La crisis del coronavirus

Madrid registra las peores cifras de muertos en residencias de España

Ante la falta de datos homogéneos, las estimaciones de EL PAÍS muestran que en la región fallecieron más internos. Los partidos se culpan de mala gestión de la pandemia

Residentes de la residencia Casa de Misericordia, en Pamplona, el pasado jueves al salir del centro después de tres meses confinados.
Residentes de la residencia Casa de Misericordia, en Pamplona, el pasado jueves al salir del centro después de tres meses confinados.Jesús Diges / EFE

Los mayores fallecidos en residencias se han convertido en un arma política con la que los partidos se atizan pese a manejar cifras de las que no se pueden sacar conclusiones, bien por falta de datos, bien porque los que hay no se pueden comparar. El Ministerio de Sanidad prometió hace mes y medio que haría pública la información sobre estos centros, tras pedir a las comunidades que le mandaran sus datos. Aún no lo ha hecho. No todas han hecho igual el recuento y resulta prácticamente imposible homogeneizar. Hay unos 19.200 fallecidos con coronavirus o síntomas compatibles en las residencias de servicios sociales, según datos de las autonomías de finales de mayo.

Madrid se ha situado en el centro del debate político. Se cruzan las afirmaciones de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que asegura que su comunidad tiene un porcentaje de fallecidos en residencias mucho menor que otras autonomías, con las acusaciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de haber cometido un “posible crimen” al aprobar protocolos por los que se restringía la derivación de grandes dependientes a los hospitales.

El PP culpa al “mando único” del Gobierno de lo ocurrido en las residencias. Pero el Ejecutivo recuerda que las competencias son de las autonomías y que ha dictado órdenes como la que habilitaba a intervenir residencias que se vieran desbordadas por la pandemia. Esta semana se constituirá un grupo de trabajo entre las autonomías y el Ministerio de Derechos Sociales para abordar lo sucedido y las medidas ante futuros rebrotes.

Ante la falta de datos homogéneos, EL PAÍS ha elaborado varias estimaciones: tanto en números absolutos como relativos (porcentaje de fallecidos sobre el total de residentes) Madrid tiene los peores datos. Solo mejora en una hipotética clasificación al comparar el número de decesos en estos centros respecto al total de fallecidos de la comunidad.

La afirmación este fin de semana de Pablo Casado —”murieron más ancianos donde no gobernaba el PP”— muestra, además del uso partidista de la tragedia, que se están comparando cifras que nada tienen que ver. Por ejemplo, se mezclan datos de fallecidos en geriátricos con decesos en todos los centros residenciales de servicios sociales, que incluyen los de discapacidad o incluso salud mental, en función del territorio. Esto último es lo que pidió el Ministerio de Sanidad a las autonomías en abril: que informaran dos veces en semana del global de decesos, bien con el test hecho, o con síntomas compatibles. Porque uno de los principales problemas en estos centros es que escasearon los test y muchas muertes quedaron sin la confirmación de una prueba.

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Pero comunidades como La Rioja o Andalucía no informan de este extremo, por ejemplo. Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha no aclaran cuántas personas han fallecido específicamente en geriátricos, sino que dan una cifra global de fallecidos en residencias que también incluyen las de discapacidad o salud mental. Madrid y Cataluña solo comunican el número de residentes que han muerto en los propios centros, y no incluyen los decesos en el hospital, como sí hacen la mayoría de las autonomías. Resulta imposible incluso conocer cuántas personas vivían antes de la pandemia en los centros. Algunas informan sobre el número de residentes; otras dan una estimación; otras, un número de plazas, ocupadas o no.

“No hay datos homogéneos. De ahí el baile de cifras”, asegura el epidemiólogo Jesús Molina Cabrillana, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que considera casi “imposible” que ahora, de forma retrospectiva, el ministerio pueda homogeneizar los datos cuando antes no hubo un “protocolo común de declaración”. Los fallecidos por coronavirus, añade, deberían haberse declarado desde el primer momento con una definición única: o solo síntomas, o síntomas y PCR de confirmación o solo PCR. Con la heterogeneidad actual es difícil comparar, concluye.

Si el objetivo de comparar es saber si un territorio lo hizo mejor que otro, en lugar de ver porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total de muertes, lo ideal sería saber cuántos residentes fallecieron (porcentaje sobre total de internos en residencias) o la letalidad (sobre el total de contagios en residencias, cuántos murieron). Sin embargo, en muchos casos estos últimos datos tampoco los facilitan las comunidades.

El uso de cifras no comparables está dejando estos días titulares engañosos, como que siete de cada 10 muertos en España vivían en residencias. ¿De dónde sale ese cálculo? Del número de fallecidos en estos centros (más de 19.000) y el total de decesos que da oficialmente Sanidad (más de 28.000). Sin embargo, esta última cifra solo cuenta a quienes dieron positivo en una PCR. La primera incluye a residentes que murieron con síntomas pero sin confirmación.

Estos datos de mala calidad, en resumen, acaban diciendo lo que a cada uno le interese. Para que Madrid quede mejor que otras comunidades, basta con tomar alguna de las cifras que facilitan las autonomías y compararla con el total de fallecidos. A Madrid le sale un 41%, porcentaje inferior al de Aragón, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja… Pero Madrid sale peor parada en un ranking por comunidades si se calcula el porcentaje de fallecidos sobre el total de residentes. En este caso, EL PAÍS lo ha calculado con datos de las autonomías y cifras de un reciente estudio del CSIC para los casos en que estas no los facilitan.

La gestión que hizo Madrid de las residencias de mayores está bajo la lupa de la justicia tras las denuncias de decenas de familias que aseguran que sus mayores fueron discriminados por edad, por ser dependientes o simplemente por vivir en una residencia y no tener cobertura sanitaria privada. Madrid elaboró y distribuyó a sus profesionales protocolos con criterios de exclusión para no derivar a residentes a unos hospitales que a finales de marzo y principios de abril estaban desbordados. Madrid llegó a tener 1.528 camas de UCI ocupadas cuando antes de la pandemia solo disponía de poco más de 600. Casi triplicó su capacidad.

Pero no fue la única comunidad con protocolos que incluían criterios de exclusión. Aragón tuvo sus propias instrucciones, como la que indicaba que pacientes sospechosos y muy dependientes, con demencia moderada o grave, cáncer en fase terminal o expectativa de vida inferior a un año no eran “candidatos a ser trasladados”. Era un protocolo para médicos de atención primaria (que visitan a personas en sus domicilios o en residencias) similar al que Madrid aprobó el 23 de marzo y que incluso ponía límite de edad: 80 años. La diferencia fue que la sanidad aragonesa nunca estuvo colapsada. En el punto álgido de la primera ola tenía el 40% de las camas de hospitalización libres y más de 100 camas de UCI vacías. No llegó a estrenar dos hospitales de campaña que tenía preparados. Fuentes sanitarias de esta comunidad aseguran que su protocolo se aplicó de forma consensuada con el paciente o con su familia.

Paliativos

Castilla y León también elaboró un documento, adelantado por eldiario.es, que decía: “Se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital”. Tenían que darse ciertas condiciones, como garantizar la atención sanitaria: cuidados paliativos, oxigenoterapia, antibióticos intravenosos… El protocolo se cambió el 16 de abril. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigarlo.

“Nos centramos en el diagnóstico para que no se repita algo así. La sociedad no nos lo perdonaría”, apunta José María Toro, de la patronal Ceaps. “No teníamos información previa y las residencias no estamos preparadas para atender a mayores” con problemas de salud agudos, explica. En lo álgido de la pandemia se vieron sin equipos de protección individual y sin test, por lo que no podían aislar bien a los mayores, “muchos asintomáticos”.

Geriatras y expertos en paliativos explican que en muchos casos el traslado al hospital de personas muy enfermas y que ya venían de una situación delicada no les proporciona ningún beneficio. Pero insisten en que cada caso debe ser valorado individualmente y que en su residencia o domicilio tienen que poder recibir todos los cuidados, algo que en muchos centros no se garantizó ya que no se medicalizaron, como ocurrió en Madrid.

Toro añade que los protocolos que han trascendido, “aun legales y con criterios clínicos, excluían al 90% de los residentes”. Por ello anima a que se cambien. José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, asegura que “falló fundamentalmente la asistencia sanitaria”, bien en hospitales o en los propios centros, “algo inadmisible y cruel”. En la nueva normalidad las comunidades deben regular la coordinación con el sistema sanitario y planes de contingencia en cada centro. Toro añade que no comprende por qué, si las residencias dan los datos, el Gobierno y las comunidades “no han sido capaces de homogeneizarlos”. Ramírez pide “un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana” que aún no se ha hecho. Y considera prioritario que se creen “corredores seguros” para que los mayores contagiados se desplacen a otros centros, hospitales o sociosanitarios, y no sean atendidos en las residencias, “junto a personas muy vulnerables al contagio”.


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