la crisis del coronavirus

Torra aprueba un decreto sobre confinamientos para tratar de sortear el veto judicial de Lleida

La Fiscalía, sin conocer el texto, avisa de que la Generalitat no puede legislar sobre derechos fundamentales

Urgencias en el CUAP Prat de la Riba, donde este lunes ha entrado en funcionamiento un pequeño hospital de campaña.
Urgencias en el CUAP Prat de la Riba, donde este lunes ha entrado en funcionamiento un pequeño hospital de campaña.JAVI MARTÍN

Lleida ha amanecido este lunes sin saber hasta qué punto los habitantes de la ciudad están o no confinados tras el revés judicial de anoche contra las medidas de la Generalitat para limitar los movimientos por el rebrote de coronavirus. La Generalitat ha aprobado a las 22.00 horas un decreto ley que en teoría dará amparo legal a las nuevas restricciones, si bien la orden específica sobre la comarca del Segrià se conocerá este martes a media mañana. El Ejecutivo catalán descarta solicitar al Gobierno un estado de alarma parcial y pide a los ciudadanos afectados por las restricciones que sigan “las recomendaciones” y se queden en casa. La Fiscalía, sin conocer aún el nuevo texto, ha recordado que Torra no puede legislar sobre derechos fundamentales.

“Hemos aprobado un decreto ley que recoge el ordenamiento jurídico que nos permite aplicar este tipo de medidas más restrictivas. Una vez se publique dictaremos la resolución correspondiente para que se tomen esas medidas en Lleida”, ha explicado la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en TV3. Así pues, los vecinos del Segrià tendrán un día más de incertidumbre sobre su situación, aunque la portavoz ha recordado que el Ministerio de Sanidad ha dicho que se deben seguir “las recomendaciones” de la Generalitat.

La decisión de la juez de no dar por bueno el confinamiento ha caído como un jarro de agua fría en el Palau de la Generalitat. “No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas”, había dicho Torra a primera hora este lunes, en una comparecencia junto al vicepresidente Pere Aragonès. Para el president, la decisión judicial es una “traba burocrática” que se opone a la misión de la Generalitat de velar por la salud de los catalanes. En varias ocasiones, Torra ha querido hacer el símil con la situación en el País Vasco, donde se ha negado el derecho a voto en las autonómicas del 12-J a algunas personas que han dado positivo por coronavirus. “No vamos a perder el tiempo con recursos judiciales”, ha asegurado Torra. Tras el anuncio de la nueva herramienta legal, el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, ha cargado contra esta vía. “No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales”, ha respondido a preguntas de Europa Press.

En foto, Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el Parlament. En vídeo, Torra anuncia el confinamiento de Lleida por decreto. FOTO Y VÍDEO: EUROPA PRESS

Por su parte, Aragonès ha descartado pedir al Gobierno un estado de alarma parcial. “Con el actual marco normativo se puede evitar un estado de alarma, así sea parcial. La ley nos permite ciertas actuaciones y no hay ninguna razón para volver a ese momento”, ha dicho. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha denunciado en una rueda de prensa los intentos de “judicializar la pandemia” y “buscar una batalla jurídica”.

El Gobierno ha descartado la posibilidad de decretar el estado de alarma y pide que se respeten las decisiones judiciales. Según fuentes de La Moncloa, las comunidades autónomas ya cuentan con mecanismos suficientes como para poder actuar contra los rebrotes, dando a entender que posiblemente haya un error material en la resolución del cierre hecha por el Govern y que, por ejemplo, no ofrecía el periodo de tiempo en que podría estar cerrada la movilidad.

Desde este domingo por la noche la Generalitat ya buscaba una manera de salir al paso del veto judicial, aunque Torra ha querido defender el texto de la resolución que prohibía toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat. El objetivo de la Generalitat era limitar los movimientos de los 160.000 habitantes de la zona mientras crece el desconcierto entre la población, según ha denunciado el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.

En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio, la consejera de Salud, Alba Vergés, había adelantado que el Gobierno buscaba la seguridad jurídica y ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa y salga “solo para trabajar y comprar lo necesario”, y ha alertado de que el riesgo de transmisión del coronavirus en esta zona es alto. “No tomamos medidas por gusto. No dejaremos de trabajar por la salud de la gente”, ha sostenido Vergés, que ha añadido que el Gobierno es conocedor de las medidas que ha tomado la Generalitat, ya que así se lo ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Torra ha aceptado que el texto de la resolución tumbada por la jueza de Lleida son “recomendaciones” y se ha mostrado confiado en que los habitantes de los municipios afectados serán responsables. “Los ciudadanos del Segrià saben mucho mejor que yo lo que tiene que hacer. No tengo duda que seguirán las recomendaciones”, ha dicho.

“No hay argumentos jurídicos”

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha pedido a primera hora de este lunes “claridad” sobre la decisión de confinar la zona por el rebrote de coronavirus y ha puesto en duda que la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida pueda “decidir sobre la situación sanitaria”. “Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoria de la juez”, ha asegurado Pueyo en una entrevista en RNE.

Desde su punto de vista, “no hay elementos o argumentos de tipo jurídico” que lleven a una juez a no confinar el territorio, y se deberían estar tomando decisiones “sobre bases científicas o sanitarias”. En este sentido, el alcalde ha reconocido una “sensación de desorden” y de “disgusto”, sumado ahora a la “incertidumbre” tras la decisión de la juez. A su juicio, son el Gobierno y la Generalitat los que “deben llegar a un acuerdo”.

Pueyo ha recordado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reclamó públicamente que se adoptasen “medidas más contundentes” en la región. “Tenemos 108 personas ingresadas, 13 en la UCI, y la edad media ha disminuido hasta los 55 años”, ha alertado. Así, el alcalde ha insistido en que necesita “seguridad, claridad” y también “medidas concretas”, por lo que ha solicitado a la Generalitat catalana “más recursos” para enfrentar el brote de covid-19 y parar la transmisión comunitaria.

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado de “mala” la decisión adoptada por la juez de Lleida, y ha anunciado que el Govern destinará cuatro millones de euros a “ayudas directas para los establecimientos que se están viendo más afectados” en la región.

Mientras tanto, el tejido empresarial de Lleida ha lamentado este lunes la “improvisación” del Govern por el endurecimiento de las medidas de confinamiento de ocho municipios del Segrià y ha asegurado que los empresarios de la zona están “desesperados”. “Me parece un desbarajuste todo lo que está pasando, ya no sabemos cómo actuar, ni qué hacer”, ha explicado el presidente de la Federación de Hostelería de Lleida, Josep Castellarnau.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Así evoluciona la curva del coronavirus en España y en cada autonomía

- Buscador: La nueva normalidad por municipios

- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus

- Guía de actuación ante la enfermedad

Lo más visto en...

Top 50