California obliga por ley a ampliar las jaulas de los animales de granja

California va a consumir huevos puestos en libertad obligatoriamente. En las elecciones legislativas del martes, los californianos aprobaron una iniciativa popular por la que se eliminan completamente las jaulas para las gallinas ponedoras y se amplía el espacio de los cerdos de cría, asumiendo el posible impacto en los precios de los alimentos que pueda suponer. La medida, que ha dejado insatisfechos a algunos defensores de los animales, está pactada con la industria agrícola del Estado. Cuenta con el apoyo de más de 200 de los principales negocios de alimentación, incluyendo Walmart, McDonald’s, Taco Bell o Burger King, que se han comprometido a “usar productos de animales no enjaulados”, según la información oficial distribuida a los votantes.

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La Proposición 12 fue aprobada con más de cuatro millones de votos, un 61%. Actualmente, la ley californiana establece que las gallinas ponedoras, los cerdos de cría y los terneros deben ser capaces de darse la vuelta por completo en sus jaulas, acostarse y ponerse de pie con sus extremidades completamente extendidas. La nueva ley amplía el espacio obligatorio para las gallinas a un pie cuadrado (929 centímetros cuadrados) hasta finales de 2021. A partir del año 2022, las gallinas deben ser criadas sin jaulas. En el caso de los cerdos de cría, la nueva ley exige un mínimo de 2,2 metros cuadrados en las jaulas a partir de 2020.

La nueva ley prohíbe además vender en el Estado, el mercado más grande de Estados Unidos, productos avícolas y porcinos de otros Estados que no cumplan los nuevos estándares.

La ley en California ya establecía desde 2008, también por voto popular, que los animales debían tener suficiente espacio para moverse y evitar las condiciones inhumanas en las granjas. Pero esa ley carecía de los requerimientos específicos de la nueva proposición.

La medida tuvo el apoyo de organizaciones de defensa de los animales y la oposición de parte de la industria alimentaria, pero también ha sido criticada por grupos como PETA, para quienes no va lo suficientemente lejos en garantizar condiciones dignas para los animales. Los proponentes destacan que es una medida de “sentido común”.

La oficina independiente que asesora al Gobierno de California sobre el impacto fiscal de las medidas populares calcula que habrá un aumento de precios para los consumidores, una disminución en la recaudación de impuestos sobre las empresas agrícolas de unos pocos millones, y el estado tendrá que gastar unos 10 millones de dólares en hacer cumplir la ley.