Pescado en lata de ninguna parte
La Eurocámara rechaza la obligatoriedad de indicar el origen del producto en conserva Los productores afirman que se complicaría el etiquetado
La anchoa del Cantábrico y el mejillón gallego. Esta información —el origen de los pescados y mariscos en conserva— no será obligatoria en el etiquetado si prospera el paquete normativo —el llamado informe Stevenson— aprobado por el Parlamento Europeo que se integraría en la futura Política Pesquera Común (PPC). Esta cuestión ha enfrentado al sector. Mientras que las grandes conserveras aplauden la medida, las asociaciones de pequeños productores creen que perjudicará sus ventas, apoyadas en gran medida en el valor añadido del lugar y método de captura del género.
La Comisión de Pesca del PE incluyó en el artículo 42.2 del informe Stevenson la obligatoriedad de indicar la procedencia de la materia prima de las conservas. Una enmienda presentada por la eurodiputada gallega Carmen Fraga (PP) pedía la supresión de este punto. La eliminación finalmente prosperó. La representante popular defendió en el debate previo a la votación del texto el pasado día 12 que incluir dicho dato complicaría el etiquetado. Argumentó, además, que saber el origen no aportaba información “relevante al consumidor”, que sería “incapaz de digerir tal cantidad de detalles”. La oficina de la eurodiputada explicó ayer a este diario que esta no podía comentar su propuesta.
Estos motivos son los mismos que esgrimen desde la patronal de conservas de pescado Anfaco-Cecopesca. “Un ejemplo son las conservas de atún, donde la materia prima es altamente migratoria, y el valor para el consumidor en este caso se lo daría la transformación en la Unión Europea y no el origen”, explican desde la asociación empresarial.
Las pequeñas conserveras temen que pescado foráneo pase por nacional
Las organizaciones de consumidores, sin embargo, no están de acuerdo con estas consideraciones. “Es una garantía para el consumidor saber el origen del producto y ahora la gente mira más en qué se gasta el dinero”, afirma Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU. “La información que recibe el consumidor nunca es demasiada y cualquier merma en este sentido es una mala noticia”, añade. Ana Miranda, representante del BNG en la eurocámara, opina lo mismo. “Es un fraude al consumidor”, asevera: “En este momento de tanta importación el comprador tiene derecho a saber de dónde viene el pescado”.
Fuentes de la institución europea afirman que ha existido presión de la industria para la supresión del artículo que obligaba a indicar la procedencia del pescado. Izverniceanu, de la OCU, también considera que es una cuestión de lobby. “Pero no vemos el beneficio, salvo ocultar que su producto no venga de Europa o que es de peor calidad y que el consumidor lo compre a ciegas”.
El Consejo Regulador del Mejillón de Galicia denuncia que ese —confundir al cliente— es precisamente el objetivo. Francisco Alcalde, presidente de la organización, pronostica que la eliminación del artículo 42.2 provocará que conservas “anónimas” aprovechen la notoriedad de los productos gallegos. El temor de los pequeños productores españoles es que las grandes empresas intenten confundir al consumidor sobre el origen del pescado con eslóganes como “sabor a Galicia”, pero con un precio menor al tratarse de producto importado de países donde es más barato.
El PPE defiende que incluir el origen del producto confunde al consumidor
En respuesta a los argumentos de unos y los temores de otros, la representante del PNV en la Eurocámara, Izaskun Bilbao, propone una suerte de doble etiquetado que distinga la producción industrial de la artesanal. Con ello, afirman fuentes de la oficina de la eurodiputada, las grandes conserveras no tendrían que incluir la información en la etiqueta. “El emblema de la UE ya garantiza que se cumplen unas condiciones muy severas”, explican. Los productores artesanales —“para los que es muy importante el origen”— tendrían un sello especial que distinguiría su producto con datos tales como el origen, especie o método de captura del pescado. “Se trata de encontrar la solución intermedia”, afirman desde el equipo de Bilbao.
La decisión definitiva podría tardar meses en llegar, tras el debate y aprobación en el Consejo, donde el texto puede sufrir nuevas modificaciones. Anfaco-Cecopesca defiende que se mantenga la normativa sobre este aspecto tal como ha sido aprobada por el PE. Los consumidores, políticos y productores contrarios esperan que se recupere el artículo suprimido. La polémica ya ha saltado a la arena política y sectorial.
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