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ERC y el viraje desde el no a Sánchez a la abstención

Los republicanos han tardado casi dos meses en completar su giro por el temor a que su papel clave para el éxito de la investidura les penalice entre el electorado independentista en los próximos comicios catalanes

La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, durante una rueda de prensa. En vídeo, declaraciones de Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC.

Ha costado más de un mes de reuniones oficiales, otras bajo el radar, un sinfín de llamadas telefónicas y un contacto permanente entre bambalinas en los que la prudencia y los pies de plomo han sido la norma. Formalmente, las conversaciones entre el PSOE y ERC arrancaron el 28 de noviembre, pero las negociaciones se remontan a los días posteriores al acuerdo de Gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron el 12 de noviembre. Esquerra ha necesitado las siete semanas que han transcurrido desde las elecciones generales del 10-N para completar el viraje del no a la abstención en la investidura del presidente en funciones. Ya lo advirtió Gabriel Rufián en la investidura fallida de julio. "Septiembre nos complica la vida política a todos y el otoño no será un buen momento para hacer política, por motivos obvios", avisó el portavoz de los republicanos. Al final habrá investidura, pero ERC ha hecho sufrir al PSOE mucho más de lo que esperaban en La Moncloa y Ferraz. La preocupación fue a más los últimos días, en especial tras las críticas al discurso del Rey en Nochebuena. Cataluña fue la única comunidad a la que Felipe VI se refirió de forma expresa y por cuya situación mostró una "seria preocupación". Rufián comparó el mensaje del Rey con "un mitin de Vox".

Un día después del pacto de Gobierno entre Sánchez e Iglesias, mientras los Mossos d’Esquadra desalojaban la frontera de La Jonquera, una de las acciones de Tsunami Democràtic como reacción a la sentencia del procés, ERC empezaba a vislumbrar cómo enfocaría las negociaciones con el PSOE. Y con ellas, la primera pega, porque se hablaba de un problema de “convivencia” en Cataluña, algo con lo que los republicanos no estaban de acuerdo. “Lo que hay es un conflicto político”, insistía Pere Aragonès, coordinador de ERC y vicepresidente del Govern. Así las cosas, los republicanos apuntaron el primer requisito para sentarse a hablar, junto con otra condición para la abstención de sus 13 diputados en el Congreso, imprescindible para que Sánchez pudiera ser investido presidente en segunda votación: que el PSOE accediera a dar forma a una mesa de negociación de Gobierno a Gobierno en la que se pudiera hablar de todo, empezando por el derecho de autodeterminación al que los independentistas no han renunciado nunca.

La decisión de la dirección de ERC de someter a votación de la militancia esa cuestión sorprendió al PSOE, receloso de que el proceso de acercamiento se cortocircuitara antes de empezar. “¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”, era el tenor de la imbricada pregunta que se hizo el 25 de noviembre a las bases que respondió con un rotundo 94,6% a favor de la estrategia de la cúpula.

El calendario que manejaba el PSOE para la investidura se ha ido retrasando ante los reparos que Esquerra iba poniendo, inquieto por no facilitarle argumentos a Junts per Catalunya en el probable adelanto electoral en Cataluña para 2020, y que no garantizaban el éxito de la investidura. A su vez, Sánchez no estaba dispuesto a presentarse por tercera vez al proceso tras los fracasos de 2016 y del pasado verano. De ahí que las fechas originales que daban por segura la investidura en la semana del 16 al 20 de diciembre se pospusieran.

El siguiente plazo que los socialistas manejaron fue una investidura entre el 27 y 30 de diciembre. ERC incluso acusó al PSOE de hacerles "chantaje" para que Sánchez fuese investido el penúltimo día del año. Esquerra tampoco movió ficha después de su congreso, después de que el Tribunal de Justicia de la UE resolviese que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria tras la proclamación de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo y que el Tribunal Supremo debía haberle excarcelado para que pudiera coger el acta como eurodiputado. La opción que finalmente ha cuajado se celebrará los días 4, 5 y 7 de enero, justo cuando en el PSOE ya se extendía la opinión, nunca en público, de que quizás lo más conveniente era dejar la investidura para después del día de Reyes. Al final pesaron las presiones de los últimos días a ERC —que fueron a más en la reunión de los equipos negociadores el viernes pasado—, como la decisión del Gobierno de aplazar la revalorización de las pensiones y la subida salarial de los funcionarios hasta que se haya formado un nuevo Ejecutivo.

Las fases de la negociación

Como era previsible, el independentismo reaccionó a la sentencia del procés endureciendo sus posiciones. Junqueras, líder de Esquerra y exvicepresidente de la Generalitat, recibió la pena más alta: 13 años por sedición y malversación. Y eso ha determinado las negociaciones con el PSOE. Los republicanos afrontaban la negociación con un calendario con varios días en rojo, pendientes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y de su 28º Congreso, además de no dejar de mirar por el retrovisor a sus socios en la Generalitat, Junts per Catalunya, que enseguida dejaron claro que sus ocho diputados votarían no a Sánchez.

Formalmente, las negociaciones entre los socialistas y ERC comenzaron el 28 de noviembre. La reunión sirvió para constatar las discrepancias y el recelo mutuo, pero también la predisposición por el diálogo. Ya entonces el equipo negociador de Esquerra —Gabriel Rufián, Marta Vilalta, adjunta a la secretaría general, y Josep María Jové, presidente del consejo nacional del partido; los dos últimos representantes del sector más duro de ERC— exigió una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. “Una mesa de negociación que se fundamenta en cuatro pilares: que sea entre Gobiernos, sin apriorismos ni temas vetados [esto es que se pueda hablar de autodeterminación y de amnistía, por ejemplo], con calendario y con garantías de cumplimiento”, defendía ERC.

Los mediadores socialistas —Adriana Lastra, vicesecretaria general y portavoz en el Congreso; José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones; y Salvador Illa, secretario de organización del PSC— proponían la comisión bilateral que ya existe entre ambos Ejecutivos. Un formato por debajo de las expectativas de los independentistas, al margen de los foros ya existentes para ello, con un calendario y “garantías de cumplimiento” de los acuerdos a los que se llegue. Y, sobre todo, donde ningún tema estuviera vetado. Esquerra nunca ha ocultado que su propuesta en esa mesa es el derecho a la autodeterminación y la celebración de un referéndum acordado. Como gesto, abandonó cualquier alusión a la unilateralidad en la ponencia política de cara a su congreso. Tanto en esa como en las otras reuniones, los socialistas pusieron sobre la mesa otras cuestiones, encaminadas a obtener el respaldo de ERC más allá de la investidura, como una política de medidas sociales para asegurarse un compromiso a lo largo de toda la legislatura de los republicanos.

El 3 de diciembre se produjo el segundo encuentro, de nuevo en el Congreso y horas después de la constitución de las Cortes. Socialistas y republicanos acordaron avanzar, esta vez en un comunicado conjunto, en la "vía política" para resolver el conflicto en Cataluña. En esa reunión ambas partes acordaron verse de nuevo una semana más tarde. Dentro de las cesiones a ERC, los socialistas aceptaron que fuese en la capital catalana. "Constatamos avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político", se consensuó en el comunicado conjunto. En realidad fueron dos encuentros —el otro se celebró la víspera en secreto—, que se realizaron en un polígono industrial en Barcelona para evitar, entre otras cosas, manifestaciones independentistas que añadieran más ruido a las negociaciones.

Con todo, ERC negoció con Junts per Catalunya para intentar rebajar el tono de las críticas y allanar las conversaciones con el PSOE. Un pacto que sin duda rondará la campaña de las próximas elecciones catalanas, aún sin fecha. Otro ha sido el gesto “antirrepresivo”. ERC siempre ha exigido a Sánchez que demuestre que su opción por resolver el conflicto político no es la vía judicial. La decisión del tribunal de Luxemburgo fue la oportunidad que vio ERC para presionar en ese posicionamiento. De hecho, los republicanos no acabaron de despejar su posición hasta que se hizo público el escrito de la Abogacía del Estado sobre cómo aplicar la sentencia a Junqueras. Para ERC, ese pronunciamiento formal era, en cierto modo, un compromiso de rebajar la presión del ámbito penal si, de verdad, se enfocaba la resolución del problema político. Y, sobre todo, si se pretendía su abstención para que Sánchez fuese investido, finalmente, el martes de la semana próxima.

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