Pensión confort para los cerdos

El 1 de enero de 2012, el sector de la avicultura de puesta experimentó una fuerte caída del número de gallinas y granjas por la aplicación de las nuevas exigencias sobre bienestar animal. El resultado fue una bajada de la producción, una merma en su capacidad competitiva en los mercados de terceros países, un aumento de las importaciones de ovoproductos para la industria y una subida media de los precios en el mercado interior que ascendió en el pasado ejercicio al 40%.

Desde el pasado 1 de enero están en vigor las nuevas normas sobre bienestar animal en las granjas de porcino. Según los datos iniciales manejados por la organización sectorial Anprogapor, la medida ha supuesto inversiones superiores a los 700 millones de euros y podría traducirse en el cierre de más de un millar de explotaciones. Ya lo han hecho más de 400, al no cumplir las condiciones impuestas por las Administraciones española y europea.

Las exigencias sobre bienestar animal en el marco comunitario tienen una larga trayectoria, aunque se han ido endureciendo en la última década para abarcar todo el proceso, desde la cría hasta el sacrifico, pasando por el transporte.

En el caso del porcino, en cumplimiento de la directiva sobre bienestar animal de 2001, España aplicó desde el 1 de enero de 2003 una batería de exigencias con carácter general para todo el sector ganadero, pero con la excepción de las condiciones de manejo de las cerdas, para las que se daba una moratoria de 10 años, hasta el 1 de enero de 2013.

De acuerdo con las exigencias comunitarias, los animales de porcino deberán contar con las instalaciones adecuadas en el material de los suelos para evitar que sean resbaladizos y en el revestimiento de los espacios para impedir autolesiones; no deberán tener ruidos elevados y disponer al día de al menos ocho horas de luz, y podrán estar en patios de tierra abiertos, pero siempre que dispongan de cobertizos donde protegerse de las inclemencias del tiempo o de los ataques de alimañas. Los animales deberán comer como mínimo una vez al día y disponer de la posibilidad de hacerlo todos a la vez. Un punto fundamental es que dispongan de espacio para moverse y tumbarse sin agobios. Los trabajadores deben tener la formación adecuada sobre su manejo y evitar que haya peleas entre los animales. Para la cría, los gorrinos dispondrán de un espacio mínimo de 0,15 metros cuadrados cuando su peso no llegue a los 10 kilos y de un metro cuando el peso supere los 110 kilos.

Con la nueva disposición se deben aplicar nuevas normas sobre la cría y manejo de las cerdas que ya han parido una vez y de las nuevas gestantes. Las directrices comunitarias obligan a que el manejo de esos animales se haga en grupos desde 2 hasta más de 40 animales, en lugar de individualmente, a partir de la cuarta semana desde la cubrición y hasta una semana antes del parto. En esos periodos se contempla tener una disponibilidad mínima de espacio por animal desde los 2 metros cuadrados hasta los 2,8 si se trata de cerdas viejas y de 1,4 a 1,8 en el caso de cerdas jóvenes gestantes.

En las explotaciones que no dispusieran de las instalaciones adecuadas se prohíbe la entrada de animales y de material genético de porcino, la salida de animales si no es para el sacrificio o para explotaciones que cumplan con la normativa y toda práctica de inseminación artificial o monta natural. Las granjas que incumplan las condiciones exigidas, en caso de ser objeto de una inspección, sufrirán la multa correspondiente y serán cerradas si no reducen su censo a nueve cerdas.

Estas medidas, según los datos manejados por el sector, afectan a unas 15.000 explotaciones con 2,3 millones de cerdas. No cierran las que tienen hasta nueve animales, a las que no se exige cambio de instalaciones. Los cierres han afectado especialmente a las granjas de entre 10 y 99 madres, pero no a las explotaciones de los grandes grupos, que suponen el grueso de la producción.

No está claro entre los técnicos del sector que el conjunto de medidas propuestas para la estancia de los animales en grupos sea la mejor para los mismos. La realidad es que las nuevas exigencias suponen la necesidad de proceder a importantes cambios en las instalaciones de las granjas en materia de suelos, revestimientos y, sobre todo, en la modificación de estructuras para que los animales se hallen agrupados. Según los datos manejados por la sectorial Anprogapor, el coste de estas obras puede elevarse a entre 300 y 350 euros por animal, lo que supone una inversión total de 700 millones de euros, que se han hecho sin ayudas públicas. Se estima que las nuevas exigencias a las granjas para el desarrollo de su actividad pueden incrementar los costes de producción por encima del 10%, lo que supondrá una pérdida de competitividad frente a terceros países, hacia donde sale la mayor parte del porcino exportado.

Para la ejecución de estas inversiones, el sector no ha dispuesto de ayudas públicas a nivel estatal y solamente se aplicaron apoyos por parte de las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía y Cataluña. La línea de financiación abierta a escala estatal a través del ICO no ha funcionado por entender el sector que eran más costosos los avales exigidos que el importe de las ayudas.