Un solo documento de un servicio social acreditará a las maltratadas en toda España

No lo hizo Rebeca Alexandra Cadete. Tampoco Rosa Romero. Ni Leonor Muñoz. Ni ellas ni otras 11 más de las 15 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2019 habían denunciado a sus agresores. Fueron asesinadas sin dar la voz de alarma, sin que las Administraciones conocieran el calvario que estaban pasando. Ocurre en tres de cada cuatro casos, según los datos oficiales. El miedo al agresor, a no ser entendidas por la justicia, la minimización del riesgo... Múltiples razones explican por qué no quieren poner una denuncia en la policía o los juzgados. Pero eso no debe impedir su protección, la detección del peligro, por ejemplo a través de los servicios sociales, donde acreditar su condición de víctimas de violencia machista y acceder a las ayudas previstas, como ocurre ya en algunas comunidades. Aunque se trasladen, ese documento será válido en toda España.

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas se reúnen hoy, precisamente para aprobar ese documento único. En agosto, tras incluir cambios en el Pacto de Estado contra la Violencia de género aprobado 2017, esa acreditación se amplió a otros especialistas. Ya hay comunidades y ciudades donde se aplica, en algunos casos desde hace años, pero normalmente solo para facilitar el acceso a parte de las ayudas o servicios de protección.

La Ley Integral contra la Violencia de Género estableció en 2004 que, para poder reducir o reordenar su jornada de trabajo, para que las cambien de destino en sus empresas o les permitan faltar durante el tiempo que necesiten, las mujeres tenían que acreditar su condición de víctimas a través de jueces o policías. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, ampliaba la posibilidad de atender a las víctimas aunque no denuncien, como fija también el Convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa que España suscribió en 2014: “La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito”.

El acuerdo, que debe ratificarse este miércoles, extiende esa calificación de los servicios sociales a todas las comunidades autónomas. Las comunidades y el Gobierno han acordado, según fuentes de la negociación, que se encarguen en todos los casos funcionarios de organismos oficiales —como servicios sociales municipales, institutos de la mujer, servicios de acogida...—. Gracias al modelo común, las víctimas no deberán repetir trámites burocráticos si se mudan huyendo de su agresor.

No afecta a los maltratadores

La acreditación, en todo caso, no afecta ni señala a los supuestos maltratadores. “No tiene ningún efecto contra el agresor, es solo para ayudar a la víctima y sacarla de la violencia. Pero, una vez en la vía judicial, esos servicios sociales puedan redactar informes que ayuden al juez”, explica María Naredo, directora de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, donde estas acreditaciones funcionan desde hace años “a través de servicios especializados”.

Esa especialización es lo que reclama también Marta Cárdaba, experta en violencia de género del Consejo de Trabajo Social: “Las situaciones de violencia machista se detectan en centros de salud, centros sociales, con los profesionales que atienden a estas mujeres también por otros asuntos. Y por eso, todos deben tener una formación sistemática, generalizada y obligatoria”.

La reunión de las comunidades y el Gobierno servirá también para distribuir los 100 millones de euros anuales para autonomías que prevé el Pacto de Estado.