Doñana se despide del gran punto negro del robo de agua con el cierre de 77 pozos

El caso no esconde un gran debate jurídico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) necesitó hace dos años poco más de un par folios para ventilar este asunto: los 77 pozos de agua de una zona de monte público de Lucena del Puerto (Huelva), junto al espacio protegido de Doñana, son ilegales y deben desaparecer. En la sentencia, de mayo de 2017, los magistrados explicaban sucintamente que esas captaciones se abrieron "sin disponer de autorización" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que respaldaba su eliminación.

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Pero se ha tardado seis años —la Guardia Civil denunció las captaciones en 2013— en conseguir que se cumpla la ley y se eliminen unos pozos que forman parte de un problema mayor que ha hecho que la Comisión Europea denuncie a España por no tomar las "medidas adecuadas para evitar el deterioro" de una de las joyas europeas de la naturaleza, Doñana. Cientos de captaciones clandestinas —que se emplean para dar de beber en parte a una rentable industria de la fresa y los frutos rojos— se llevan el agua del acuífero del que vive Doñana desde hace más de tres lustros. Hasta tal punto que se va a declarar una gran parte del acuífero como "en riesgo de no alcanzar el buen estado", como se denomina ahora la antigua figura de sobreexplotación.

La organización ecologista WWF, que trabaja en la zona, ha estimado en varios informes que existen alrededor de un millar de captaciones ilegales en el entorno de Doñana. Y ese monte público de Lucena del Puerto es el epicentro del robo de agua, con cerca de un centenar de pozos y varias balsas en un área de poco más de 1,5 kilómetros cuadrados junto al espacio protegido.

"Creían que nunca iba a pasar nada, que nunca se iban a cerrar", dice sobre los agricultores que emplean esos pozos ilegales para regar sus cultivos de invernadero Juanjo Carmona, de la oficina de WWF en Doñana. Pero sí ha ocurrido. La madrugada del domingo pasado, y gracias a un gran despliegue de la Guardia Civil que cortó los accesos al paraje de El Gago, donde se ubican las captaciones, se clausuraron los 17 primeros pozos. El miércoles se eliminaron otros 17 y el jueves 22 más. Este sábado, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica, ya se habían destruido (con máquinas retroexcavadoras y hormigón) un total de 65 de los 77 pozos afectados por aquella sentencia de 2017. Hace un mes se intentó llevar a cabo esta clausura, pero alrededor de 200 agricultores, según los cálculos de la Guardia Civil, impidieron a los técnicos de la Confederación acceder a la zona.  

El TSJA dictó en 2017 otras dos sentencias más en las que se establece que deben eliminarse de la misma zona otros 18 pozos que están repartidos en esos montes públicos de Lucena y, también, de Moguer. En todos los casos el tribunal respaldó las sanciones impuestas a los dos Ayuntamientos onubenses, que deberían haberse hecho cargo de la eliminación de unos pozos que están en unos suelos de su propiedad, aunque exista una concesión a varios agricultores. 

El ministerio espera que el cierre de los 77 pozos concluya "en los próximos días". También se están sellando dos balsas donde acababa el agua que ilegalmente se capta del acuífero y que sirven como pequeño embalse de regulación. Una de esas balsas, que también fue denunciada por la Guardia Civil, es ya famosa después de ilustrar durante años reportajes de medios de comunicación nacionales e internacionales sobre el robo de agua en Doñana.

"Hasta ahora nunca ha habido un cierre de estas dimensiones", dice Carmona. Esta clausura es también simbólica al tratarse de unos terrenos públicos e ilustra cómo las Administraciones han mirado para otro lado o, como en el caso de estos dos Ayuntamientos, han pleiteado para impedir que se cierren los pozos. Esta semana el alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, calificaba en una carta enviada a la Confederación de "dramática" la situación en la que se deja a los agricultores y pedía a este organismo que ofrezca aguas superficiales para suplir el corte de las captaciones subterráneas.

Casi la mitad de los trabajadores de Lucena están empleados en la agricultura. Y solo en la zona del entorno de Doñana se produce el 60% de la fresa de Huelva, que acumula a su vez el 85% de la producción nacional. De ahí la importancia de esta industria y la lentitud, en muchas ocasiones, a la hora de actuar contra el uso ilícito del agua. La Confederación asegura que, además de en el cierre de pozos, está trabajando "en la regularización de los derechos de riego de un importante número de comuneros agrupados en dos grandes comunidades de regantes" para que puedan seguir con sus cultivos.

Hace algo más de un mes, el 24 de junio, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir intentaron ejecutar la eliminación de los 77 pozos, pero una concentración de agricultores lo impidió. A los pocos días de aquella acción –que ha supuesto que varios agricultores hayan sido denunciados y multados con 600 euros–, los dirigentes del PP de Huelva acudieron a El Gago a apoyar a los freseros. Y el vicepresidente de los populares onubenses, Alberto Fernández, les arengó: "Tenéis que seguir peleando, partiéndoos la cara, lo estáis haciendo de puta madre y eso no os lo quita nadie".

"Este cierre de pozos en verdad no debía ser una sorpresa", señala Carmona. "¿De verdad esperaban que no se iban a cerrar los pozos? Llevamos muchos años avisando a los alcaldes de Lucena, pero no se creían que esto fuera a pasar", añade este miembro de WWF. Y, finalmente, el cierre del gran punto negro del agua llegó.