El enredo jurídico pone en jaque la gestión del brote de Lleida

La contención del coronavirus en Lleida, que acumula 1.600 casos en una veintena de focos activos, ha quedado pendida en el aire, a merced de la burocracia y los enredos competenciales que han aflorado tras el fin del estado de alarma el pasado el 21 de junio, cuando las autonomías recuperaron sus atribuciones sanitarias y, con ellas, la gestión de la pandemia en su territorio. En manos del Govern está la protección de la salud de los ciudadanos de la comarca leridana del Segrià, donde existe una transmisión descontrolada de la covid-19, en buena parte por la falta de previsión y el caos en el rastreo de contactos. Después de un infructuoso cierre perimetral de la zona para contener los brotes (la mayoría entre temporeros de la fruta), el Govern decidió el domingo confinar en su domicilio a 160.000 personas de Lleida y otros siete municipios de la comarca. La justicia, sin embargo, anuló la decisión por “desproporcionada” y porque, en todo caso, juzgó que debería ejecutarse a través de un estado de alarma (competencia del Estado). A la espera de un mecanismo jurídico para desencallar la medida, el virus sigue circulando por Lleida. Los expertos, mientras, alertan de la necesidad de medidas contundentes de inmediato.

Torra firma el decreto con que Catalunya dejará de estar en fase 3 y gestionará la nueva normalidad

Lleida se despertó este lunes en un limbo legal, sin saber si los vecinos tenían que quedarse en sus casas o podían salir libremente a la calle. La juez de guardia del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida había tumbado —en la misma línea que se pronunció el fiscal jefe de Lleida— el plan del Govern del confinamiento domiciliario en Lleida (excepto para ir a trabajar, cuidar niños o mayores y compras de primera necesidad) y la batalla burocrática dejaba a la comarca en vilo.

“No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas”, ha asegurado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sin embargo ha rebajado a “recomendaciones” las directrices del Govern que impedían salir del domicilio en el Segrià.

El president ha salido al paso de la negativa de la justicia aprobando un decreto ley que modifica la ley catalana de Salud Pública de 2009. La reforma busca dar apoyo jurídico a los cierres y restricciones de movilidad que se puedan poner en marcha en el futuro para contener la pandemia. Para poner en marcha esos confinamientos, según el texto que se ha conocido este martes, la autoridad sanitaria tendrá que emitir un informe que acredite la situación actual de riesgo de contagio, del control de la pandemia y donde se describa el paquete de medidas, que por cierto se acotan a un periodo de 15 días.

En la exposición de motivos, la Generalitat se refiere a la ley orgánica de Medidas Especiales Materia de Salud Pública, de 1986, que habilita a la “autoridad sanitaria”, en este caso la Generalitat por tener las competencias en salud, para realizar las acciones preventivas generales sobre enfermedades transmisibles y poder “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con ellos y su entorno inmediato”.

“Mientras que la previsión de los estados excepcionales es una regulación de carácter general, que puede responder a causas muy diversas y, con respecto al estado de alarma, una de sus causas puede ser una situación de emergencia sanitaria, en cambio, la regulación específica de las emergencias sanitarias constituye una legislación especial que resulta de la necesidad, en determinadas circunstancias, de adoptar medidas específicas para preservar la salud pública y de proteger los derechos a la vida”, defiende el texto de la Generalitat.

La decisión sobre Lleida

El Govern espera este martes aprobar de nuevo la resolución de cierre de Lleida, amparado bajo la nueva normativa. Anoche la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, explicó en TV3 que el decreto ley “da un marco jurídico” a las medidas restrictivas si se presentan rebrotes y anunció que las medidas serán prácticamente calcadas a las que figuraban en el documento rechazado por la juez.

Torra ha asegurado que la decisión del cierre no es sencilla y que no aceptará presiones de sectores, como el turístico, que se oponen a volver a encerrarse para frenar el virus. El nuevo decreto, ha dicho, permitirá actuar “con toda la contundencia necesaria en función de los datos de la evolución epidemiológica”. El vicepresidente, Pere Aragonès, que también ha comparecido, fue el encargado de descartar la vía que parece más simple: solicitar al Gobierno que decrete un estado de alarma parcial en el territorio afectado y decretar a la Generalitat como máxima autoridad. ERC y Junts per Catalunya, los socios del Govern, hicieron de la supuesta “usurpación” de competencias durante el estado de alarma su caballo de batalla contra el Gobierno central en el momento más álgido de la pandemia e incluso votaron en contra en algunas prórrogas.

La Moncloa, por su parte, ha descartado decretar el estado de alarma por iniciativa propia y ha recordado que todas las comunidades autónomas tienen herramientas de control, como la limitación de horarios o las reducciones de aforo. Preguntado por este periódico si la ley de salud pública es suficiente para que las comunidades realicen confinamientos domiciliarios de grandes poblaciones en comarcas o provincias, Illa se ha limitado a responder que prefiere “no entrar en debates jurídicos”, para añadir que “las comunidades tienen herramientas suficientes” y que hay jueces que han permitido confinamientos. La diferencia es que estos no han sido domiciliarios, sino perimetrales o han sido a grupos de personas muy pequeños.

La polémica, sin embargo, ha continuado cuando, horas después del anuncio del Govern, el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, objetara aún sin conocer el texto legal la propuesta de Torra. “No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales”, ha dicho a Europa Press. El argumento de Boné ha sido mal recibido por Torra, que en su intervención ha recordado que en el País Vasco y en Galicia los Gobiernos autonómicos sí habían podido decidir sobre el derecho a voto —también catalogado como fundamental— de las personas que habían dado positivo por coronavirus. “Y ahí no hubo ningún problema”, ha recordado el president.

Como sucedió en esas comunidades, también aquí hay debate jurídico. “Si cree que es necesario un confinamiento de ese calibre lo tendrá que solicitar al Estado”, explica Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona (UB). “La juez podía haber ratificado las medidas con una interpretación favorable al derecho autonómico y anteponiendo el criterio de la salud al de la libertad individual de movimientos”, defiende el catedrático de Derecho Constitucional de la UB, Xavier Arbós.

En medio del guirigay jurídico, los expertos sanitarios consultados coinciden en que la situación del Segrià es compleja y urgen medidas contundentes. “Hay pocas alternativas drásticas para cortar la transmisión más que el distanciamiento social más agresivo. Esa es la más efectiva. La situación denota que no se pueden trazar las cadenas de transmisión y no se sabe por dónde circula el virus. Estamos repitiendo, con otra velocidad de la curva y seguramente con más detección de casos, el paso de la fase de contención a la de mitigación”, valora Alberto García-Basteiro, epidemiólogo de ISGlobal.

El Segrià registra al menos tres fallecidos y 1.631 casos positivos desde que el 17 de junio empezaran a dispararse los infectados en la zona. “Si todos esos elementos de control de la epidemia, la capacidad de vigilancia, rastreo y notificación temprana, están en su sitio, lo estás detectando todo y puedes apostar que estás en una fase de contención. Pero cuando no lo tienes nada claro y no tienes capacidad para hacer rastreos y testar, ante la duda, te vas a lo más drástico”, reflexiona García-Basteiro. ”En esta situación, la transmisión comunitaria es clara y ya se ha perdido el seguimiento de los contactos. La siguiente medida [confinar en casa] es razonable. Es la única que podría dar un resultado rápido, aunque es muy dura”, coincide Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona.

A diferencia de Aragón, con brotes semejantes en tiempo y formas y previsiblemente vinculados con los de Lleida, Cataluña tardó en responder. Mientras el Gobierno aragonés retrocedía el 22 de junio a fase 2 en varias comarcas limítrofes con Lleida por brotes entre temporeros, Cataluña avanzaba de la fase 2 a la nueva normalidad en cuestión de horas. “El sistema de vigilancia todavía no ha acabado de consolidarse. Y esto no es positivo. Pasamos de la fase 2 a la normalidad en 24 horas, pero ese era el período que teníamos para consolidar el sistema: la atención primaria está en cuadro y el sistema de vigilancia es muy escaso”, apunta el epidemiólogo Joan Ramon Villalbí. “En Lleida el foco está descontrolado y tienen que ir a lo más agresivo. Cuando no sabes por dónde te vienen los casos, lo más efectivo es un confinamiento domiciliario”, concluye García-Basteiro.

Con información de Blanca Cia y Pablo Linde.

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