Sanidad aprueba un plan para evitar otro estado de alarma en una segunda ola del coronavirus

La gestión de una hipotética segunda ola de la epidemia del coronavirus estará en manos de las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad les ha presentado este lunes un plan de respuesta temprana y control de la pandemia, tres semanas después de que terminase el estado de alarma y con la intención de que no se tenga que repetir esta intervención radical, aunque es un extremo que no se descarta si la situación se vuelve a descontrolar.

El plan es un documento que recopila, por un lado, todas las actuaciones que el Gobierno considera necesarias para adelantarse a una nueva sacudida de la covid-19 y atajarla a tiempo, al contrario de lo que sucedió en marzo. Muchas son medidas que ya estaban recogidas en la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986 y en la Ley General de Salud Pública de 2011. Por otro, describe las capacidades necesarias del sistema sanitario en esta hipotética segunda ola. Las comunidades podrán hacer sus aportaciones al plan antes de su aprobación definitiva. Este periódico ha consultado la opinión de las 17 consejerías, que no han respondido o han preferido estudiar más a fondo el plan antes de comunicar sus enmiendas.

Illa anuncia un plan de respuesta temprana y control de la pandemia

En este nuevo escenario ganará peso el Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne al ministerio y a los consejeros de todas las comunidades autónomas. Allí se analizará periódicamente la situación y, en el caso de que la transmisión afecte a más de una autonomía, se impondrán medidas de obligado cumplimiento mediante lo que Sanidad denomina una “actuación sanitaria controlada”. En principio, entre estas medidas no está previsto un confinamiento masivo como el de marzo y abril, ya que para esto volvería a ser necesario el estado de alarma.

Ante una alta transmisión de contagios, es el gobierno regional el que tiene que tomar medidas, tal y como está suciediendo en Aragón, Galicia o Cataluña. La intervención del Ministerio llegaría, dentro del marco del Consejo, si se expande más allá de sus fronteras. ¿Qué se podría determinar aquí? Un ejemplo sería que la epidemia circulara entre tres comunidades y cada una de ellas tuviera regulado de una manera distinta los eventos masivos. En el interterritorial se podrían acordar y dictar normas homogéneas para todas ellas, llegando a prohibirlas, imponer cierre de comercios o de instalaciones municipales.

Para ello, como sucedía en el plan de desescalada, no hay tasadas una cifras que sirvan como marco. Sanidad insiste en que hay que evaluar cada escenario y que estos umbrales no serían útiles. Ante señales de alerta, el Plan establece que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) realizará una evaluación en coordinación con la comunidad autónoma para evaluar el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión. Se tendrá en cuenta el ámbito territorial que se está evaluando; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, capacidad asistencial y capacidad de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control, entre otros factores.

Pero el objetivo es adelantarse también a ese escenario. Para ello, el texto establece que las comunidades deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública, disponer de planes de contingencia, garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año, asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos.

El plan también contempla las reservas estratégicas de material que tendrá que tener el sistema sanitario. Las comunidades estarán obligadas a disponer de equipos de seguridad necesarios para ocho semanas sin ayuda exterior y para 15 días de pruebas. El ministerio, por su parte, deberá acumular el 25% de la necesidad de todo el país, según el documento que ha presentado Sanidad. Además, deben disponer de una capacidad entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos.

Uno de los puntos en los que hace hincapié el plan es en la coordinación, algo que falló en la primera ola de la pandemia. Tanto entre administraciones como dentro de ellas: entre hospitales, sistemas de primaria y servicios de salud pública, que son los encargados de rastrear los casos. Fuentes del Gobierno explican que la mayoría de las comunidades ya tienen preparadas casi todas las capacidades que exige el plan, aunque algunas todavía necesitan reforzarlas. “No hay carencias generales en todo el sistema, sino algunas concretas en unas comunidades u otras. Nos gustaría que hubiera mejor transmisión de información y que los sistemas informáticos estuvieran más a punto”, apuntan estas fuentes.

El caso de Cataluña, donde los brotes se descontrolaron para dar paso a una transmisión comunitaria, se ha adelantado a este plan, pero está siendo un banco de pruebas de cómo operará el sistema a partir de ahora. Tras confinar el Segrià, la comarca más afectada, el siguiente paso de la Generalitat fue establecer un confinamiento domiciliario más estricto, algo a lo que una juez se ha opuesto. Fuentes del Ejecutivo explican que está en manos de la autonomía recurrir esta decisión o buscar soluciones jurídicas: “El Gobierno apoyará en lo que haga falta, pero existen las herramientas para que hagan frente al brote”. Estas mismas fuentes no contemplan por el momento aplicar allí el estado de alarma, aunque es algo que nunca está por completo descartado.

El papel del ministerio, siempre que no tenga que volver a tomar las riendas como hizo el pasado 14 de marzo, será el de asesorar, coordinar y mantener sus competencias en sanidad exterior —se mantendrá el control de las fronteras y las restricciones con terceros países fuera de la zona Schengen que se consideren de riesgo— y medicamentos. Aunque no existe de momento tratamiento efectivo ni vacuna contra la covid, Sanidad tiene la competencia de asegurar su suministro en caso de que lleguen y prevé que haya una inmunización efectiva a lo largo del año que viene. Por el momento, el plan establece prioritario prevenir el impacto de la gripe en este otoño-invierno. Para ello fomentará el aumento de la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitario, mujeres embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

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