España se repliega ante la amenaza de una segunda ola de contagios
Las comunidades vuelven a recortar libertades mientras los casos siguen subiendo: 628, la mayor cifra desde el 8 de mayo, cuando las salidas a la calle estaban limitadas
El gran terremoto que arrasó Lisboa en 1755 fue seguido de un tsunami; tras una enorme ola, las aguas se retiraron hasta una profundidad que los lisboetas nunca habían visto. Los curiosos que fueron a la orilla para contemplar aquel fenómeno desaparecieron bajo una segunda ola más potente que la anterior. Si la primera ola del coronavirus se retiró, no fue del todo, puesto que la transmisión nunca se detuvo. Y en caso de existir una segunda es probable que no la veamos hasta que la tengamos prácticamente encima. Lo que temen ahora los expertos en salud pública es que los ciudadanos estén jugando demasiado cerca de la orilla. Ante este riesgo, muy dispar en función del territorio, algunas comunidades ya están buscando refugios.
A diferencia de un tsunami, los comportamientos de la población influyen en la potencia de la segunda ola. Incluso en su propia existencia. Pero para evitarla hay que actuar rápido. Es algo que no ha sucedido en Cataluña, donde la transmisión comunitaria avanza sin control impulsando, junto a Aragón, un conteo de casos que cada vez preocupa más tanto a Sanidad como a los epidemiólogos consultados. En estas dos comunidades están más de la mitad de los 628 positivos que el ministerio ha notificado este viernes. Es la cifra más alta desde el 8 de mayo, cuando las salidas a la calle de los españoles todavía estaban tasadas. Si se atiende a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, una de las estadísticas que mejor refleja los movimientos de la pandemia, Aragón (270) y Cataluña (611) concentran el 60% de los 1.313 de toda España. Y esta cifra es casi 10 veces superior a la del 18 de junio, cuando registró su cota más baja.
Ante este indiscutible avance de la covid, uno de los grandes debates ya no es si dar marcha atrás con respecto a las restricciones, sino cuánto y dónde. Aragón se adelantó. Las cuatro comarcas más golpeadas retrocedieron a lo que equivaldría a una fase 2 el 22 de junio, solo un día después de terminar el estado de alarma. Y tres semanas después, cuando ya parecía que la situación estaba controlada y podría volver a avanzar, los casos comenzaron a subir de nuevo, hasta que esta misma semana han llegado a las capitales de provincia, que han tenido que dar también este paso atrás.
En Cataluña prefieren no hablar de fases, unos estadios que no están en vigor y sirven simplemente como referencia por las medidas que contempla cada uno. Pero también comenzó a dar marcha atrás hasta declarar el confinamiento domiciliario obligatorio en Lleida, algo que será voluntario, por el momento, en Barcelona y su área metropolitana. País Vasco, que ha sufrido varios brotes, ha decidido restringir el aforo de los locales en las zonas más afectadas. En Baleares han decretado esta semana el cierre de todos los establecimientos de ocio en algunas de las calles más turísticas de Magaluf y Palma, donde se habían producido aglomeraciones. La Xunta de Galicia ha anunciado que va a prohibir los botellónes. Murcia ha decretado multas de 3.000 euros a las personas que hayan estado en contacto con positivos y se salten la cuarentena. Y 14 de las 17 comunidades han endurecido el uso de mascarillas: se deben llevar en cualquier espacio público en todas menos en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.
Varios expertos consultados coinciden en que las medidas donde hay brotes, especialmente en Cataluña, deberían ser más duras. Y que lo que debería hacer el resto de comunidades es reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica, que haya personal suficiente para rastrear todos los positivos, aislar a sus contactos y que esto evite que tengan que quedarse en casa poblaciones enteras. Y esto, coinciden, no está sucediendo. “Me preocupa mucho lo que está pasando porque es la constatación de que no se han puesto en marcha los sistemas que se deberían haber puesto durante el confinamiento para detectar a tiempo lo que estaba pasando y poder reaccionar. Estamos viendo una falta en los sistemas de información, que son los que te permiten ver rápidamente que podemos tener más casos, y de rastreo e incluso saturación de hospitales”, dice Miguel Hernán, catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard.
Si se imponen restricciones, opina Joan Ramón Villalbí, portavoz de la Sociedad Española de Salud Preventiva (Sespas), deben ir en una dirección: aumentar la probabilidad de que el virus muera en una persona sin pasar a otra. “Se trata de intervenir en aspectos que facilitan la transmisión. Todas las medidas que limitan los espacios cerrados o mal ventilados donde hay mucha gente son los más útiles. Cada Administración tiene que evaluar lo que puede hacer sin frenar demasiado la economía. Es un equilibrio complejo”, expone.
Margarita del Val, viróloga del CSIC, se muestra muy preocupada por la situación: “Los llamamos brotes, pero quizás estemos entrando en una segunda ola, aunque eso no lo veremos hasta que estemos dentro. Por suerte, con las medidas el crecimiento será más lento que en la primera”, explica. Ve con malestar cómo “una minoría” de ciudadanos ha relajado las normas mientras que los más vulnerables, los mayores y los enfermos crónicos, “están asustados, muchos sin salir de casa”. Después de 15 minutos al teléfono pintando una situación complicada, antes de colgar, hace una pausa: “Igual también hay que verle un lado positivo: lo que aprendamos ahora, ya sean brotes o una segunda ola, servirá para controlar la de otoño, que está casi garantizada”.
Más casos que antes del estado de alarma
La decisión de decretar el estado de alarma se anunció un 13 de marzo, cuando había detectados 4.209 casos. En la última semana se han diagnosticado 5.695. No son cifras equiparables. En marzo la capacidad diagnóstica era mucho menor y prácticamente los únicos que se detectaban eran los casos graves. Ahora se hace pruebas a un 92% de las personas con síntomas compatibles con covid y el 70% de los positivos son asintomáticos. La cifra que permitiría una mejor comparación es la de hospitalizaciones, pero al inicio de la crisis no era pública. Sí se sabía que 272 personas habían necesitado cuidados intensivos y que 120 habían fallecido. Como la mayoría de los decesos se producían en estas unidades, su ocupación debía estar (tampoco hay cifra oficial de esto) en algo más de 150 personas. El pasado jueves había 135 ingresados en las UCI españolas.
En opinión de Daniel López-Acuña, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, el análisis para hacer confinamientos no debería hacerse en los números de toda España, sino “comunidad por comunidad, provincia por provincia o comarca por comarca, para actuar de forma muy quirúrgica cuando sea necesario”.
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