tipo de síntoma, no pueden abordar los buses que los llevan hasta la frontera, y si allá tienen síntomas tampoco pueden cruzar. Esas medidas, en cualquier caso, cobijan solo a esa pequeña franja de la población migrante que se puso en movimiento, y no reflejan la incidencia de contagio entre la gran mayoría que se mantiene en sus lugares de acogida.

EL PAIS ha tenido acceso a una base de datos del Ministerio de Salud que compila uno a uno todos los casos de la covid-19 detectados entre la comunidad migrante venezolana en Colombia hasta finales de julio. De su análisis se desprende que, para el periodo considerado, nada hace pensar que este colectivo constituya un foco diferenciado, pero sí se intuye una incidencia diferenciada en la salud de las personas afectadas dada su situación de desprotección.

Una incidencia localizada

Lo primero que puede extraerse de los datos es que, al menos en el periodo analizado, la incidencia del contagio no se intuye mayor entre la población venezolana. Alguno podrá sospechar que ello se debe a un menor número de pruebas diagnósticas, pero el relativamente bajo ratio de muertes confirmadas entre casos detectados permite intuir que el denominador en esta división (casos) no está particularmente sub-representado.

Hay ciertos focos destacados de contagio en los datos de la población migrante, pero son los mismos que para el conjunto del país: sobresale Bogotá, y en menor medida Barranquilla-Soledad. Las ciudades fronterizas no presentan grandes brotes, al menos no hasta julio.

Desde hace varios años, la migración no es un fenómeno exclusivo de las regiones limítrofes y tiene un alcance nacional. Apenas el 30% de los migrantes se ubican hoy en los departamentos colombianos sobre la frontera. De hecho, prácticamente uno de cada cinco (19,6%) vive en Bogotá, una urbe de más de siete millones de habitantes que acoge a casi 350.000, y en el departamento de Atlántico hay 163.000, casi 100.000 de ellos en Barranquilla.

“Yo me paso mis días tratando de convencer a migrantes que me encuentro en la calle de que no se devuelvan para Venezuela. El nivel de riesgo que corren en esa travesía es enorme. Aquí nos cuidaremos entre todos de alguna manera”, le dijo a este periódico Claudia López, la alcaldesa de la capital. “A la población migrante no le podemos girar la renta básica, porque el primer requisito es tener ciudadanía. Los hemos tenido que apoyar en especie y ahí el trabajo con Acnur y el Gobierno nacional ha sido clave”, detalló. Las autoridades entregaron más de 200.000 bolsas de alimentos a la población migrante en todo el país para ayudarla a resistir la fase más estricta de las cuarentenas. A esas ayudas se suman los esfuerzos de la cooperación internacional.

Desprotección invisible

Si bien no se puede observar en estos datos un contagio diferencial entre la población migrante, lo que sí existe es una afectación potencialmente mayor, más grave. Empezando por su falta de acceso al sistema de salud colombiano. A pesar de que la cobertura del mismo sobre el papel es alta (por encima del 90%), e incluso con sentencias de la Corte Constitucional y compromisos políticos que facilitarían la cobertura a migrantes independientemente de su regularización, el acceso efectivo a los servicios dista muchísimo de ser completo.

La falta de datos completos, para los migrantes como para el resto de segmentos de la sociedad en Colombia, no permite sacar conclusiones firmes sino apenas buscar indicios. Como los que también ofrecen los datos de afectación del virus diferenciada por acceso al sistema de salud.

La menor severidad observada entre las personas sin seguro se debe en parte a su menor edad promedio (30 años vs los 34-35 de los otros dos grupos), mientras que la incidencia de letalidad entre las personas de régimen subsidiado no se explica por la edad. Ello hace temer una falta de pruebas diagnósticas en este segmento (que sobre-representaría a los casos más graves), quizá complementada con una afectación realmente diferencial por mayor exposición al contagio por condiciones de trabajo y vivienda: las personas en régimen subsidiado pertenecen a estratos socioeconómicos más bajos que las que están en el régimen contributivo, propio de las clases medias.

En esto como en tantas otras cosas, sin embargo, la población de origen venezolano no es distinta a la del conjunto del país. Ni a la del continente. La condición de migrante acentúa vulnerabilidades, pero también las correlaciona: con el nivel de ingresos y la necesidad de completarlos. Un factor que está determinando las rutas que sigue el virus en toda Latinoamérica.

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