La Fiscalía investiga 38 residencias de ancianos afectadas por coronavirus

La Fiscalía investiga al menos 38 residencias de la tercera edad en las que han fallecido ancianos por coronavirus. Los datos los ha facilitado este viernes la Fiscalía General del Estado, que el pasado 1 de abril dejó las investigaciones por la muerte en residencias en manos de las fiscalías provinciales. Las 38 diligencias penales abiertas afectan a ocho comunidades autónomas: en Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana se investiga una residencia; en Castilla y León y Murcia, dos; en Castilla-La Mancha, cinco; en Cataluña, siete; y en Madrid, la comunidad con más centros investigados, 19. Fuentes del ministerio público señalan que los delitos investigados son homicidio por imprudencia, maltrato y abandono, entre otros.

Estos son los datos recopilados por la Fiscalía General hasta el 15 de abril. A estas investigaciones hay que sumar algunas que ya están directamente abiertas en juzgados y que la Fiscalía no ha incluido en su recuento. Además de las diligencias penales, las Fiscalías autonómicas han enviado a la Fiscalía General 124 informes de seguimiento sobre las actuaciones en residencias de la tercera edad. En este caso no se trata de investigaciones penales (en principio no hay delito) sino en el ámbito civil, para la protección de ancianos que precisan especial atención al encontrarse en una situación especialmente vulnerable. Estos informes abarcan en unos casos a residentes concretos y en otros, a todo el centro, según ha precisado un portavoz de la Fiscalía.

La Fiscalía General abrió una investigación centralizada cuando se conocieron los primeros casos de brotes de covid-19 en residencias de la tercera edad, en algunas de las cuales se han registrado decenas de fallecimientos. La investigación se encomendó al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, al que la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de actuar en las residencias con focos de coronavirus, fue enviando informes sobre la situación que encontraba en cada centro. Pero hace dos semanas la fiscal general, Dolores Delgado, decidió archivar esta investigación y dejar la actuación en manos de las fiscalías territoriales, que ya en algunos casos habían abierto diligencias tras hallar indicios de delito en algunos centros con un número elevado de residentes fallecidos.

Los fiscales provinciales tienen que ir remitiendo información de sus actuaciones a la Fiscalía General, que se había comprometido a proporcionar información pública detallada este viernes. Sin embargo, el ministerio público se ha limitado a informar del total de investigaciones penales y su distribución territorial y de los expedientes civiles abiertos, y emplaza al próximo martes para dar una información más ampliada.

Por ahora, la información por parte de las Fiscalías provinciales va cayendo con cuentagotas. En Cataluña, donde la Fiscalía investiga por la vía penal la gestión en, por lo menos, siete residencias, fuentes del ministerio público señalan que los fiscales de cada territorio aún deben remitir casos y que no dispondrán del mapa completo hasta la semana que viene. Las investigaciones se han abierto cuando se ha detectado que las irregularidades pueden ir más allá de lo administrativo. Tanto a partir de denuncias de particulares ―sobre todo, familiares de los ancianos― como de oficio.

Este último es el caso de dos de las residencias bajo investigación, una en Capellades y otra en Olesa de Montserrat, ambas de titularidad privada y ubicadas en la provincia de Barcelona. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ordenó abrir diligencias en esos dos focos de contagio tras constatar un alarmante aumento en el número de afectados y de fallecidos. La investigación determinará si existen responsabilidades penales por parte de sus gestores.

Fuentes de la Fiscalía señala que otros casos que se están investigando corresponden a residencias en Sant Adrià de Besòs y Sabadell, también en la provincia catalana, la más afectadas por el coronavirus en Cataluña.

Respecto a las investigaciones abiertas por la vía civil, las fuentes señalan que suponen una cierta vigilancia de la institución sobre la gestión de los centros para ancianos. Esa supervisión (visitas a residencias, por ejemplo) resulta ahora imposible de llevar a cabo por el estado de alarma y las restricciones a las visitas en los centros. Se limita, por ahora, a solicitar información a las administraciones implicadas.

La Fiscalía valenciana ha abierto diligencias preprocesales en las residencias de mayores de la Comunidad donde hay más de 10 fallecidos. Son ocho en total: dos de Castellón y tres en Valencia y Alicante, respectivamente. No es una investigación penal sino actuaciones para hacer “un especial seguimiento” de la evolución de estos centros ante la covid-19. El ministerio público quiere constatar si las residencias tienen medios suficientes y si están medicalizadas adecuadamente.

“Nuestra función es proteger a esas personas, velar por que no sufran abandono”, ha dicho la fiscal delegada de Civil de Valencia, Ana Lanuza. Estas diligencias, ha insistido la fiscal, no son penales, sin perjuicio de que se abran más adelante si se detecta la comisión de un posible delito. La Fiscalía General del Estado ya había abierto una investigación penal en la Comunidad Valenciana. El ministerio fiscal no ha facilitado el nombre de los centros bajo seguimiento judicial. Según Lanuza, la fiscalía está solicitando información de todo tipo, tras ponerse en contacto con estas residencias telefónicamente para evitar la alarma.

En Castilla y León se han abierto investigaciones penales en dos residencias: una en Segovia y otra en Valladolid, informa Juan Navarro. Esta última hace referencia a la Casa de la Beneficencia, donde han fallecido una treintena de ancianos.

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