La mayoría de los sanitarios se enfrentó a la pandemia sin protocolos para actuar y evitar contagios

Cuando el coronavirus llegó a los hospitales españoles, la mayoría de los sanitarios no tenía los medios para enfrentarse al virus. No solo estaban expuestos al patógeno por la ausencia de equipos de protección, sino que faltaban protocolos básicos para actuar, para manejar a los enfermos o para evitar contagiarse. Así lo revela una encuesta entre 2.500 profesionales que publica este martes el Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS).

En concreto, el 71,5% de los profesionales contestó que no se había dispuesto de recursos suficientes (test, equipos de protección) para su protección. Solo un tercio afirma que contaba con protocolos para evitar los contagios al inicio de la crisis, porción que se duplica dos semanas después del estado de alarma. Algo parecido sucede con las guías de manejo de pacientes con sospecha de covid: algo menos de la mitad dice tenerlos desde el principio, un 33% adicional contó con ellas desde finales de marzo y un 12% asegura que no las recibió en ningún momento.

Es probable que esta situación repercutiera en las altas tasas de infección entre sanitarios. De los consultados en el sondeo, el 85% contestaron que habían estado en contacto directo con pacientes de covid (un 56,5% de forma continua). Un 15% de los médicos y un 14% otras profesiones distintas a la enfermería afirman haberse infectado, porcentaje que sube al 23% entre las enfermeras. Entre quienes tuvieron contacto permanente con enfermos de coronavirus, el porcentaje se eleva al 18,6% en médicos y 25,8% de las enfermeras.

Las conclusiones después de una amplia batería de preguntas a médicos y enfermeras son demoledoras para el sistema. “La respuesta del Sistema Nacional de Salud a la crisis provocada por la pandemia ha sido notablemente inadecuada y fragmentada. El enfoque ha sido hospitalocentrista, en lugar de salud pública y comunitaria. La coordinación entre hospitales y atención primaria, así como entre recursos sanitarios y sociales, ha sido muy pobre. El sistema deberá reorientarse hacia la salud y establecer mecanismos para una mejor integración de los recursos disponibles”, asegura Javier Elola, director de la Fundación IMAS y responsable de la encuesta.

El sondeo muestra la desafección de los profesionales respecto a las distintas administraciones, incluyendo a los equipos de gestión de los centros que son vistos en numerosas ocasiones como “instrumentados políticamente”, reza el documento. Algunas quejas de profesionales en la encuesta son muy contundentes en este sentido: “Que los directivos de hospitales sean políticos ha sido nefasto. Reaccionaron tarde escuchando a sus dirigentes y no a sus trabajadores. La falta de profesionalidad de los equipos de dirección se ha visto en la falta de toma de decisiones importante para involucrar a todos los profesionales y los médicos”

La percepción es peor cuanto más alejada está la capacidad de decisión. El Ministerio de Sanidad es la institución peor valorada durante la crisis, seguida de las comunidades, sus propios centros y, finalmente, el servicio en el que trabajan. Más del 90% piensa que el Gobierno central actuó tarde, mientras que el 81% dice lo mismo de sus respectivas consejerías de salud.

Pero esta valoración no es homogénea, cambia mucho en función de la comunidad autónoma. La Rioja está a la cabeza con una puntuación mediana de siete sobre diez, seguida, con un seis, de Murcia, Galicia y Asturias. En la cola, Castilla-La Mancha, con un dos, seguida de Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón, que obtienen un tres.

“Había un lema: nuestro sistema es el mejor o uno de los mejores. Nosotros, tanto IMAS como las sociedades científicas veníamos denunciando problemas estructurales, organizativos y de gestión que debían ser atendidos”, subraya Elola. Piensa, como manifiesta en las conclusiones del informe, que es preciso reformar los sistemas el gobierno del Sistema Nacional de Salud a todos los niveles, incluyendo los mecanismos de cohesión, así como profesionalizar la gestión despolitizándola y basando las decisiones en evidencia científica.

A su parecer, las opiniones de los sanitarios y la pandemia han demostrado que es necesario primar un sistema de atención comunitaria que se base en la prevención. “Prevenir antes que curar”, subraya. Para ello cree que hay que reforzar enormemente la atención primaria y la enfermería en este nivel asistencial, lo que en una situación como la que se vivió en marzo habría repercutido, a su parecer, en atención más temprana, mayor detección de casos, menos derivación hospitalaria y menos necesidad de cuidados intensivos. En la mejora de esta atención comunitaria considera necesario instaurar corporaciones locales de salud, que fueron eliminadas en la Ley General de Sanidad de 1989. “Se descentralizaron competencias del Estado, pero las centralizaron las comunidades autónomas”, dice Elola, quien cree que sistemas más pegados a la realidad local son más efectivos.

De la encuesta, además de carencias, también se extraen algunas conclusiones positivas. Enumera las siguientes: la respuesta de los hospitales a la crisis en autonomía de gestión de equipos multidisciplinares, la teleasistencia, la consulta telefónica y algún avance a lo que debería ser el hospital del futuro.

Cribados sin comité de ética

Un 44% de los encuestados afirma que en sus centros se establecieron criterios explícitos de limitación del esfuerzo terapéutico basados en las características de los pacientes y en la disponibilidad de los recursos. Es un mecanismo de cribado habitual, que tiene en cuenta qué se puede hacer por los enfermos para decidir a cuáles se atienden más urgentemente o cuáles se ingresan en cuidados intensivos, por ejemplo. Pero según recoge el informe, “la respuesta al problema de recursos insuficiente se trasladó a los profesionales sin tener en cuenta la consideración básica de que, para establecer criterios de cribado, debe asegurarse que los recursos se han extendido al máximo y que deben ser consensuados y transparentes”. El 60% de los profesionales aseguran que estos criterios no han pasado por ningún comité de ética.

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