Dolores Delgado deja la investigación sobre las muertes en residencias en manos de los fiscales provinciales
La fiscal general archiva la investigación central que había encomendado al Tribunal Supremo
La Fiscalía General del Estado ha cerrado la investigación por la muerte de ancianos afectados por coronavirus en residencias de la tercera edad que se estaba llevando a cabo desde la sede central del ministerio público en Madrid, pero las investigaciones seguirán en las fiscalías provinciales cuando se hallen indicios de delito. La decisión, comunicada por Dolores Delgado, según han confirmado fuentes fiscales, implica archivar la investigación central que se había encomendado al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz. La Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de actuar en las residencias con focos de coronavirus, le había enviado en los últimos días informes sobre la situación que ha encontrado en cada centro.
En un decreto, Delgado explica que la investigación centralizada en Madrid debe decaer y quedar en manos de las fiscalías territoriales, que ya en algunos casos han abierto diligencias de investigación al hallar indicios de delito en centros en los que han fallecido un número elevado de residentes. La investigación de la Fiscalía General se cierra, añade Delgado en su escrito, “sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”. Según este artículo, los fiscales “pondrán en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que por importancia o trascendencia deba conocer”.
La Fiscalía General argumenta en una nota difundida este miércoles que el ministerio público, con la ayuda de la UME y en coordinación con los fiscales especialistas y delegados en materia civil de toda España, ha recopilado “toda la información disponible”. “Toda vez que los datos susceptibles de valoración ya han sido transmitidos a las fiscalías territoriales, lo procedente ha sido cerrar esa labor canalizadora y unificadora a través de las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo y derivarlas a las fiscalías provinciales, únicas competentes territorialmente para cualquier toma de decisión en relación a la investigación de hechos que pudieran tener una eventual relevancia penal”. Así se ha hecho ya, recuerda la Fiscalía, en Cataluña y Castilla y León.
La fiscal general abrió la investigación sobre las residencias el pasado 23 de marzo, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmara en una comparecencia pública que los militares de la UME habían encontrado cadáveres en algunas de las residencias visitadas.
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