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El caos en el rastreo obliga a Cataluña a reforzar sus equipos de vigilancia

Torra anuncia la obligatoriedad de la mascarilla entre las críticas de la oposición por su gestión del rebrote en Lleida

La ampliación del hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en la comarca confinada por varios brotes de coronavirus, este miércoles.
La ampliación del hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en la comarca confinada por varios brotes de coronavirus, este miércoles.Ramón Gabriel (EFE)

El incesante goteo de infectados por la covid-19 en Lleida, que supera ya el medio millar con una quincena de brotes activos, ha destapado las carencias del sistema de detección de casos en Cataluña. Ante el desbarajuste del rastreo y las quejas de la oposición en el Parlament, que pide incluso la dimisión de la consejera de Salud, Alba Vergés, el Govern ha salido al paso de las críticas a su gestión con varios gestos: ha anunciado la obligatoriedad, a partir de este jueves, de usar mascarilla en los espacios públicos aunque se cumpla la distancia de seguridad y ha activado, más de un mes después de iniciar la desescalada, una unidad específica de seguimiento de la covid-19 para “simplificar procesos y coordinar acciones” de cara a una segunda ola.

Las nuevas medidas anunciadas por la Generalitat coinciden con el importante rebrote en la comarca del Segrià, que con 210.000 habitantes ha registrado más de 500 nuevos casos en la última semana y en cuyos hospitales están ingresados 74 pacientes, nueve de ellos en la UCI.

El aumento de la incidencia en la zona se ha visto favorecido por las carencias en el sistema de rastreo de casos. Las quejas de los profesionales se centran en la falta de refuerzos en vigilancia epidemiológica, que solo han empezado a llegar a Lleida cuando “la transmisión comunitaria se ha descontrolado y no durante las tres semanas en las que la incidencia ya estaba creciendo y eran más necesarios que nunca para que la situación no se agravara”, explica un profesional sanitario del área. Vergés ha anunciado este miércoles que 15 profesionales se incorporarán a los otros nueve que se encargan de la vigilancia epidemiológica en Lleida.

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Miquel Porta, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, celebra “las medidas adoptadas para tener a más epidemiólogos trabajando sobre el terreno, que es la vía para contener el brote”. Algo, sin embargo, que cree que “debería haberse hecho hace tiempo”.

Los otros eslabones de la cadena también funcionan a medio gas. La atención primaria, encargada de la detección de casos e identificación de contactos, lamenta la falta de directrices claras por parte de las gerencias. “No nos llega información de las direcciones y esto obstaculiza el seguimiento de los contactos”, protestan desde el Foro Catalán de Atención Primaria. Coincide Javier O’Farrill, de Metges de Catalunya: “Los protocolos no tienen un objetivo claro a seguir. Y esto da más sensación de estrés y sobrecarga. Estamos como perdidos”.

Tampoco la última mano de seguimiento de contactos acaba de arrancar. En la centralita subcontratada da Ferrovial, que debería llamar a los contactos cercanos de casos positivos, el teléfono no suena. El 60% de los casos positivos aparecen sin contactos cercanos que seguir, explican fuentes del call center. Carles trabajaba allí, pero no le han renovado. “En todo junio se podrían contar las llamadas con las manos. El día que más hice fueron cinco a 16 contactos, ya que, a veces, en una llamada haces más de un seguimiento si viven en la misma residencia y los pillas juntos”, relata. El subdirector general de coordinación de Salud Pública, Xavier Llebaria, ha justificado este miércoles que el seguimiento de contactos es “una acción sinérgica” entre atención primaria, salud pública, las unidades de prevención de riesgos laborales y la centralita: “No todo lo que son contactos va a llegar al call center”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha cuestionado el dispositivo de rastreo este miércoles. “No tenemos la garantía de que funcione a pleno rendimiento”, ha dicho en TV3. O’Farrill insiste en que “lo importante es que quede claro quién hace qué”. “La atención primaria podría hacerlo todo si tuviese los recursos personales y económicos para hacerlo”, agrega.

En este contexto, la extensión de la obligatoriedad de llevar la mascarilla incluso en espacios abiertos y bajo la amenaza de una multa de 100 euros también ha sido recibida con cierto escepticismo por muchos profesionales y expertos. “Es algo que puede ser de ayuda en casos muy concretos, pero este no es el problema que ha causado el rebrote, que ha sido la falta de medios y de previsión ante lo que estaba ocurriendo”, lamenta un responsable sanitario de Lleida.

Joan Ramon Villalbí, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) recuerda que “la mascarilla es útil especialmente en condiciones que pueden favorecer la transmisión del virus, como en espacios cerrados y cuando en los públicos no pueda respetarse las distancias”. “Pero también es verdad que en las calles de Barcelona ha descendido algo su uso. No está de más reforzar su uso en estas circunstancias”, añade.

La oposición ha cargado este miércoles también contra el Govern por su gestión de la crisis sanitaria. El PP ha pedido la dimisión de Vergés y varios grupos han afeado al Ejecutivo sus vaivenes en la crisis de Lleida y la falta de un secretario de Salud Pública desde junio, que dimitió Joan Guix.

Euskadi declara obligatorio cubrirse en Ordizia

La preocupación va saltando de provincia en provincia. Primero fue Álava, con el foco en el Hospital de Txagorritxu. Después Bizkaia, con un contagio comunitario en Basauri y, luego, Bilbao y su área metropolitana. Ahora los datos que preocupan están en Gipuzkoa. El foco de Ordizia ha elevado los nuevos positivos en Euskadi hasta los 31 nuevos casos, de los que 13 pertenecen al foco de Ordizia. Un dato que sube hasta los 48 el número de contagios totales en esa localidad del Goierri. Desde este miércoles, en Ordizia es obligatorio el uso de la mascarilla “sin válvula” en la calle y en todos los espacios públicos o de uso público abiertos y cerrados, aunque haya distancia de seguridad. También se restringe el ocio en la localidad: los bares y restaurantes tendrán un aforo máximo del 50% y se prohíbe el consumo en mesa. La hora de cierre no podrá superar las 23.30. El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro (EH Bildu), criticó al Gobierno vasco y dijo que no se dan las condiciones para celebrar las elecciones autonómicas el domingo. / PEDRO GOROSPE

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