La crisis del coronavirus

Los vecinos de Venezuela buscan recursos para atender el éxodo

La movilización de la comunidad internacional se produce en medio de una crisis que evidencia la vulnerabilidad de los migrantes en países de acogida como Colombia, Perú, Ecuador o Chile

Migrantes venezolanos que esperan regresar a su país afuera de una terminal de buses en Medellín, Colombia.
Migrantes venezolanos que esperan regresar a su país afuera de una terminal de buses en Medellín, Colombia.JOAQUIN SARMIENTO / AFP

El coronavirus ha expuesto con crudeza la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados venezolanos dispersos por América Latina. Las cuarentenas y medidas de confinamiento decretadas por los distintos Gobiernos de la región para contener la pandemia en muchos casos les impiden ganarse la vida en las ciudades donde habían encontrado refugio, como demuestra el desesperado retorno de miles desde la vecina Colombia, por mucho el principal destino. La emergencia ya empieza a agravar las carencias en varios de los países de acogida y amenaza con dejar en segundo plano un éxodo sin precedentes, con crecientes necesidades humanitarias.

Más de cinco millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años empujados por una profunda crisis política, social y económica. De ellos, 1,8 millones se han afincado en Colombia, el país con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Aunque las cifras cambian constantemente, le siguen Perú (860.000), Chile (472.000), Ecuador (330.000) y Brasil (212.000). Antes de la irrupción del coronavirus, todas las proyecciones apuntaban a que Venezuela superaría en 2020 el fenómeno migratorio sirio —el mayor en el mundo—, con una enorme factura social y económica en los países de acogida. Esas colosales dimensiones no han provocado hasta ahora el respaldo requerido. El plan de ayuda regional de la ONU, lanzado en noviembre, ha recibido apenas el 4% de los fondos solicitados. De allí que se observen con expectativa los nuevos esfuerzos de España y Europa por movilizar a la comunidad internacional.

Los países receptores de la región andina comparten la visión de que el coronavirus ha causado un impacto devastador en los migrantes, apunta el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, representante especial para Venezuela de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “En esa consciencia compartida, se busca que la responsabilidad compartida no solo no se pierda y no se esfume en las agendas internacionales de preocupación frente a la pandemia, sino que se mantenga en una óptica correcta de apoyo a una población que está sufriendo una doble vulnerabilidad”, apunta en una conversación telefónica con EL PAÍS desde su hogar en Ciudad de Guatemala.

“Muchos refugiados y migrantes han perdido sus medios de vida, incluso han sido desalojados de sus viviendas”, aún en medio de las cuarentenas nacionales, añade Stein. “A pesar de los esfuerzos enormes de Gobiernos como el de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros países receptores, tienen sus presupuestos y capacidades institucionales sobrepasados, y tienen por supuesto imposiciones inescapables de primer orden frente a su propia población por el impacto de la pandemia”, valora al hacer un llamado para que se mantengan los compromisos humanitarios a los que llegaron en su momento varios miembros de la comunidad internacional. Ante la delicada situación, la cita de este martes, vía donaciones y préstamos, representaba la esperanza de “horizontes más amplios de apoyo para complementar la generosidad de los países latinoamericanos”.

El ejemplo de Colombia es ilustrativo. Muchos de los venezolanos forman parte de las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de nueve de cada 10 alimenta las filas de la informalidad. La emergencia sanitaria puede dar la falsa impresión de que el flujo migratorio se ha revertido. Golpeados por las medidas de confinamiento, cerca de 50.000 venezolanos han desandado sus pasos en los últimos dos meses para regresar a su país. Lo hacen a través de la frontera, cerrada formalmente por el Gobierno de Iván Duque desde marzo hasta finales de agosto como parte de los esfuerzos por contener el coronavirus. Las autoridades migratorias han abierto corredores humanitarios para permitir el paso de más de 500 retornados diarios desde Cúcuta, Arauca y La Guajira.

Sin embargo, esos retornados son apenas una mínima fracción de los 1,8 millones de venezolanos radicados en Colombia a finales de febrero, de acuerdo con las cifras de las autoridades migratorias colombianas. Muchos necesitan ayudas para sobrevivir un momento muy difícil, como ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Bajo cualquier escenario, la mayor parte permanecerá en países de acogida donde, según todas las proyecciones, se sentirá con fuerza la dentellada económica de la pandemia, aumentará la pobreza y el desempleo. Circunstancias que disparan el riesgo de brotes de xenofobia y rechazo comunitario a los recién llegados.

Colombia ha mantenido contra viento y marea una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente. El Gobierno se ha comprometido a continuarla a pesar de la contingencia, pero los recursos son insuficientes. “Colombia tiene el 36% de los migrantes y refugiados venezolanos, y a pesar de un plan integral en el cual los ha atendido con generosidad los últimos tres años, la covid-19 impone nuevos retos”, recalca Felipe Muñoz, asesor presidencial para la migración desde Venezuela. Ante las nuevas circunstancias, su despacho ha tenido que coordinar diversas acciones como entregar cientos de miles de bolsas de alimentos a migrantes para que puedan cumplir la cuarentena. “Por ello requerimos aún con mayor urgencia más recursos internacionales para seguir atendiendo a esta población”, concluye.

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